Urbanismo defiende la protección de las bases del PGOU y las ampliará para catalogar más edificios

ALICANTE. El catálogo de protecciones que el tripartito de Alicante pretende volver a debatir en pleno en la sesión ordinaria de este mes como documento de partida para el futuro Plan General Estructural (PGE) tendrá una segunda y futura fase en la que se pretende ampliar el listado de inmuebles a proteger. No se maneja ningún plazo ni fecha concreta para tramitarla, pero los técnicos de la Concejalía de Urbanismo ya están trabajando en la incorporación de esos nuevos edificios, "en respuesta a las peticiones formuladas por varios colectivos sociales y colegios profesionales a través de sus alegaciones a la actual propuesta del catálogo", según confirmó este miércoles el edil del área, Miguel Ángel Pavón (Guanyar).

Entre esos colectivos que habrían reclamado una catalogación más exhaustiva figura, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos. Según Pavón, a través de sus alegaciones, la entidad colegial llegó a proponer un listado de edificios racionalistas del siglo XX "que los técnicos municipales no han llegado a contemplar y que ahora podrían incorporarse, entre otros ejemplos", explicó. 

Así, en respuesta a la valoración expuesta por la nueva junta directiva del Colegio Oficial de Aparejadores (COAATIE) a Alicante Plaza sobre los riesgos de un exceso de protección, el responsable del área insistió en que "no es que hayamos protegido demasiado, es que queda todavía mucho por catalogar a partir de criterios técnicos". "No entiendo su posición, puesto que se incluyen prácticamente los mismos edificios que ya preveía la versión del catálogo que se tramitó bajo el mandato del PP, al que se han añadido una veintena de inmuebles como el Asilo de Benalúa", insistió. 

"Ese edificio tiene determinados elementos arquitectónicos, como un patio interior, que se tienen que mantener pese a que aleguen que eso impide buscar una rentabilidad económica a las plantas superiores", recalcó, en alusión a la propuesta que la anterior cúpula de los aparejadores llegó a plantear para compatibilizar el uso colegial del inmueble de Rafael Altamira con el desarrollo de apartamentos turísticos.

Belmonte y el voto necesario

En cualquier caso, al margen de esa futura ampliación del catálogo, Pavón sí confirmó la voluntad del equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) de ajustar la versión que se planteó en el pleno de mayo para descatalogar dos monumentos que presentan referencias franquistas como la Cruz de los Caídos y el Monumento a los Caídos de la Vega Baja, a partir de los argumentos jurídicos que ofrece la Ley de Memoria Histórica. 

Como viene publicando este diario, Urbanismo dictó una instrucción a principios de junio por la que se acordaba solicitar informe a la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura sobre cualquier expediente de petición de licencia que afectase a un edificio incluido en la propuesta de catálogo, durante el tiempo en el que se demorase la posible suspensión de planeamiento solicitada ante la Conselleria de Vivienda y Vertebración del Territorio. 

Además, la concejalía dispone de un plazo legal de dos meses para resolver sobre cualquier petición de licencia, por lo que podría eludir la concesión de posibles autorizaciones en el caso de que el catálogo quedase aprobado a finales de este mes. Hasta ahora, al margen de una reforma interior sobre la sede del Banco de España, sólo ha trascendido la petición de Hansa Urbana para actuar sobre un edificio catalogado de la calle José María Py.

En esta línea, Pavón se mostró esperanzado en que Belmonte confirme su voto a favor del catálogo, después de que se le hayan facilitado los informes que solicitó sobre las consecuencias que conllevaría la posible presentación de demandas de responsabilidad patrimonial por parte de empresas o particulares que se considerasen afectados. Los 14 concejales del tripartito requieren al menos un voto más, ya que para que la propuesta prospere resulta necesario contar con mayoría absoluta.