Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha dado luz verde a la administración para controlar prácticamente todos los recursos de la sociedad y, especialmente, los dedicados al área social y sanitaria. Desde la sanidad hasta los establecimientos hoteleros, el Estado ha cedido la potestad a las comunidades de recurrir a éstos en el marco de la pandemia, por si los recursos públicos se vieran desbordados o hubiera que intervenir ante la situación.
En este contexto, la Conselleria de Igualdad aprobó una resolución de medidas extraordinarias de gestión de los servicios sociales y socio-sanitarios el pasado 3 de abril, en la que abría las puertas a intervenir las residencias públicas y privadas "en salvaguarda de las personas más vulnerables". Sin embargo, esta decisión no ha convencido a la Asociación de Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) al no entender la necesidad de que el departamento de Mónica Oltra pueda tener control total sobre las residencias privadas.
Si bien es cierto que, durante la pandemia, la Conselleria de Sanidad ha pasado a controlar decenas de residencias que han recibido profesionales para abordar uno de los espacios con mayor incidencia en la pandemia, desde la patronal de las residencias privada han recurrido que esta posibilidad también esté en manos de Igualdad. Así lo recogía este lunes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), donde se anunciaba la demanda para informar a posibles interesados.
Esta resolución permite a la administración tomar el control de centros, establecimientos, servicios y programas de atención social o socio-sanitaria, así como su personal con la autorización judicial previa. También permite disponer de todo el personal dependiente de estos servicios cualquiera que sea su naturaleza y régimen jurídico. Sin embargo, desde Aerte consideran que esta potestad no debería regularse en el marco de la pandemia en el ámbito de la actividad de servicios sociales y sí desde el sanitario.
El presidente de Aerte, José María Toro, criticaba este lunes la falta de información previa a la pandemia por parte de la administración a las residencias, así como de material y también de pruebas masivas, que según ha dicho no comenzaron a hacerse en estos centros hasta finales de abril. "Nos hemos sentido solos", apuntaba, aludiendo a la interlocución con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Así lo señalaba en su comparecencia en la Comisión para la reconstrucción económica, social y sanitaria de la Comunitat Valenciana que ha tenido lugar en Les Corts. Toro señalaba que el sector vivió una "falta de información previa" a la pandemia por parte de la administración valenciana y aseguraba que Aerte mandó un correo a las consellerias de Igualdad y de Sanidad el 26 de febrero preguntando por los protocolos a poner en práctica, en un momento en que "hablar de esto era ser alarmista", y los centros no se cerraron al público hasta el 18 de marzo.
En este sentido, cuestionaba la falta "evidente" de coordinación entre Sanidad y Políticas Inclusivas, con "contradicciones entre normativas" como la de nuevos ingresos. En este sentido, reconocía un "contacto directo" entre Aerte y Sanidad, que aunque no siempre les daba todo lo que reclamaban al menos sí mantenía la interlocución. Sin embargo, respecto a Igualdad y Políticas Inclusivas, señalaba que se han sentido "solos" porque no ha habido reuniones "en los dos peores meses" y él habló con la titular, Mónica Oltra, una vez "el 23 de marzo por teléfono" y ya a finales de mayo para abordar la desescalada.
Sin embargo, desde el departamento de Oltra aseguraban que a esa llamada del 23 de marzo se suman otras dos el día 27 de mayo, una videoconferencia el 25 de mayo, una reunión presencial el 9 de junio y mensajes por WhatsApp el 21 de febrero, los días 23, 28, 29, 30 y 31 de marzo, los días 7 y 10 de abril, y el 26,27, 28 y 29 de mayo, así como comunicaciones con otros miembros de la conselleria que hacen un total de 89 contactos.
Durante la pandemia, aseguraba, las residencias han sufrido falta de material y apuntaba a su escasez y el desarrollo de la enfermedad: "Hemos trabajado muchas veces sin material, lo hemos conseguido como hemos podido". A su juicio, fue un error la concentración de la compra del material en el Ministerio de Sanidad porque "lo que hizo fue bloquear el mercado" y los trabajadores y residentes se encontraron en una situación de "desprotección absoluta".
Reconocía el esfuerzo del Consell por conseguir material, que llegó hacia finales de marzo, pero ha subrayado: "A pesar del esfuerzo nunca hemos llegado a tener el material necesario, por ejemplo ahora faltan guantes". También aludía a la falta de pruebas, lo que les hacía "trabajar a ciegas" ya que "hasta el 24 de abril no se empiezan a hacer los test de manera masiva".
Asimismo, indicaba que "no se ha podido garantizar en ningún caso una adecuada atención sanitaria" y recordaba que los residentes tienen "el mismo derecho de acceso a la sanidad que cualquier persona que viva en su casa". Los servicios de las residencias, ha incidido, "son complementarios" y se centran básicamente en el seguimiento de las enfermedades crónicas pero no juegan un papel "como el que se les ha pretendido dar" en esta crisis porque no están diseñados para ello, siendo centros sociales, no sanitarios.
Además, indicaba que las derivaciones a hospitales han dependido del departamento y admitía que "ha habido casos en que se ha negado" o se indicaba que la atención en la residencia era lo más adecuado, "sabiendo que no tienen medios para hacerlo". "Dejar a una persona con una enfermedad junto a muchísima gente vulnerable era un absoluto error", subrayaba.
