De izquierda a derecha, José Luis Gaona, inspector, Alfonso Puncel, subsecretario de Transparencia y Javier Gil, jefe de servicio - Fotos: Eva MáñezVALENCIA. Un año y medio después de la entrada del actual Consell las dimisiones o destituciones de altos cargos han tenido protagonismo en el Gobierno, algo que no siempre había sido así a pesar de la gravedad de determinadas actuaciones. Dolores Salas, ex directora general de Sanidad, dimitió por la contratación irregular de su hija en Fisabio. La ex directora general de Internacionalización de Economía, Mónica Cucarella, fue destituida tras darse a conocer que era apoderada de una gasolinera denunciada por no descontaminar sus instalaciones.
Detrás de estas dos actuaciones hay un ente clave: ‘asuntos internos’ de la Generalitat, formalmente Inspección General de Servicios, que supervisa el funcionamiento de esta mole en busca de incumplimientos e ilegalidades de sus propios trabajadores que puedan comprometer el correcto funcionamiento de la administración. Un cuerpo que ha sido elevado por el actual Consell para ser el vigilante y que se enmarca dentro de la Conselleria de Transparencia, aunque en anteriores legislaturas había estado adscrito a Presidencia y Hacienda.
A día de hoy, está formado por siete personas, totalmente independientes de la actividad política: tres abogados, dos economistas, un ingeniero informático, un médico y un técnico de apoyo a la inspección, más mujeres que hombres, a destacar. No obstante, el jefe de servicio, Javier Gil, licenciado en Ciencias Físicas, del cuerpo de informáticos de la Generalitat y con un máster en Gestión Pública, reconoce que han llegado a ser únicamente tres personas. Sin embargo, la actual apuesta del Consell por escrutar al máximo posible está haciendo que el número vaya al alza. En definitiva, la inspección General de Servicios es el máximo órgano de control de la Generalitat Valenciana.
Una de las vías clave para funcionar son las denuncias, tanto desde un órgano de la Generalitat como de las realizadas por los ciudadanos. Hasta ahora, se trataba de un procedimiento que no tenía protocolo de actuación, pero que con la llegada de la conselleria de Transparencia y Manuel Alcaraz se puso en marcha. Para poder investigarlas, las denuncias deben ser emitidas por una persona identificada, si bien es cierto que en el caso de ser anónimas pero venir con una documentación que pueda ser interesante tienen la potestad de abrirla de oficio. Otros casos que también atienden son los de posible mobbing (acoso laboral) o acoso sexual dentro de la administración.
Con estos informes en la mano, el subsecretario de Transparencia, Alfonso Puncel, los remite a las subsecretarías de la conselleria en cuestión, guardianes de su propio departamento, con el fin de que en diez días hagan alegaciones. Con el documento de vuelta, se eleva hasta el conseller del ramo y se le plantean una serie de recomendaciones que pueden ir desde proponer actuaciones hasta abrir un expediente disciplinario.
"Detrás de la denuncia puede haber un hecho que no cumpla la legalidad, pero también pueden ser vicios del personal o un mal funcionamiento de un departamento", explica José Luis Gaona, médico, funcionario del Estado y desde el 92 en el departamento.
Para no interferir con ninguna conselleria, su función es quedarse en las recomendaciones. “Si observamos que hay una ilegalidad manifiesta se lleva a conselleria o si competen a otros órganos de control como la Sindicatura de Greuges, la Abogacía o la Intervención General se les remite directamente”, explica el subsecretario. Tampoco dudan si tienen que depositar una investigación en la Fiscalía. Tras las recomendaciones, tienen la potestad de supervisar si se han cumplido y llevar a cabo un segundo informe.
Gaona insiste de forma vehemente en la independencia de los inspectores a la hora de actuar, la realización de informes profesionales y la necesidad de preservar la confidencialidad de los expedientes para no poner en peligro a los funcionarios que prestan declaración. "Los inspectores tenemos un rango importante, hemos sido jefes de servicio, subdirectores, y no es la rémora de nada". Hablando en plata, nada de enchufados o 'amigos de'. "Esto no es un premio", asegura Puncel. "Todos tienen que tener un mínimo de experiencia en la gestión de la administración".
