La reunión del consejo escolar municipal celebrada el pasado viernes. Foto: APALICANTE. La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Alicante ha considerado hoy, a través de un comunicado, que el Consejo Escolar Municipal se ha convertido en un instrumento en el que se ha utilizado a la figura de los conserjes municipales que trabajan en los colegios de la ciudad en una elemento más del "pulso político del conseller Marzà y la concejala de Educación, Maria José Espuch contra el alcalde y la propia jornada continua aprobada por la comunidad educativa".
UGT, que se une al SEP en su respaldo al decreto firmado por el primer edil para ajustar la jornada de los bedeles a la finalización del horario lectivo implantado con la llamada jornada continua (fin de las clases a las 15:30 horas), llega a considerar que el consejo escolar municipal se habría convertido en "un consejo inquisitorial". En esta línea, el sindicato insiste en que la competencia sobre la jornada laboral de los conserjes escolares, como el del resto de los funcionarios que trabajan en el ayuntamiento, es municipal y lamenta no haber podido estar presentes en la reunión del consejo celebrada el pasado viernes (según UGT, sólo se pudo elevar un manifiesto para su consideración) para defender su posición. Por último, insisten en que "el cierre de colegios se ha hecho indistintamente por empresas de comedor, empresas de actividades extraescolares, AMPAs y, a última hora del día, por el personal de limpieza dependiente del Ayuntamiento de Alicante".
Como publicó Alicante Plaza, la reunión del Consejo Escolar se cerró con un acuerdo aprobado por amplia mayoría en el que se solicitaba la suspensión cautelar del decreto de Alcaldía de septiembre por el que se fijaba que la jornada laboral de los conserjes terminaba a las 15:30 horas. Según el acuerdo del consejo, esa decisión supone incumplir las responsabilidades que la ley asigna al ayuntamiento de vigilancia y mantenimiento de los centros durante toda la jornada escolar, que finaliza a las 17:00 horas. Esa es, precisamente, la conclusión de un informe emitido por la subsecretaría de la Conselleria de Educación, con el que el departamento autonómico daba un mes de plazo a Echávarri para retirar ese decreto con la advertencia de que, en caso contrario, interpondría un contencioso para que fuese la justicia quien anulase esa decisión. El alcalde dejó claro el pasado viernes que su decreto es legal y que lo mantendría hasta sus últimas consecuencias.
