ALICANTE. El nuevo proyecto de gestión de la planta de tratamiento de residuos de Alicante, situada en la partida de Fontcalent, no solo servirá para fijar sus condiciones de funcionamiento y las inversiones que resultan necesarias para abordar su modernización, en cuanto se disponga de un nuevo concesionario para que asuma su explotación. También permitirá que el Ayuntamiento pueda asumir el conjunto de los terrenos en los que se asientan las instalaciones que todavía no han revertido en el patrimonio municipal, pese a que debían haber quedado transferidos en 2013: la fecha en la que se extinguió el contrato de explotación adjudicado a Inusa en el año 2000.
En realidad, parte de esas fincas ya están inscritas y registradas a nombre del Ayuntamiento, a partir del acuerdo que se materializó en febrero de 2020. En ese momento, se incorporaron al patrimonio municipal dos primeras fincas, de 4.031,44 metros y 140.203,67 metros cuadrados, en las que se sitúan las naves del centro de tratamiento de residuos. Además, como informó Alicante Plaza, también se cedieron tres parcelas situadas en el polígono del Pla de la Vallonga, en las que se asentaban las instalaciones de Inusa y en la que ahora se sitúan las de la concesionaria actual, UTE Alicante (compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica).
No obstante, aún restaría por materializarse la cesión de otras seis fincas más que se corresponden con los terrenos en los que se sitúan los accesos a la planta, así como otros solares situados en su entorno, como superficie de reserva ante la necesidad de que puedan resultar necesarias futuras ampliaciones.
La entrega de esos terrenos debería haberse hecho efectiva en el momento en el que se acordó la liquidación del contrato con Inusa, como apuntó este miércoles el edil socialista Raúl Ruiz y confirmó el edil de Limpieza, Manuel Villar (PP). Sin embargo, no ha sido hasta ahora, durante la confección del nuevo proyecto de gestión de la planta, cuando se ha constatado que la entrega de las fincas no se había formalizado, de modo que siguen figurando a nombre de Inusa nueve años después de que se extinguiese el plazo de su concesión.
El PSOE solicita la comparecencia de Barcala y Villar para ofrecer explicaciones ante la comisión de Limpieza y el bipartito replica que ha sido su gestión la que va a permitir la cesión de esos terrenos cuando debió formalizarla el anterior tripartito
De ahí que el departamento de Limpieza haya establecido ahora que su puesta a disposición del Ayuntamiento deba oficializarse en cuanto se apruebe ese nuevo proyecto de gestión (ahora en su última fase de elaboración): el documento que servirá de punto de partida para volver a licitar la explotación del vertedero (en principio, por un plazo de 20 años, según fuentes municipales).
En cualquier caso, esa circunstancia dio pie también este miércoles a las valoraciones políticas. En primer término, por el PSOE, su edil Raúl Ruiz fue crítico al indicar, a través de un comunicado, que en el transcurso del pleno de mayo, ya comunicó la existencia de una omisión respecto al acuerdo de cesión de las primeras fincas, en el acta de la reunión de la Junta de Gobierno en la que se produjo su aceptación. Y ahora, después de que, según dijo, "se haya reconocido ese error", añadió que el PSOE había podido "comprobar que el propio Ayuntamiento mantiene sin liquidar la recepción de otros terrenos", junto a la existencia de "más de 6 millones de deuda contraída con la anterior prestataria del servicio", en alusión a Inusa.
Según, indicó se trataría de "más de 6 millones de euros de la deuda transmitida de Inusa a UTE Alicante en 2013. Una deuda que ya condicionó la contratación del servicio que se presta actualmente (recortado un 31% respecto al anterior) y que continuará afectando a la nueva contratación", añadió. Además, sostuvo que "el nuevo proceso de contratación del servicio partirá con la asunción de un endeudamiento de cerca de 10 millones de euros a un 6% de interés, generados por la suma de las modificaciones del contrato actual, más cuatro años pendientes de los doce con los que financiaron la deuda de los gobiernos del Partido Popular con Inusa".
En esta línea, consideró que "la Concejalía de Limpieza demuestra que está superada por su propia incapacidad: ni planifican con cabeza el futuro, ni gestionan con rigor el presente, ni liquidan con garantías el pasado". De ahí que reclamase la comparececia del alcalde, Luis Barcala, y del propio edil de Limpieza, Manuel Villar, "ante la nueva comisión de Limpieza aprobada hace un mes, para explicar por qué estamos así y por qué no han actuado antes de nuestra denuncia", concluyó.
No obstante, el edil de Limpieza rebatió las valoraciones de Ruiz para asegurar que la transmisión de las parcelas "ya está prevista a través del proyecto de gestión, y eso los representantes del PSOE lo saben porque se les ha explicado". Así, negó que hubiese existido una supuesta voluntad de ocultarlo por parte del bipartito. Además, señaló que, en realidad, había sido el actual equipo de gobierno quien había detectado que ese suelo no se había llegado a transmitir al Ayuntamiento, "cuando debió ser el tipartito que gobernó tres años durante el pasado mandato quien se ocupase de ello, pues tenía la obligación de liquidar el contrato con Inusa y no lo hizo", apuntó, en alusión a la alianza compuesta por PSOE, Guanyar y Compromís entre 2015 y 2017. Así, recalcó que "hemos tenido que ser nosotros los que lo hemos tenido que gestionar, como tantas otras cosas". Por último, dijo desconocer a qué se refería Ruiz respecto a la supuesta deuda de seis millones correspondiente al contrato con Inusa.