El edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), en una comparecencia pública, de archivo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La protección de los edificios en fase de catalogación quedará en manos del Consell. Como mínimo, esa es la intención de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, como línea de actuación frente a las peticiones de licencia que puedan presentarse sobre esos inmuebles tras la caducidad del plazo de suspensión de permisos concedido hace dos años, el pasado 10 de junio.
Como ha informado Alicante Plaza, el primer supuesto de este tipo corresponde a la petición registrada por Hansa Urbana para demoler el edificio del número 2 de la calle José María Py, incluido en la propuesta de catálogo con un grado de protección parcial. La empresa dirigida por Rafael Galea solicita permiso de demolición para construir un inmueble de nueva construcción y uso residencial, con once nuevas viviendas y bajos comerciales. Durante la jornada del martes, según fuentes municipales, no se había registrado ninguna nueva solicitud de licencia similar.
El vicealcalde y concejal del área, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), avanzó este martes que, de acuerdo con las medidas cautelares previstas en la instrucción urbanística dictada hace una semana, "se va a pedir informe a la Conselleria de Cultura" para que analice si esa o alguna otra solicitud de licencia implica que "corran peligro los valores que protege la Ley Valenciana de Patrimonio Cultural". "Vamos a intentar que estos edificios no terminen derribados; hemos aprobado una instrucción que establece medidas cautelares de protección sobre edificios en trámite de catalogación en función de lo que establece la Ley Valenciana de Patrimonio Cultural", insistió.
El edil de Urbanismo considera que, si se denegasen las licencias solicitadas, se debería indemnizar solo por el coste de redacción del proyecto
Pavón reiteró que, en cualquier caso, el Ayuntamiento dispone de un plazo legal de dos meses antes de contestar a cualquier petición de licencia y volvió a confiar en que "se pueda aprobar provisionalmente el catálogo y que conselleria prorrogue la suspensión de licencias", en respuesta a la petición aprobada por el tripartito en Junta de Gobierno.
La aprobación del catálogo continua supeditada al respaldo de al menos un concejal de la oposición. Pavón volvió a apelar a la reflexión de todos los grupos políticos que votaron en contra de la propuesta en el pleno de mayo para que permitan que el documento pueda tramitarse. Al menos el sentido del voto de uno de esos concejales, la edil no adscrita Nerea Belmonte, depende del contenido de los informes jurídicos solicitados antes de ese pleno para garantizar que el catálogo no expone ni al Ayuntamiento ni a los ediles a título personal al pago de posibles indemnizaciones por parte de empresarios o propietarios del suelo que pudiesen considerarse afectados.
El alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), confirmó este martes que esos informes ya estaban solicitados a la asesoría jurídica municipal y que se facilitarían cuando estuviesen listos.
Sea como fuere, Pavón sostuvo que si finalmente se rechaza las peticiones de licencia sobre elementos en fase de catalogación, en todo caso creemos que sólo "se debería indemnizar por el coste de redacción del proyecto, nada más, nada de lucro cesante", insistió.
