Anticorrupción pide que declare Bonig en el caso de la visita del Papa

VALÈNCIA. El fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco envió la semana pasada un escrito al juzgado que investiga las supuestas irregularidades en 11 contratos durante la visita del Papa solicitando una batería de nuevas declaraciones y diligencias, así como la declaración de causa compleja del caso. Entre las comparecencias que solicitó Carrasco, destaca la de la actual líder del PPCV, Isabel Bonig, quien era consellera de Infraestructuras del gobierno de Francisco Camps, a la sazón, imputado en esta causa.

El fiscal explica que solicita la declaración de Bonig porque era la consejera delegada Vaersa desde el 25 de julio de 2011 y es "quien finalmente interviene por la misma liberando de la obligación de pago de la deuda de 519.011,65 euros a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para con la referida empresa pública".

La magistrada no ha contestado por el momento al escrito del fiscal, pero lo único que queda claro es que no la puede citar como investigada, ya que Bonig es aforada y solo podría comparecer como investigada ante el tribunal competente, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. De hecho, Anticorrupción no menciona en calidad de qué quiere que declare, tan solo pide que la citen.

PPCV: "Dará todas las explicaciones"

Valencia Plaza se ha puesto en contacto con el PPCV, donde afirman que "Bonig dará todas las explicaciones que la Justicia requiera", pero también recuerdan que "quien autorizó la absorción de la Fundación V encuentro Mundial de las Familias y, por ende, la deuda de 519.000 euros, fue el Pleno del Consell después de que el asunto pasara por la comisión delegada de Hacienda y por la Intervención de la Generalitat, y que, una vez aprobado, Isabel Bonig firmó porque como consellera de Infraestructuras y Medio Ambiente era la consejera delegada de Vaersa, la empresa pública que absorbió la obligación de pago de la deuda pendiente".

En el escrito del fiscal, adelantado por Las Provincias y al que ha tenido acceso Valencia Plaza, también se pide recibir declaración, en este caso sí como imputado, a Felipe Espinosa, que era director general de Vaersa, "al objeto de determinar su implicación en los hechos, en relación con las decisiones adoptadas por el mismo acerca de la facturación de las deudas contraídas por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias con aquella entidad pública".

Más políticos y empresarios

Junto a Bonig y a Espinosa, el escrito de Carrasco también solicita a la magistrada que llame a José Simó Arnau, entonces directivo de Vaersa, y a María Ángeles Ureña, que era secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por las mismas razones que a Espinosa y Bonig.

El fiscal también quiere escuchar a Antonio Sales, tesorero de la fundación; a Fernando Giner y a Juan José Medina, que intervinieron en el Patronato de la Fundación en su condición de presidente y vicepresidente respectivamente de la Diputación Provincial de València en relación con la gestión económica y contable de la Fundación V Encuentro, y en relación con las labores preparatorias y/o auxiliares de contratación llevadas a cabo por la misma; a Felipe Gómez, interventor de la Diputación Provincial; a Miquel Domínguez, concejal del Ayuntamiento de València en aquella época; a Fernando Hernández, presidente de la Fundación Agroalirnentaria, y a José Vicente Herrera, "todos los cuales intervinieron en la gestión contractual de la fundación" según el Ministerio Público.

También quiere Anticorrupción que se cite a diversos empresarios para que expliquen "los hechos relativos a las contrataciones". Los empresarios son Francisco José Garrrigós, de Cronosport Bajo Aragón; Vicente José Peris y a Antonio Puig, representantes de las empresas Cuco y Trasgos; José María Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción, y José María Fortuño, legal representante de la empresa Difusión y Eventos. Añade que se oficie a Pavasal, Zenith BR Media, Acciona y Cavaltour para que identifiquen a las personas responsables de los contratos con la fundación.

Por último, el Ministerio Público, también quiere que acudan a declarar Juan José María Orts, censor jurado de Cuentas que realizó un informe de auditoría contable para que explique los hechos relativos a la gestión económica, y Eusebio Monzó, entonces secretario autonómico de Hacienda -todavía concejal del PP en el Ayuntamiento-; Francesc Gamero, director del Protectorado en el Registro de Fundaciones de la Dirección General de Justicia, y María José Alfonso, de la Abogacía General de la Generalitat ante la Conselleria de Hacienda, para que aclaren cuestiones relativas al proceso de liquidación y disolución de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias.

Diez investigados

Los instructores de esta causa investigan a diez personas entre las que destacan el expresidente de la Generalitat y presidente de honor de la fundación, Francisco Camps; el exconseller y expresidente de Les Corts Juan Cotino; el obispo auxiliar y presidente de dicha fundación Esteban Escudero; el secretario del patronato y exvicepresidente de Camps Víctor Campos; Francisco Javier Jiménez Fortea; y los comisionados de la fundación V Encuentro Antonio Corbí, Enrique Pérez Boada -exconcejal y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas- y Henar Molinero, ex alto cargo del Consell, que hacía las labores de secretaria en la fundación. Las declaraciones de los investigados comenzaron este martes.

Hasta ahora, la pugna entre las defensas y el fiscal se centra en dilucidar si la fundación era una entidad pública o privada en el momento en que la Generalitat asumió la deuda, ya que el Ministerio Público acusa de malversación de caudales públicos y prevaricación, delitos que no existirían en el caso de que se tratara de una fundación privada. Con estas nuevas declaraciones, Carrasco tratará de demostrar que la Fundación V Encuentro era pública, lo que le permitiría seguir adelante con el procedimiento.