Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Este domingo se cumplen seis meses de la declaración del segundo estado de alarma en España y, salvo que se apruebe una nueva prórroga, las restricciones asociadas al mismo expirarán el próximo 9 de mayo. Desde entonces, decaerá el toque de queda en todo el país entre las 23 horas y las 6 de la madrugada y se podrá circular libremente entre comunidades. Tampoco habrá límites generales a la presencia de grupos de más de seis personas en espacios públicos ni en los aforos de reuniones, celebraciones y encuentros religiosos. Un punto que se alcanza después de que cada comunidad fuera modulando las restricciones comunes en función de su situación epidemiológica, en un tira y afloja con el coronavirus que se ha abordado con estrategias dispares.
A nivel general, todas las autonomías han tenido una hora de margen para adaptar el toque de queda y han ido más allá con el cierre de bares o gimnasios. Pero no todas han aplicado el mismo rasero. La laxitud de la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno ha chocado con frecuencia con el Ejecutivo central al oponerse al cierre perimetral y al resistirse a cerrar la hostelería o el comercio, contrasta con el rigor de las medidas aplicadas en otros territorios como Baleares o la Comunitat Valenciana, que especialmente en la segunda mitad del estado de alarma ha optado por la prudencia tras haber sido una de las regiones más castigadas en la tercera ola.
Seis meses y dos oleadas después, la fotografía final de las CCAA ante el levantamiento de la alarma muestra diferencias significativas en su situación epidemiológica. Así, mientras Madrid, el País Vasco y Navarra están en niveles de incidencia por encima de 400 casos por 100.000 habitantes, regiones como la Comunitat, Murcia y Baleares afrontan su final con indicadores sanitarios de riesgo moderado, ya que el número de casos por cada 100.000 habitantes se mantiene en las tres entre 40 y 60 casos. Aun así, el dibujo completo de los últimos seis meses sitúa a la valenciana como la segunda región que más casos por cada 100.000 habitantes ha reportado desde finales de octubre, solo por detrás de Melilla, y también como la quinta que más defunciones ha padecido en relación a su población. Asturias, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha son las comunidades que la adelantan según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.
Pero, ¿cómo han influido en estos seis meses las restricciones de las comunidades a su situación epidemiológica? ¿Puede detectarse algún patrón entre el tipo de medidas y la cantidad de positivos, ingresos o fallecimientos? El acierto de las CCAA en la toma de decisiones comenzó a ponerse a prueba apenas un mes y medio después del inicio del estado de alarma. El incremento de casos desde principios de diciembre por el efecto del Black Friday y el puente de la Inmaculada obligaron al Gobierno central y las Comunidades a plantearse medidas específicas más allá de los cierres perimetrales autonómicos ante la inminente llegada de la Navidad. Aunque para entonces, la incidencia del coronavirus ya se había disparado en varias regiones.
Ocurría así en Baleares, donde el crecimiento sostenido de los contagios había comenzado muy pronto, casi al mismo tiempo que diciembre. De esta forma, antes incluso de adentrarse en la segunda quincena del mes, las islas ya se encontraban en riesgo extremo por sus casos detectados. La Comunitat Valenciana, por su parte, mantuvo un índice de contagios paralelo a la media nacional hasta el 15 de diciembre, cuando los nuevos casos mostraron las primeras subidas claras. En la Comunidad de Madrid la incidencia se había elevado pocos días antes, mientras que en otras regiones, como el País Vasco o Navarra, los indicadores de contagios se encontraban todavía en descenso tras una segunda ola especialmente dura.
En este contexto, una de las primeras en mover ficha fue precisamente la presidenta de Baleares, Francina Armengol. A mediados de mes, apenas una semana después del puente de diciembre, decretó el cierre del interior de los bares en Mallorca, medida que fue seguida, en vísperas de la Nochevieja, del cierre de la hostelería a las 18 horas y del comercio a las 20 horas. El País Vasco fue otra de las autonomías que se adelantó con sus medidas al posible impacto de los encuentros sociales en vísperas de Navidad. Allí se impuso el cierre de toda la hostelería y del comercio a las 18 horas en las jornadas de mayor movilidad –Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Reyes– y el toque de queda se mantuvo desde las 22 a las 6 horas sin excepción, ni siquiera en Nochebuena o Nochevieja.
Por el contrario, regiones como Murcia, la Comunitat Valenciana o Madrid fueron más laxas al extender el toque de queda en Nochevieja hasta la 1:30 de la madrugada. Aun así, el Gobierno murciano sí replicó las medidas de País Vasco y Baleares para cortar de raíz la posibilidad de celebrar la ‘tardevieja’ en su territorio, mientras que Madrid y la Comunitat no limitaron la actividad hostelera en Navidad. El Consell, pese al aumento exponencial de casos e ingresos y a que una parte del Gobierno era partidario de medidas más estrictas, permitió finalmente la apertura de locales de restauración y hostelería hasta la medianoche en Navidad y Nochevieja, con un límite de aforo del 30% en interiores y del 50% en las terrazas. La víspera de Nochevieja, la Conselleria de Sanidad únicamente prohibió las actuaciones de pinchadiscos, pero no aplicó restricciones adicionales pese a que Compromís pedía ser más contundentes.