Ellos, que han visto con el paso de los años la utilización de la Inspección General -se fundó en 1985-, reconocen que desde que existe Transparencia la parte de inspección y control se ha incrementado de forma notable. El jefe de servicio no duda en asegurar que el número de denuncias, sin que sea enorme, se ha incrementado considerablemente. "La sensación que tenemos nosotros es que hay más consciencia de que te van a atender. Hay una política de la conselleria de Transparencia, se conoce más, y se ha disparado".
Antes, una denuncia se tramitaba pero la gente tenía menos fe en que sirviera para algo. "Lo creían incluso compañeros de dentro de la Generalitat", asegura Gil. El hecho de aparecer una conselleria de Transparencia como tal da confianza, algo que Puncel recuerda que se pactó en el Acuerdo del Botánico. "Se acordó que la Inspección se quedaría aquí". En el caso de las denuncias hay una parte que son por mobbing, aunque no es numerosa, y el resto se concentran sobre todo en el área de recursos humanos, desde cobertura de plazas de personal a problemas en el servicio.
Jorge Ramos, recién jubilado y hasta hace semanas jefe de servicio, ha sido el encargado de consolidar la transición de la Inspección General al nuevo departamento de Transparencia y ayudar a abrir esta nueva etapa.
Otra de las misiones de la Inspección General, que se encuentra dentro de la dirección general de Atención a la Ciudadanía, Calidad e Inspección de Servicios, es contribuir a preservar la calidad de los servicios. "Hay un sistema de quejas propio de la Generalitat, que tiene que ver más con la calidad, pero si no te responden en el plazo de 30 días puedes acudir a la Inspección General de Servicio. Es una queja de segundo nivel porque no te han contestado y la inspección hace que lo hagan", recuerda Puncel. Entre las más habituales, esperas demasiado largas para ser atendidos o contestaciones poco adecuadas.
Otra de sus funciones es la simplificación administrativa. Por ejemplo, se realizó un programa para no pedir a los ciudadanos información de ellos que ya tenían, como el DNI o la Tributaria, de lo que debían supervisar su cumplimiento en todas las consellerias.
Se trata de un departamento multidisplinar, a quien le viene bien tener perfiles de todo tipo. De hecho, que Gaona venga del servicio médico, probablemente haya supuesto una gran descarga para abordar las polémicas que se han dado en el departamento de Sanidad. Sin embargo, todos tienen una formación básica en los procedimientos y podrían actuar en cualquier caso. "Todos hacemos de todo pero sí que es verdad que algunos tenemos más papeletas para hacer determinadas cosas", reconoce este médico.
"Estas acciones son bastante invisibles para el ciudadano pero supone dotar al estado de una estructura de seguridad jurídica”, apunta el conseller de Transparencia. “Es necesario que funcione bien toda la maquinaria de la Generalitat".
Actualmente están trabajando en cambios en la normativa que regula este órgano para incluir obligaciones, como colgar todas las conclusiones de los informes que realicen en el Portal de Transparencia. Además, asegura que van a habilitar un buzón online para que poder tramitar las denuncias por esta vía.
"No se trata de un órgano que investigue la corrupción política en sí misma, pero es posible que la detecte ante un mal funcionamiento", destaca Alcaraz. Preguntado por si las consellerias han mostrado su malestar ante algún informe, asegura que en ningún caso.
"Todos los que veníamos aquí éramos muy conscientes de que la Transparencia era una seña transversal de todo el Gobierno", apunta, y señala que no existe ningún tipo de interferencias al tener claro donde empieza la función de las subsecretarías. "Los políticos venimos de una situación complicada y nos da seguridad que un cuerpo independiente se ocupe de cosas del día a día", reconoce. La Generalitat está vigilada con los 'siete magníficos'.
