VALÈNCIA (EFE). El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, cree que hay que "volver a la normalidad" de la colaboración público-privada para ejecutar infraestructuras, y asegura que hay empresas dispuestas a participar en iniciativas que la Administración no se puede "permitir" financieramente.
"El problema no es la colaboración público-privada" sino "la mala gestión que se ha hecho en la Comunitat" de ella, ha asegurado el conseller durante Los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de València para insistir en que este instrumento "no es el culpable, sino la gestión" que en el pasado se hizo de él.
En su opinión, la Administración pública debe ser "consciente de sus limitaciones" y estar "abierta" a colaborar con el sector privado, por ejemplo para ejecutar infraestructuras ferroviarias o viarias.
"Estoy convencido de que, si se esto se hace bien, es un buen instrumento", afirma el conseller, quien hace hincapié en que se trata de algo que ya se aplica en otros países de Europa. "No estamos inventado la pólvora", añade.
El titular de Obras Públicas precisa que la Generalitat presentará antes de que acabe el año un Plan de colaboración público-privada, después de que en la pasada legislatura se avanzaran trabajos en esa dirección, y explica que se están estudiando todas las fórmulas que existen.
Por otra parte, defiende la apuesta del Consell por que "no quede ningún municipio de la Comunitat Valenciana sin algún tipo de transporte", ya que la movilidad es "fundamental" en la lucha contra la despoblación y "abre puertas a otros derechos", pues quien vive lejos de un hospital o de la universidad puede tener menos derechos que quien lo hace en una gran ciudad si su municipio no está bien conectado.
El conseller adelanta además que antes del verano se empezarán a licitar las concesiones de autobuses interurbanos, que están caducadas, y asegura que están trabajando para reducir la litigiosidad existente en el diseño de los mapas concesionales.
Sobre las Cercanías, anuncia que antes de que acabe febrero se celebrará la comisión bilateral con el Ministerio de Transporte para analizar la situación, pues admite que hay "problemas muy preocupantes de falta de frecuencias y de maquinistas" de los que el departamento de José Luis Ábalos es "consciente" y ante los que está preparando un plan de choque.
En cuanto a Ferrocarrrils de la Generalitat (FGV), reivindica la necesidad de que la línea 10 de Metrovalencia no acabe en Nazaret, sino que se conecte con el mar y con el puerto, y señala que antes del verano el Consell presentará qué líneas serán prioritarias, entre las que figurará esta.
También antes del verano está previsto presentar el Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana, en el que se trabajará con los ayuntamientos de la zona una estrategia global, y reivindica que esta legislatura tiene que ser la de la integración tarifaria del área metropolitana, que permita viajar con un solo tique y acceder a los descuentos generales.
El conseller se muestra convencido de que el Gobierno central hará su aportación al transporte metropolitano de Valencia, por una cuestión de "equidad mínima" entre españoles que viven en áreas metropolitanas grandes, y afirma que buscará la cofinanciación europea para actuaciones de movilidad sostenible y transporte metropolitano.
Respecto al proyecto Intu Mediterráneo, opina que el Consell "ha hecho bien" en recurrir en casación la sentencia del TSJCV sobre el proyecto, ya que hay aspectos del fallo judicial que "no quedan claros y pueden generar cierta inseguridad jurídica para este caso y otros análogos".
Y sobre los VTC, España afirma que el Ministerio está finalizando la aplicación que permitirá un "mayor control" de estos vehículos, y hace hincapié en que "es fundamental para un sector tan importante que se cumpla toda la normativa".