Visto con perspectiva, las comunidades que adoptaron medidas encaminadas a evitar el temido ‘tardeo’ atenuaron el impacto posterior de la pandemia en sus territorios. En el extremo contrario, el Gobierno valenciano asumió un riesgo mayor a costa de no restringir la actividad del comercio y la hostelería en un periodo tan sensible y lo pagó con creces al sufrir la tercera ola con más intensidad que cualquier otra comunidad. El propio Puig lamentó semanas más tarde no haber escuchado las voces internas que le invitaban a ser más duro con las medidas.
Tanto fue así que, nada más superarse el periodo navideño, el Consell no tuvo más remedio que reaccionar y cambiar el paso ante el drama de los indicadores sanitarios. La víspera de Reyes se anunciaron nuevas restricciones para adelantar el horario de cierre de los bares a las 5 de la tarde, pero sin cambiar aforos interiores ni en terraza. El aforo del comercio sí se redujo al 30% y se también cerraron perimetralmente los 29 municipios con la incidencia más alta, pero la inercia negativa era de tal intensidad que, apenas dos semanas más tarde, Sanidad tuvo que aplicar la misma crudeza en las medidas que otras comunidades ya habían adoptado semanas antes.
Así, el Gobierno valenciano evidenciaba su mes de retraso respecto a las medidas ‘antinavideñas’ de otras CCAA y decretaba desde el 20 de enero el cierre total de la hostelería, del comercio a las 18 horas y la clausura de todas las instalaciones deportivas. Se intentó incluso adelantar el toque de queda a las 20 horas, medida que también reclamaba el País Vasco, pero ello hubiera requerido modificar el estado de alarma. Por entonces, comunidades como Baleares ya llevaban más de dos semanas con los bares y los gimnasios totalmente cerrados y el aforo del comercio minorista recortado a la mitad. El Gobierno del archipiélago, dentro de un conjunto de restricciones que la dejaban a un paso del confinamiento, no dudó en cerrar sus centros comerciales, mientras que territorios como Madrid o la Comunitat, por el contrario, no han llegado a clausurar los suyos ni en los peores momentos de la pandemia, pese a existir discrepancias al respecto en el seno del Consell.
Murcia también prohibió las reuniones entre no convivientes desde el 13 de enero y poco después endureció la medida para prohibir grupos de más de dos personas en espacios públicos. El toque de queda se adelantó a las 22 horas, pero no se limitó el horario comercial como tampoco lo hizo Madrid. De hecho, en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso permitía en plena tercera ola la apertura de bares y restaurantes y de las tiendas hasta las 22 horas. Las reuniones sociales o familiares estaban allí limitadas, pero no se llegaron a prohibir los encuentros en domicilios de no convivientes hasta el 22 de enero. Desde ese día, Madrid adelantó también el toque de queda. Por su parte, Navarra y el País Vasco también redujeron las reuniones sociales a solo 4 personas, y el Gobierno de Íñigo Urkullu confinó todos los municipios de Euskadi, pero mantuvo abierta toda la hostelería, incluso los interiores.
En la Comunitat, apenas una semana después de la entrada en vigor de las últimas restricciones y con la pandemia fuera de control, Ximo Puig anunciaba el domingo 24 de enero el conjunto de restricciones más duro implantado hasta entonces. Quedaban así prohibidas todas las reuniones que no fueran del propio núcleo de convivencia, y se decretaba el confinamiento perimetral de ciudades de más de 50.000 habitantes durante los fines de semana, un cerrojazo que se prolongaría durante todos los fines de semana de febrero. Pese a estas medidas, la Comunitat siguió su tendencia al alza y desde el día 26 se ubicó como la región con mayor incidencia acumulada del país. También los hospitales alcanzaban su mayor índice de ocupación, con más de 4.700 personas ingresadas con coronavirus, y las cifras de mortalidad se encontraban por encima del centenar de defunciones diarias. Esos fueron, todavía y lo son, los peores instantes de la pandemia en territorio valenciano.
La Comunitat, junto al resto de regiones, se había adentrado en la etapa más oscura de la tercera ola con la esperanza de que el efecto de las restricciones descongestionara las UCI y permitiera controlar la situación cuando la vacunación despegaba. El resultado comenzó a apreciarse aproximadamente un mes después, a las puertas de marzo. España entró en el tercer mes del año con una incidencia media acumulada de 175 casos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de las cifras de cinco semanas antes o de los más de esos 1.400 casos de incidencia que se llegaron a registrar en la Comunitat a finales de enero. Las restricciones más duras habían surtido efecto y el país en su conjunto había descendido hasta el riesgo medio por contagio.
