2007: el año del (presunto) 'dopaje' electoral

VALÈNCIA. El 2007 ha acabado por convertirse en el año central de las sospechas sobre cómo se financiaron las campañas electorales de los dos principales partidos en la Comunitat Valenciana: PSPV y PP. Las investigaciones judiciales de Azud –la más reciente– y Taula –cuya instrucción ya está finalizada– han contenido piezas separadas sobre un presunto 'dopaje' de estas formaciones. Los indicios se extendieron hace unos años al Bloc (partido mayoritario dentro de Compromís) en otra causa judicial, que finalmente no pudo seguir adelante por esta vía debido a que el posible delito electoral se encontraba prescrito.

En Azud, los investigadores apuntan a que los socialistas sufragaron en B gastos de tres campañas diferentes: la de las municipales de València de 2007 con Carmen Alborch como cabeza de lista; la de las autonómicas de ese mismo año con Joan Ignasi Pla como candidato; y la de las generales de 2008 a las que se presentó la por entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como 'número 1' por la circunscripción de Valencia.

La operativa habría consistido en un supuesto concierto entre personas vinculadas al PSPV y empresas por el que estas últimas habrían tenido acceso ventajoso a una serie de operaciones urbanísticas en las que resultar beneficiadas por las administraciones a cambio de una contraprestación económica (o comisión). 

En base a anotaciones, reuniones y pagos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla que el objetivo de los presuntos cabecillas de la trama era el reparto de dinero tanto para beneficio personal como para el partido. En una de las operaciones, la sospecha es que la intención fue la de desviar al PSPV un millón de euros. Las indagaciones realizadas hasta el momento consideran acreditado que parte de ese dinero sí llegó al partido y con él se pagaron gastos electorales de las tres campañas. Otra parte de esas cantidades habrían sido cobradas por personas vinculadas a los socialistas. 

El rastreo de ese dinero hasta llegar al millón de euros, sin embargo, no ha sido posible atarlo al completo. Algunas de las operaciones urbanísticas a través de las cuales se pretendían desviar cantidades al PSPV –la UCO cita especialmente el PAI El Espartal de Xixona– acabaron por no realizarse y los investigadores creen que hubo igualmente manejo de metálico cuyo recorrido resulta complicado de establecer. 

Los agentes hacen hincapié en varias empresas. Unas como las que realmente asumieron los gastos y otras como las interpuestas a través de las cuales se habrían realizado los pagos en beneficio del partido. En este último grupo se encuentra Cronosport, encargada de surtir de merchandising a la formación para sus eventos más relevantes pero sin que haya quedado acreditado quién acabó abonando el coste de esos artículos.

La suma de los importes que se presumen pagados a la sociedad por terceras empresas en beneficio del PSPV asciende a 332.588,48 euros. La UCO menciona Gigante Edificaciones y Obras (33.367,08 euros), Sitra (108.344 euros), Construcciones Luján (120.060 euros) y Facsa (70.817,40 euros).  

Aunque todos estos hechos se tendrían que encasillar en un delito de financiación irregular del partido, esta línea de investigación no es posible –al menos por el momento– debido a que las fechas en las que se produjeron no existía ese delito, incorporado al Código Penal en la reforma de 2015. Esto supone que no se pueda perseguir. A ello se suma que, al tratarse de 2006 y 2007, se trataría de un presunto delito electoral ya prescrito. Por lo tanto, únicamente se puede continuar por la vía del cohecho –a no ser que apareciera algún elemento nuevo–, que es en la que se basan actualmente esta parte de las pesquisas.

Dentro de Azud ha reaparecido otra investigación judicial que trascendió hace cinco años: el caso Crespo Gomar. En ella se apuntaba, del mismo modo, a una posible financiación irregular del PSPV y el Bloc. Aunque finalmente se acabó archivando por falta de indicios suficientes de ilegalidad tras ser troceada en varios juzgados y con un posible delito electoral que se encontraba prescrito, los hechos que en ella se indagaron coincidían en el tiempo con los que ahora se desgranan en Azud (2007 y 2008). Y la UCO los ha unido. 

La Guardia Civil destaca en el informe la mecánica en la que esta mercantil podría haber participado según la investigación que fue archivada. Un juzgado de Valencia consideró que Crespo Gomar habría facturado unos servicios al PSPV y al Bloc de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios. Todo mediante la confección de facturas falsas. A cambio, habría sido adjudicataria de contratos con un posible trato de favor como pago de la financiación.

Ahora, en el caso Azud, Crespo Gomar resurge por su vinculación con las empresas que habrían asumido gastos electorales del PSPV. Para este fin se habría usado a la sociedad Cronosport, a la cual habría realizado pagos en beneficio del partido.

Y de la izquierda, a la derecha. La causa que más tiempo lleva en marcha sobre posible financiación irregular es la de Taula. Este diciembre se ha cumplido un año desde que la Audiencia Provincial archivara la causa del presunto blanqueo de capitales a varios exediles del PP de València tras seis años de instrucción. Una decisión que provocaba que el procedimiento sólo siguiera adelante para, entre otros, dos de los principales acusados en esta pieza separada: el exvicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, y la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García Fuster. 

Las campañas que se encuentran bajo sospecha son las de 2007 y 2011 por unas mecánicas que el juez consideraba irregulares. En su conjunto, las describía como una "sobrefinanciación articulada exclusivamente en el ámbito local del partido" para sufragar los gastos. Éstas habrían consistido, según el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción, en la recaudación de dinero de procedencia ilícita –por ejemplo donaciones de empresarios o cobros a sociedades por trabajos no realizados– "fundada en el clientelismo político y la corrupción que imperaban en el Ayuntamiento".

Esta parte de la investigación, la de las campañas del 2007 y 2011, fue la que no se archivó y en la que, por tanto, seguían figurando Fuster y Grau. La Audiencia explicó que la exsecretaria del grupo municipal popular aparece involucrada junto al exvicealcalde de València en la percepción de dinero de origen desconocido pero vinculado, no obstante, a cobros de empresas por trabajos no demostrados o realizados con sobrecoste. Un substrato que "permite atribuir racional e indiciariamente la consideración de dinero procedente de una actividad delictiva al dinero descubierto a través de las notas manuscritas, poseído y manejado por la apelante sin haber aportado una explicación coherente que descarte los mencionados indicios". "En razón de ello, la función ordenadora del auto dictado, sin ninguna declaración de prueba de los hechos o de culpabilidad de la presunta autora, justifica la continuidad de la causa", zanjó.

El siguiente paso inmediato a nivel judicial tendría que haber sido que el juzgado de Instrucción abriera juicio oral para ambos por estos hechos. Pero paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso de queja ante el Tribunal Supremo contra el auto de archivo de parte de la investigación, que éste desestimó el pasado abril. A día de hoy, Grau, Fuster y otros cargos de fundaciones municipales que habrían participado en los hechos siguen esperando el auto de apertura de juicio oral.