ATA advierte: "La subida del salario mínimo puede destruir empleo y llevar a la economía sumergida"

VALÈNCIA. (EP). El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha advertido este lunes que una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 900 euros en 2019 puede suponer una destrucción de empleo y llevar a muchos autónomos a abandonar el sistema por la economía sumergida.

Amor, antes de la inauguración de las jornadas sobre la eliminación de trabas y trámites de la Administraciones Públicas, ha señalado que en estos momento aún se está en una desaceleración, aunque sea "leve", de la economía, el empleo y el consumo. Por ello, considera, ante el plan presupuestario que este mismo lunes enviará el Gobierno a Bruselas, que "no es el momento ni de subir impuestos ni de aumentar el gasto".

Al respecto, ha recalcado que desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) se defiende una subida del salario mínimo porque en España es "muy bajo", pero ha defendido que este incremento debe hacerse de forma progresiva y no aumentarlo un 22% en un año.

En ese sentido, ha recordado que ya hay un acuerdo social para incrementar el salario mínimo a 850 euros en 2020, pero que el aumento del 20% que propone el Gobierno "supondrá un gasto adicional a los autónomos de 3.000 euros en costes salariales al año por cada trabajador contratado".

Al respecto, ha advertido de que a un autónomo que "ya sufre la subida de luz, de costes de producción, y de diésel, aplicarle 3.000 euros de gastos más de cotizaciones y salarios puede suponer que no pueda mantener este puesto de trabajo".

Además, ha recordado que ya advirtió a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, de que la subida del salario mínimo también acarrea la subida de la base mínima, lo que puede suponer que desde el 1 de enero los autónomos que están cotizando la base mínima vean incrementadas su cotización 35 euros al mes, lo que supone 420 euros al año.

En ese sentido, ha criticado que el acuerdo del Gobierno no estipule una fecha concreta para adecuar las cotizaciones a los ingresos reales y exige que a los autónomos cuyos ingresos no lleguen a 12.600 euros en el último año no tengan que cotizar por la base mínima sino por la cuota reducida similar a la tarifa plana.

En ese sentido, ha confiado en que en el trámite parlamentario de debate de los presupuestos se respete el acuerdo del diálogo social de una subida progresiva del salario mínimo y "una medida para evitar penalizar a los autónomos que facturan 900 euros y tengan pagar 300 euros de cotización para evitar que abandonen el sistema y vayan a la economía sumergida".

Eliminación de trámites burocráticos

Por otra parte, ha destacado que se ha llegado al quinto acuerdo con el Ministerio de Hacienda para detectar las trabas burocráticas que "complican" a los autónomos el ejercicio de su actividad. En ese sentido, ha expuesto que los autónomos gastan 11 días al año en cumplimentar estos trámites.

Al respecto, ha señalado que aunque se han reducido las trabas detectadas hay que seguir eliminando estas barreras porque "muchas veces es tan importante como rebajar impuestos" ya que también les supone "un ahorro de dinero, de costes y de tiempo".

Este año se van a centrar en las trabas administrativas a las que se enfrentan el colectivo de profesionales de la abogacía en su relación con la Administración de Justicia. En ese sentido, ha señalado que estos profesionales tienen hasta el día 15 para presentar la declaración trimestral electrónica cuando el resto tiene hasta el día 20.

Del mismo modo, ha comentado que muchas veces la propia administración electrónica les supone "una complicación" para muchos autónomos porque sin cita previa no te atienden muchas administraciones o el pago mensual de las cotizaciones a la Seguridad Social en lugar de trimestral o semestralmente a pesar de que hay actividades que son temporales y la liquidez la tienen pasado ese periodo.

Al respecto, el coordinador del área de Cargas administrativas del ministerio de Política Territorial y Función Pública,, Antonio Castro, ha destacado que desde 2008 se lleva aplicando una política de reducción de cargas administrativas y firmando convenios con organizaciones como ATA, que tienen "una carga específica que el resto de empresarios".

"Hay que identificar donde están los problemas y solucionarnos de la manos de los profesionales y los propios autónomos que los sufren", ha apostillado.