Así, las autonomías se veían de nuevo en la tesitura de mantener el equilibrio entre salud y actividad económica ante la llegada del Puente de San José y la Semana Santa. Con la lección aprendida y una incidencia que ya estaba bastante por debajo de la media (111 casos por cada 100.000 habitantes), la Comunitat se disponía a iniciar su desescalada más prudente. Asimismo, el acuerdo del conjunto de las Comunidades Autónomas, con la única excepción de Madrid, para mantener el cierre perimetral para evitar los desplazamientos vacacionales acotó el marco general. Cada región, eso sí, ha seguido su propio ritmo desde entonces hasta llegar a la situación actual.
En el caso valenciano, el Consell comenzó su “lenta y progresiva” relajación de las medidas con la reapertura de las terrazas en la hostelería hasta un 75% de su aforo, un máximo de 4 personas por mesa y hasta las 18 horas. A los comercios se les permitió ampliar su horario hasta las 20 horas con un aforo del 50% desde el mismo 1 de marzo, y el propio Ximo Puig recomendó que los días festivos previstos por las fiestas de Magdalena y Fallas fueran lectivos para evitar un exceso de movilidad, pero esa petición fue desoída. En el extremo contrario se situó la Comunidad de Madrid, con todos sus restaurantes y bares abiertos desde mediados de febrero hasta las 23 horas, coincidiendo con el inicio del toque de queda. Solo se limitó el aforo en las terrazas al 75% y a la mitad en los interiores. Sin embargo, las reuniones de no convivientes en domicilios siguieron prohibidas y se continuaron aplicando limitaciones a la movilidad por zonas básicas de salud, uno de los rasgos diferenciales de la gestión madrileña.
El País Vasco y Navarra, por su parte, también permitían, ya desde principios de marzo, la restauración tanto en interiores como en terrazas y limitaciones de aforo en interiores hasta las 20 y las 21 horas, respectivamente. Desde el 5 de marzo, Euskadi puso fin al cierre perimetral municipal en vigor desde enero, pero mantuvo el toque de queda entre las 22 y las 6 horas, y Navarra no tuvo más remedio que rectificar y desde el 25 de marzo endureció las medidas ante el empeoramiento de la situación sanitaria vinculado a la cepa británica. El Gobierno de María Chivite decidió cerrar el interior de los restaurantes y reducir el aforo en comercios medianos y grandes superficies. En los domicilios, se mantuvo la prohibición de reunirse más allá del núcleo de convivencia.
Sin embargo, las dos regiones que ahora presentan junto a la Comunitat la incidencia más baja de España optaron por una desescalada pausada de la hostelería y por mantener el toque de queda desde las 22 horas. Murcia reabrió las terrazas al pleno aforo y hasta las 22 horas en los municipios con menor incidencia, y lo limitó al 30% en el interior con dos comensales por mesa. Para Semana Santa, amplió de dos a cuatro los comensales, pero mantuvo prohibidas las reuniones privadas de no convivientes. Baleares, por su parte, entró en marzo con la hostelería totalmente suspendida en Ibiza, y no dio el paso de reabrir hasta mediados de marzo. Varios días después, hizo lo propio con el interior de los locales de restauración en Mallorca y Formentera, con aforos al 30% ampliados al 50% en el caso de las terrazas.
Foto: KIKE TABERNEREn el caso de la Comunitat Valenciana, la reapertura con un aforo máximo del 30% y cuatro comensales por mesa de la hostelería en interiores a partir del 15 de marzo marcó el siguiente paso relevante en la retirada de las restricciones. El aforo en las terrazas se amplió al 100% y también se permitió la reapertura de los gimnasios con controles de aforo, que por entonces ya estaban reabiertos en el resto de España. El siguiente paso en la desescalada, a principios de abril, apenas trajo novedades. Mientras, en el ámbito privado, el Consell permitió poco después los encuentros privados de más de dos núcleos de convivencia, una medida que Baleares no ha adoptado hasta esta misma semana y que sigue prohibida en regiones con una incidencia mucho mayor, como Navarra y Madrid.
El Gobierno balear, de hecho, acaba de estrenar nuevas medidas que relajan las restricciones vigentes. Desde el sábado, el toque de queda se retrasó de las 22:00 a las 23:00 horas y se permite plena ocupación en las terrazas en todo Baleares. En la Comunitat, donde la incidencia es algo menor que en las islas, el Consell ha ido un poco más allá y ya permite a los bares, restaurantes y comercios abrir todos los días hasta las 22 horas, coincidiendo con el toque de queda, pero con las mismas limitaciones de aforo que hasta ahora: 30% en interiores y 100% en terrazas con un tope de 6 comensales por mesa.
Por su parte, Murcia y el País Vasco, con una situación epidemiológica diametralmente opuesta a día de hoy, vinculan las restricciones a la hostelería a la incidencia de cada municipio. Así, mientras Murcia sí prohíbe la hostelería en el interior de los locales en los municipios con riesgo extremo, Euskadi limita su horario cuando la incidencia supera los 400 casos por 100.000 habitantes y solo permite el servicio en interiores de 06:30 a 9:30 y de 13:00 a 16:30. De este modo, y pese a transitar por instantes extremadamente delicados varios meses atrás, las tres comunidades del este mediterráneo, como son la Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares, afrontarán la prueba de fuego del fin del estado de alarma con una incidencia muy inferior a la media estatal.
