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juristes valencians apuesta por cerrar una postura unánime en les corts

90 de 99: el Derecho Civil se va a la 'reválida' de septiembre pendiente de Ciudadanos 

22/07/2018 - 

ALICANTE. La Proposición no de Ley de Les Corts para pedir la modificación del artículo 149.1.8º de la Constitución, y de esta forma recuperar las competencias para legislar en materia de Derecho Civil (que la Comunitat perdió de facto con la sentencia de 2016 del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano), tendrá que esperar al menos hasta septiembre. La proposición, impulsada por la Associació de Juristes Valencians, llegó a la Cámara en mayo, donde cuenta con el respaldo de los miembros del tripartito (PSPV, Compromís y Podem) y el PPCV. Falta Ciudadanos.

En un principio, la idea era incluir la votación de este texto en el 'pleno escoba' de julio, pero finalmente no se introdujo en el orden del día. La AJV apuesta por lograr cerrar un acuerdo unánime de las fuerzas con representación parlamentaria, o al menos intentarlo. De ahí que se haya dejado dormir la propuesta, a la espera de que la formación naranja lleve a cabo sus primarias y surjan nuevos liderazgos (o se consoliden los actuales). El partido de Albert Rivera se ha posicionado a favor de la iniciativa en foros y actos organizados por la asociación de abogados, pero las directrices recibidas desde la ejecutiva nacional del partido han impedido que estampen su firma en la proposición, de momento.

Los únicos que se han mantenido inamovibles desde que la asociación de juristas comenzó con su campaña han sido los dos grandes partidos nacionales, PSPV y PPCV, y la coalición que lidera el Bloc. Tanto Podem como Ciudadanos han basculado en función de si se votaba en un ayuntamiento, se debatía en un foro de juristas o, como es el caso, se trataba de pedir en Les Corts que se cambie la Constitución (una idea que, aunque se trate de una modificación light, como ha venido contando Alicante Plaza, choca con la postura de Rivera de defender la uniformidad jurídica entre las distintas autonomías).

Así las cosas, la iniciativa impulsada por la asociación que preside José Ramón Chirivella cuenta con el apoyo de 90 de los 99 diputados en Les Corts, dado que a los cuatro partidos que firmaron la proposición se sumarán los no adscritos 'agermanats' que lidera Alexis Marí, ex de Cs. La asociación organizó recientemente un acto en favor del Derecho Civil Valenciano que permitió visibilizar el respaldo de prácticamente todo el arco parlamentario a su propuesta, que ha sido aprobada en cerca de 300 ayuntamientos de todo signo político, las tres diputaciones, los colegios de abogados, universidades, sindicatos, patronales y otras instituciones.

Como ha venido contando este diario, la propuesta de la AJV consiste, en esencia, en alterar mínimamente la redacción de la disposición adicional segunda de la Constitución, en alusión al artículo 149.1.8º, que es en el que se basó el Alto Tribunal para tumbar las tres leyes civiles aprobadas por Les Corts tras la entrada en vigor del actual Estatut d'Autonomia (que reconoce a la Generalitat la capacidad para legislar en la materia). Según ese artículo, solo las autonomías que a la entrada en vigor de la Constitución tuvieran compilado su derecho civil podrían asumir competencias en la materia, cosa que no ocurría en la Comunitat, donde regía el derecho consuetudinario. 

La proposición pide introducir un párrafo adicional: "La competencia legislativa civil de las Comunidades autónomas asumida en sus propios Estatutos conforme al art. 149.1.8º de esta Constitución, se extenderá a la recuperación y actualización de su Derecho Privado histórico conforme a los valores y principios constitucionales". En base a ese artículo, disfrutan de competencias en derecho civil autonomías como Galicia, que nunca tuvo fueros, o Catalunya, Navarra, Euskadi, Illes Balears y Aragón. Todas estas autonomías han ejercido dichas competencias sin que el Gobierno central, indistintamente en manos de PP o PSOE, se opusiese a su recuperación. De hecho, en el caso de la Comunitat, las leyes civiles fueron recurridas por un Ejecutivo socialista (habían sido impulsadas por un Consell del PPCV), y otro popular mantuvo el recurso tanto con sus correligionarios en el Palau como cuando llegó el Botànic.

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