VALÈNCIA. El paro es sin duda el principal problema de los españoles. Así lo muestran todas las encuestas del CIS que sitúan esta cuestión como la que más preocupa a los ciudadanos. Por ello, todos los partidos que se presentan a las elecciones del próximo 28 de abril dedican especial atención al empleo en sus programas electorales.
De hecho, a lo largo de esta campaña electoral varias formaciones políticas, sabedoras de la importancia del tema, han centrado su discurso en enarbolar la bandera de la creación de empleo como recurso para captar el voto. Muchas de estas ‘recetas’ electorales son clásicos como acabar con la precariedad laboral y la temporalidad y otras inciden en el fomento de los nuevos perfiles profesionales.
En concreto, desde el PSPV plantean un Plan de Garantía Social y Empleo Digno de la Comunitat que cuente con la participación de los agentes sociales para establecer marcos autonómicos de relaciones laborales. Asimismo, inciden en incrementar el control sobre las empresas que trabajan para la Generalitat con el fin de evitar impagos en las nóminas y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y en colaborar con ayuntamientos para la elaboración de planes de empleo locales, dirigidos especialmente a jóvenes cualificados sin experiencia y a parados de larga duración.
Uno de los planes estrella del Consell del Botànic para mejorar la empleabilidad en diferentes sectores ha sido el ‘Avalem’ y, en este sentido, el partido de Ximo Puig, insiste en consolidarlo en la siguiente legislatura, con especial atención en reservar cuotas para contrataciones de personas con discapacidad.
La puesta en marcha de un Plan de acreditaciones adquiridas en el entorno profesional, una Escuela de Relevos y otro Plan Integral de Inserción dirigido a personas con problemas de salud mental son otras de las medidas electorales que defienden los socialistas.
Desde Compromís se apuesta por una Ley Valenciana de Empleo que estructure todo el sistema de agentes e instituciones; ayudas y programas específicos que subvencionen la contratación “estable y de calidad” y un programa de control y sanciones para evitar las horas extra no remuneradas. Además, inciden en la incorporación de la perspectiva de género en todos los programas de empleo como herramienta para facilitar la inclusión sociolaboral de las mujeres.
A nivel nacional, la formación de Mónica Oltra propone el establecimiento de la jornada laboral de 32 horas como instrumento para la creación de empleo, mientras que desde la Generalitat promete impulsar un programa de ayudas para empresas que quieran, voluntariamente, reducir su jornada laboral, manteniendo los salarios y creando nuevos puestos de trabajo.
También, exigirá la derogación de las reformas laborales del PP y el PSOE para promover un nuevo marco regulatorio laboral de “recuperación de derechos” e impulsará políticas de reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras del hogar.
El PPCV, por su parte, aboga por aumentar la dotación presupuestaria destinada a políticas activas de empleo con el fin de luchar contra el desempleo, así como una reestructuración del Servicio de Empleo y Formación de la Generalitat (Labora) para "acabar con la temporalidad de la plantilla y dar un mejor y eficaz servicio para la búsqueda de empleo”.
En materia de empleo juvenil, defiende la puesta en marcha de un programa de atracción de talento que permita la contratación de jóvenes cualificados en las pymes y un plan de retorno juvenil mediante incentivos a empresas que contraten jóvenes que se exiliaron al extranjero en busca de una oportunidad.
Para mayores de 45 años y desempleados de larga duración plantea un programa de ayudas a la contratación indefinida subvencionando a las empresas hasta el 50 % de las cuotas empresariales durante los primeros 12 meses, con un límite de 3.000 euros, así como un programa de formación y acreditación específico en el ámbito de las TIC y la formación en idiomas. Y un cheque para la formación permanente el reciclaje profesional y la reincorporación al mundo laboral.
La promoción del cooperativismo también tiene un hueco entre las propuestas de la formación que en la Comunitat encabeza Isabel Bonig. Estas pasan por un programa de incentivos de hasta los 3.000 euros para gastos de constitución y puesta en marcha, así como la contratación de personal por parte de las mismas, con hasta 9.000 euros para desempleados. También, la creación de un servicio propio para el Consejo Valenciano de cooperativismo, que “atienda mejor las necesidades del sector".
Desde Unides Podem se proponen un Plan de Retorno del Talento para "recuperar" a los jóvenes que salieron al exterior en busca de un empleo; la desaparición de la figura del becario considerándolo personal laboral con los mismos derechos que cualquier otro trabajador; incentivos económicos a la contratación de empleo juvenil y apoyo institucional y económico para la creación de proyectos.
Por otro lado, abogan por elevar al 10%, como mínimo, la cuota de reserva de empleo público para personas con diversidad funcional y por la promoción de planes de igualdad en empresas legalmente no obligadas a ello, estableciendo como un requisito para contratar con la Generalitat.
Cs asegura que realizará una “revolución” en las políticas de empleo para convertirlas en una herramienta “realmente eficaz que ayude a todas las personas desempleadas a encontrar un trabajo”. En este sentido, apuesta por potenciar el Labora, especialmente los servicios de atención individualizada dirigidos tanto a parados como a empresas y mejorar la empleabilidad conectando el servicio público de empleo con las bases de datos de todos los portales de empleo, públicos y privados, para ofrecer a cada desempleado las políticas más eficaces para encontrar trabajo.
“Acabaremos con el despilfarro clientelar de los planes de empleo que no dan estabilidad laboral y no sirven para aumentar la empleabilidad y muchas veces son utilizados para recompensar a personas afines por intereses partidistas. En su lugar, destinaremos esos fondos a programas de colaboración público- privada con financiación basada en resultados de colocación exitosa en empresas”, afirma en su programa el partido de Toni Cantó que también promoverá un programa de ayuda a los trabajadores mayores de 45 años que necesiten formación continua en su empleo, condicionado a su antigüedad y a que se les mantenga en el puesto de trabajo e implementará un cheque-formación para “poner los recursos directamente en manos de los desempleados, acabando con los intermediarios y el fraude.”
Asimismo, los programas incluyen entre sus propuestas un apartado dedicado a los autónomos, excepto en los casos de Compromís y Podem que no recogen propuestas en este sentido. En concreto, el PSPV apuesta por ampliar la tarifa plana a la Seguridad Social hasta el sexto año y hasta el séptimo para jóvenes y la puesta de una línea de financiación específica con aval de la SGR, con una dotación de 40 millones de euros en cuatro años.
Los ‘populares’ recogen la aprobación de una ley de Autónomos Valenciana e incentivos y bonificaciones en la cuota autonómica del IRPF en los dos primeros años de actividad, con ayudas a la consolidación a partir del tercer año. También proponen un programa de microcrédito a mujeres emprendedoras y acuerdos con entidades financieras para propiciar el acceso a la financiación.
En cambio, Cs hace hincapié en extender a dos años la tarifa plana para los nuevos autónomos y una superreducida de 30 euros al mes para mujeres y menores de 30 años que se den de alta en municipios valencianos de menos de 5.000 habitantes. De igual modo, proponen la creación de una bolsa de empleo en el Labora para que en casos de baja o permisos de maternidad y paternidad los autónomos tengan más fácil encontrar sustitutos y un servicio especializado que permita a autónomos próximos a sus edad de jubilación entrar en contacto con desempleados dispuestos a hacerse cargo del negocio.