ALICANTE. La escasa inversión que los Presupuestos Generales del Estado contemplan para la provincia de Alicante, que alcanzan los 80 millones, frente a los 160 del año 2020, abocan a dirigir todas las miradas al fondo extra que el Estado transferirá a la Conselleria de Infraestructuras. Se trata de un fondo que la Generalitat sólo podrá destinar a infraestructuras y a actuaciones de movilidad sostenible. Ese fondo, dotado con 300 millones de euros, sería, según palabras de Ximo Puig, a paliar la infrafinanciación que padece y sufre la provincia de Alicante.
Por el momento, las inversiones sólo contenta a los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas-Podemos. El PP ya ha expresado sus críticas contundentes y rechazo a las cuentas; Compromís también ha anunciado que conforme están, no las respaldará. Pero al margen de si se aprueba o no, que esa inversión extra acabe canalizándose en la provincia de Alicante depende de varios factores. El primero, que las obras a financiar formen parte del acuerdo o convenio que suscriban la Generalitat y el Gobierno en enero de 2022; el segundo, que esas obras o proyectos cuenten con el proyecto constructivo ya finalizado; es decir, que estén listas para licitar y contratar, y en tercer lugar, comprobar que la Generalitat puede asumir algunas obras que corresponderían al Estado, algo que se antoja difícil, si antes no se produce algún traspaso de competencias o gestión, como podría pasar con las red de Cercanías. Con estas circunstancias, y lo que contemplen los presupuestos de la Generalitat para 2022, estas serían las obras que la Generalitat podría financiar en la provincia de Alicante con ese fondo extra.
El pasado julio, el conseller Arcadi España anunció la ampliación del Tram d'Alacant con una inversión de 165 millones, de los que una parte ya se están ejecutando en la línea 9, en el tramo entre Gata de Gorgos y Dénia. Con los fondos del Gobierno se podría financiar las ampliaciones de las líneas hasta el Hospital de Sant Joan y por el barrio de La Florida hasta el Hospital de San Vicente. Para ello, estas actuaciones deberían contar previamente con el proyecto constructivos redactados.
Proyecto anunciado por Puig en julio, y que forma parte del plan Renhace. Se trata del vial que conecta la ciudad de Orihuela con Torrevieja. La inversión fijada para este proyecto es de 30 millones. En concreto se desdoblarían 14 de los 26 km de esta carretera, en el tramo entre Bigastro y San Miguel de Salinas.
Es una obra que se ha completado parcialmente, sólo en el término de Santa Pola. Quedan en total 7 kilómetros por desdoblar hasta llegar al municipio ilicitano, que se dividirán en tres tramos; el objetivo es dejar listos administrativamente todos en un plazo de 12-14 meses, aunque la obra del último pasará probablemente a principios de la siguiente legislatura. Según dijo en su día el titular de Infraestructuras, quedaría por destinar 11,6 millones.
Las estaciones de AVE de Elche, recién puesta en marcha, y la de Villena, que lleva más años, cuentan con vías de acceso viaria con escasa capacidad para acoger mayor tráfico. En el caso de Villena, hace años que se habla del proyecto, pero nunca se ha planteado presupuestariamente, pese a que sería el mismo acceso para el futuro puerto seco.
Otra de las asignaturas pendientes viarias, el desdoblamiento de la CV-800 entre Mutxamel y Xixona, que suele saturarse por el tráfico de los camiones que van a la planta de residuos o a los polígonos industriales de ambas ciudades. El proyecto ha formado parte, incluso de los presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana y ha sido muy reivindicado por ambos consistorios.
¿Quién debe redactar el proyecto de ampliación de la N-332 a su paso por Torrevieja? Gobierno y Generalitat han discutido mucho sobre este proyecto, pero quizás ahora sea la oportunidad para que se redacte, con el fondo extraordinario del Gobierno. Otra cuestión es quién ejecuta las obras, pues la carretera es de titularidad estatal. La obra es una necesidad por la saturación de tráfico que sufre durante los meses de verano.
También el fondo extraordinario estatal sea otra oportunidad para que la Generalitat asuma la gestión de la línea férrea entre Alcoy y Xàtiva, reivindicada por casi todos los partidos políticos. La línea, muy deteriorada y con una baja ocupación, ha recibido en los últimos años una inversión cercana a los 5 millones de euros después de los años que sufrió con los temporales de hace cuatro años. Pese a ello, la línea necesita un impulso y una inversión considerable para que sea atractiva para los usuarios de las comarcas que atraviesa y su posible conexión, en un futuro, con la Alta Velocidad en Xàtiva. Falta por ver si el convenio marco entre Generalitat y Gobierno incorpora materia ferroviaria, y en ese caso, otros proyectos como el tren de la costa o los accesos al aeropuerto de Alicante-Elche.
Otra de las asignaturas pendientes de la Conselleria de Infraestructuras en la ciudad de Alicante es la ampliación de la Vía Parque, pues en algunos tramos todavía cuenta con un carril en cada dirección. Se trata de la situación que afecta a todo el trazado comprendido entre el PAU 1 y San Gabriel. El reto consiste en planificar el diseño de su desdoble, de modo que pase a contar con dos carriles por sentido, como sucede desde el PAU 1 hasta la avenida de Dénia, para evitar la formación de embudos. Los estudios y las fechas para concretar esa actuación en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del área metropolitana de Alicante.
Se trata de un proyecto que debería asumir el Ministerio de Transportes, pero que ahora podría incluirse en el acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno. En los últimos años, los PGE apenas han consignado 100.000 euros para la redacción del estudio, pero la obra requiere de una inversión de seis millones de euros. De momento, no aparece en las cuentas para 2022, pero podría ser asumida por la Generalitat, si así lo acuerdan ambas administraciones.
Ya hay inversiones en marcha en puertos como en Xàbia o en el puerto Blanco de Calp, pero el fondo extraordinario podría incluir inversiones en otros puertos, como en Torrevieja, donde una empresa privada ha presentado un proyecto para explotar una dársena con establecimientos de ocio. Algunos, como Santa Pola, necesitan inversiones, que vienen siendo reclamadas por el ayuntamiento. Podría ser alguna de las alternativas.