SAN VICENTE DEL RASPEIG. Los presupuestos de 2020 y la vivienda social han sido los temas estrella del segundo pleno telemático del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, el cual ha tenido lugar hoy, miércoles 13 de mayo. Una sesión plenaria en la que se ha eliminado -como en el celebrado en abril- el apartado de las mociones que suelen presentar los distintos grupos políticos debido a la necesidad de tratar los asuntos que se consideren de urgencia y/o los relacionados con las crisis derivada del covid-19. Sin embargo, sí se ha dado respuesta a las preguntas que las formaciones políticas han enviado por registro, relativas a las actuaciones que ha realizado el Consistorio desde la declaración del estado de alarma.
La modificación de crédito ha sido una de las protagonistas que ha obtenido un resultado positivo, aprobándose con los votos a favor (23) de todos los grupos municipales y las dos abstenciones de Vox. Se trata de la modificación de "mayor relevancia en la presente legislatura", según comenta el concejal de Hacienda, Guillermo García (PSOE). Y es que la cantidad total asciende a 1.250.000 euros para "tratar de mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria", sostiene Alberto Beviá (EU), de los cuales un millón se pretende destinar al tejido empresarial del municipio, "teniendo por objeto los comercios y las pequeñas empresas" -especifica García- y los restantes 250.000 euros a gastos sociales.
En este sentido, el portavoz de Compromís, Ramón Leyda, subraya la necesidad de "dinamizar la economía local y construir entre todos y todas lo que esta pandemia se ha llevado por delante". Y es Pablo Cremades, por parte del PP, quien expresa el deseo de "que estas ayudas sean el inicio de muchas otras". La modificación de crédito aprobada se deriva de dos vertientes: por un lado, 1,1 millones de euros del presupuesto del nuevo pabellón, ya que "el retraso en la licitación del mismo -cuyas obras aún no están adjudicadas- impide que la partida presupuestaria se lleve a cabo. Por tanto, parece lógico que ese dinero se transfiera para atender a esta situación de emergencia", respalda desde Ciudadanos Jordi Boig.
Los 150.000 euros restantes resultan de las ayudas de vivienda habitual, una procedencia con la que se ha mostrado en desacuerdo Adrián García (Vox), quien considera que "se pueden destinar otras partidas de gasto superfluo, pero no de gasto social para gasto social". Por su parte, el portavoz de Podem, David Navarro, alega el acierto en el incremento de estas partidas, pero matiza que "aún sigue siendo insuficiente, por lo que se debería aumentar en 600.000 euros más para llevarlo a cabo con unas mínimas garantías". Además, cuestiona que no se hayan llevado a pleno otras modificaciones como Fiestas de Moros y Cristianos, Hogueras, procesiones o la muestra de comercio, "ya que también han quedado canceladas para este año".
El tema más ansiado por todas las formaciones políticas ha sido, quizás, la aprobación inicial de la ordenanza que regula la adjudicación y el uso de las seis viviendas de emergencia social que son propiedad del Ayuntamiento. Una ordenanza que, según garantiza la concejala de Bienestar Social, Isabel Candela (PSOE), "pretende ser un instrumento vivo, no exento de dificultades, pero que intentará adaptarse a la realidad de cada momento y cuya finalidad es la de intentar solucionar las emergencias habitacionales urgentes". Este asunto ha valido la aprobación por unanimidad, no sin antes remarcar la tardanza en cuanto a la elaboración de la misma: "Esto podría estar aprobado ya", enuncia desde Ciudadanos Mariela Torregrosa.
Por su parte, Lourdes Galiana (PP) anota que "existen matices de la ordenanza que se podrían debatir, pero, en este momento de crisis sanitaria, debe primar su aprobación". Y es David Navarro (Podem) quien pide al Ayuntamiento -y, en concreto, a la Concejalía de Bienestar Social- "que haga todo lo que esté en su mano para que este año se puedan ejecutar esos 150.000 euros previstos en el presente presupuesto para la compra de vivienda social". Una petición que secunda Raquel Rodríguez (EU), que insta a "continuar en esta línea y dotar a San Vicente de un parque de viviendas sociales para que ninguna familia de nuestro municipio se quede sin alojamiento alternativo".
Un parque fundamental para que no ocurran situaciones como la que expone David García (Vox): "Por la falta de medios y ausencia de mecanismos, usuarios de servicios sociales han tenido que abandonar nuestro municipio, fruto de la imposible tarea de encontrar un alojamiento en régimen de alquiler como consecuencia de los escasos recursos habitacionales". Y es que "las políticas de emergencia social, económica y habitacional son imprescindibles si queremos seguir construyendo un modelo de sociedad justa e igualitaria, donde la ciudadanía tenga las mismas oportunidades", manifiesta Ramón Leyda (Compromís).