Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude se está planteando abrir un expediente informativo sobre las circunstancias en las que se autorizó la construcción de los edificios Gemelos 28 en Benidorm, permiso declarado ilegal por el Tribunal Supremo por invadir la zona de servidumbre de protección del dominio público-terrestre.
Así lo expuso este lunes el director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, en la "Jornada sobre la Directiva (EU) relativa a la protección los alertadores y denunciantes sobre corrupción", organizada por la propia Agencia y celebrada en Adeit. Llinares señaló que el organismo que dirige tiene abiertos más de 300 expedientes por denuncias que ha tenido que atender mientras completaba el equipo, y añadió que una vez se vayan resolviendo estos expedientes la idea es ocuparse de casos que publican los medios de comunicación y que merecen como mínimo la apertura de un expediente informativo.
En este punto puso como ejemplo la autorización de la construcción del complejo Gemelos 28, las dos torres de 22 alturas construidas en la zona litoral de Benidorm conocida como Punta Llisera -a solo 60 centímetros de la línea de mar- por la empresa Edificaciones Calpe, del promotor valenciano Andrés Ballester Ríos. El derribo de las torres costará 100 millones de euros a la Generalitat entre costes de la demolición e indemnizaciones a los propietarios que de buena fe compraron allí uno de los 168 apartamentos.
Según Llinares, "alguien tiene la responsabilidad de que se edificara sobre zona marítimo terrestre" y habría que ver si cabe una acción de regreso o repetición para recuperar el dinero que le va a costar a la Generalitat. El permiso declarado ilegal fue otorgado el 29 de abril de 2005 por la Dirección General de Costas y Puertos de la Conselleria de Obras Públicas, en ese momento, dirigida por Rafael Blasco. La autorización se basaba en una licencia municipal de 1988, anterior a la Ley de Costas
La entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona (PSOE) trató de impedir en inicio de las obras con un recurso que perdió en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Posteriormente, con la estructura de los edificios ya levantada, inició un procedimiento de expropiación que no se culminó porque su sucesora en el cargo, la también socialista Elena Espinosa, decidió desistir en 2009. Eso sí, se mantuvo el recurso contra la sentencia del TSJCV ante el Tribunal Supremo, que a la postre dictó la sentencia de muerte para las torres.
