Mónica Oltra. Foto: EVA MÁÑEZEl fiscal pide el sobreseimiento de dos de las tres piezas y realiza una deducción de testimonio al tribunal de Cuentas contra los funcionarios de la Conselleria de Educación que autorizaron los pagos
VALÈNCIA. El fiscal Anticorrupción ha solicitado el sobreseimiento de dos de las tres piezas judiciales abiertas contra escuelas concertadas y la patronal Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval). La denuncia la interpuso la entonces diputada de Compromís y hoy vicepresidenta del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra, el 18 de julio de 2014.
Según consta en los escritos del fiscal, a los que ha tenido acceso Valencia Plaza, el representante del Ministerio Público indica que sobre la pieza 1 o de ‘liberados de la patronal’, "resulta acreditado que fondos públicos de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana se destinaron al pago de salarios de docentes de centros concertados muy superiores a las acreditadas en el concierto educativo de estos centros. Del informe referido resulta que los pagos se produjeron por horas lectivas que no se habían realizado de manera efectiva causando un perjuicio evidente a las arcas públicas".
Pero al mismo tiempo, el fiscal matiza que los responsables no son los miembros de la concertada, tal y como denunciaba Oltra, y explica que "esta conducta debe someterse al enjuiciamiento de la responsabilidad contable, ya que se produjo este pago por parte de los funcionarios públicos encargados, de manera contraria al régimen establecido en los conciertos educativos".
Es decir, que "por parte de determinados centros educativos concertados se remitieron a la Conselleria de Educación horas lectivas para ser abonadas en concepto de nómina que excedían del número de horas fijadas en el concierto", pero estas horas fueron abonadas por parte de los funcionarios, "incumpliendo así la debida diligencia exigida en el manejo de fondos públicos".
Sobre la segunda de las piezas, unas horas pagadas en exceso por parte de Conselleria de Educación a determinados centros concertados, el fiscal indica que los hechos deben ser incardinados dentro de la competencia del Tribunal de Cuentas, al igual que en la otra pieza, dado que no revestirían infracción penal, puesto que el personal de Conselleria no habría comprobado si las horas pasadas por los centros entraban dentro del concierto educativo.
En el escrito se puede leer que "queda acreditado que por parte de la Conselleria de Educación se pagaron a determinados profesores de centros concertados en concepto de nómina determinados importes hasta el año 2014 mientras desempeñaban su función laboral en la patronal Feceval. Este pago estaba avalado en un convenio para el desarrollo de la formación del profesorado que estuvo vigente hasta 2010, sin embargo el pago continuó hasta 2014 porque entendieron implícitamente prorrogado el convenio".
Y prosigue argumentando el fiscal que "por parte de la patronal Feceval se aportó documentación que acredita la existencia de los cursos de formación al profesorado de enseñanza concertada, si bien por parte de los funcionarios y autoridades correspondientes de la Conselleria de Educación debía haberse observado la diligencia exigible para que los pagos efectuados se hubiesen realizado con el respaldo legal o contractual correspondiente".
Por ello, el fiscal pide el sobreseimiento de las actuaciones y la deducción de testimonio al Tribunal de Cuentas, por si hubiera responsabilidad contable de los funcionarios.
Mónica Oltra, además de denunciar la presunta existencia de liberados financiados por la Generalitat, también denunció "horas adicionales carentes de fundamento legal y un posible fraude con los docentes de edad elevada".
Respecto a las horas extra, Oltra afirmaba que "se estarían produciendo alteraciones de los aplicativos de gestión remunerando horas por encima de las concertadas, carentes por tanto de amparo legal. Existe por tanto una diferencia mensual y anual entre las unidades concertadas, y las abonadas, mediante la inclusión de horas adicionales".
"En abril de 2014, podrían encontrarse 23 centros en esta situación: El total de horas adicionales ascendería a 606, lo que en salarios indebidamente pagados significa 114.683 euros al mes, y extrapolando la cuantía anual ascendería a 1,15 millones en el curso anual", cifraba Oltra en referencia al curso 2013-2014.
Sobre el posible fraude con los profesores de edad avanzada, Oltra explica que las nóminas se pagan directamente a las congregaciones religiosas sin que se practique la retención del IRPF. Para ella, "el problema radica en que numerosos docentes tienen edades muy elevadas para el desempeño de los trabajos que se supone que prestan. Concretamente, 96 de estos empleados tienen más de 65 años y, de ellos, 39 superan los 70".
"Si bien algunos desempeñan jornadas de tiempo parcial, no es inusual encontrar personas que realizan la jornada máxima de 25 horas semanales en niveles como primaria, ESO o bachiller (…), algunos se jubilaron hace años, y otros son personas desconocidas en los centros educativos por el resto de docentes. Sin embargo, sus congregaciones religiosas siguen percibiendo las nóminas de la Conselleria de Educación como si estuvieran en activo", aseguraba Oltra.
