La portavoz de Vox en Alicante, Carmen Robledillo, junto al alcalde, Luis Barcala, reunidos, en imagen de archivo.ALICANTE. El balance sobre las enmiendas al presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para 2024 presentadas por los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición vuelve a situar a Vox como socio preferente del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a la hora de propiciar que las cuentas queden aprobadas en el pleno. Por lo pronto, el informe de resolución de esas propuestas de modificación elaborado por los técnicos de la Concejalía de Hacienda deja vivas, pendientes de admisión o rechazo durante su debate en la comisión de Hacienda, más de la mitad de sus aportaciones: 16 de las 26 presentadas. O lo que es lo mismo el 61,5%.
Se trata, de este modo, del mayor porcentaje de propuestas de modificación presupuestaria admitidas para su discusión política entre las presentadas por el resto de formaciones representadas en el Ayuntamiento. Le sigue, a bastante distancia, el índice de admisión a trámite adjudicado a las enmiendas de Compromís: un 30% (18 de 60). La tercera posición sería para el PSOE, con un 27,72% de sus propuestas pendientes de votación (28 de 101). Y cerraría el listado Esquerra Unida Podem, con un 11,11% (4 de las 36 presentadas). Al margen de ello, se acepta también dos autoenmiendas presentadas por el propio PP para corregir dos previsiones de gasto: la primera incrementa la dotación para cubrir el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) con otros 608.000 euros más, tras la advertencia formulada por Intervención sobre la falta de recursos para financiar su prestación; la segunda, para subsanar un error también apreciado por Intervención respecto a la base número 8 de ejecución del presupuesto.
En todo caso, ese balance de admisión de enmiendas, fruto de las consultas elevadas a cada concejalía (y, por consiguiente, tras someterse a un primer filtro político) determina que sea Vox el grupo opositor que quede posicionado de nuevo como aliado más próximo a los populares ante la expectativa de que la admisión de parte de esas 16 sugerencias que han pasado el corte desde el punto de vista de su viabilidad y corrección técnica puedan propiciar que los cuatro ediles del partido de Santiago Abascal faciliten que las cuentas del PP prosperen. Para ello, no tendrían ni que votar a favor. Bastaría con que se decantasen por la abstención para que la planificación económica trazada por los populares pueda quedar validada por mayoría simple (más votos a favor que en contra) con el respaldo de sus 14 ediles en una corporación formada por 29 concejales.
Lo cierto es que las propuestas de Vox admitidas a debate en la sesión de la comisión de Hacienda ya convocada para este jueves serían las que tendrían mayor acomodo por su carácter amable, ya que en algunos casos se plantea solo la creación de nuevas partidas simbólicas con una dotación de un euro a complementar con sucesivas modificaciones de crédito en el futuro, o por su cercanía ideológica con las directrices que marca la gestión municipal del PP.
Entre ellas, se incluyen propuestas como la incorporación de una partida de 5.000 euros para el desarrollo de estudios sobre la redacción de un Plan Integral para las Partidas Rurales, a la que el PP dotaba con un euro; de la creación de otra con 20.000 euros para la redacción de otro Plan de Actuación en el barrio de San Antón; del destino de 5.000 euros más para desarrollar estudios para un plan de vías verdes y circuitos cardiosaludables, que ya estaba contemplado con un euro; o la ampliación en 100.000 euros en la partida de estudios y trabajos técnicos que se plantea destinar en su integridad, con un total de más de 125.000 euros a la redacción de un proyecto del Museo de Belenes, por ejemplo.
De este modo, se rechazan algunas de las aportaciones que podrían resultar más controvertidas, como la creación de una partida de un euro para la adquisición de pistolas eléctricas para la Policía Local (se apunta que ya existe una partida destinada a la compra de armamento), la creación de una oficina antiocupación (se argumenta que no es una competencia que dependa de Presidencia: el órgano en el que se proponía la dotación de fondos) o de otra destinada a ofrecer asistencia a la maternidad (se justifica la desestimación en la existencia de programas similares ya en marcha).
En todo caso, la aceptación -por su adecuación formal y la posibilidad de encaje- de las sugerencias de Vox no allanaría todavía una posición que permitiese que las cuentas quedasen aprobadas, ya que, hasta el momento, no se habría dado respuesta al requisito esencial planteado hasta ahora por sus representantes: que el equipo de gobierno diese a conocer la ordenanza reguladora que marcará el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con el fin de disponer de garantías de que no se aplicarán sanciones en caso de que se implanten restricciones a la movilidad en los dos anillos en los que se configura el proyecto.
Hasta ahora, como avanzó este diario, los populares sostienen que todavía se está trabajando en la redacción de esa normativa, después de que se haya concedido una prórroga de seis meses para la implantación de la red de control que permitirá monitorizar el funcionamiento de la ZBE, y de que se haya ampliado el plazo de ejecución de las obras de reurbanización y calmado de tráfico pendientes de conclusión hasta finales de 2024.
Así, el planteamiento que se sigue defendiendo al respecto es que la ZBE no conllevará restricciones a la movilidad en tanto que Alicante no presenta índices de contaminación que motiven la aplicación de ese tipo de medidas. Y menos, después de que se haya planteado la reducción de carriles en algunos de los ejes principales del Centro que obligan a reducir la velocidad, con el consiguiente descenso de las emisiones contaminantes a la atmósfera.
En cualquier caso, si ese discurso no llega a convencer a Vox, y sus ediles mantienen su línea roja, el PP quedaría abocado a buscar los votos de otro grupo político entre las filas de la oposición para no tener que gestionar un nuevo ejercicio con el presupuesto prorrogado de 2022, toda vez que no llegó a debatirse las cuentas diseñadas para 2023 (precisamente, por falta de apoyos).
Al margen de ello, el informe de resolución de las enmiendas plantea el rechazo de gran parte de las propuestas registradas por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem con dos argumentos centrales que tienden a repetirse en la mayor parte de las argumentaciones justificativas. La primera, que en muchas de las sugerencias se promueve la incorporación de fondos a órganos (concejalías) para el desarrollo de proyectos que no recaen entre sus competencias. Y la segunda, que se plantea mover partidas que vienen a resultar intocables en la medida en que el 100% de la dotación prevista está comprometida para cubrir determinados gastos irrenunciables, en tanto que están asociados al cumplimiento de distintos contratos, por ejemplo.
Entre las que sí se aceptan a trámite, se incluyen básicamente las que plantean la creación de partidas simbólicas, con una dotación inicial de un euro, con el fin de que puedan ser suplementadas (ampliadas) a través de modificaciones de crédito posteriores para financiar la realización de estudios o redacción de proyectos de algunos de los proyectos pendientes de ejecución anunciados en los últimos años, como la propuesta de Esquerra Unida Podem para la adecuación de la Plaza de Toros como espacio cultural; la registrada por Compromís para la redacción del proyecto de un Centro de Baja Exigencia (CIBE) o la promovida por el PSOE para impulsar un plan de reurbanización en el barrio del Cementerio. Todas ellas, además, carecen de carga política que quede contrapuesta a la línea que viene definiendo la gestión desempeñada por el PP hasta el punto de figurar en su propio programa electoral.
Por último, el informe también desestima las enmiendas a la totalidad registradas por Esquerra Unida Podem y por el PSOE. Sobre la primera, el dictamen se limita a apuntar que la propuesta promovida por la confluencia no se acompaña de ninguna motivación justificativa más allá de una mera posición política. Y sobre la presentada por el PSOE, se rechazan todos los argumentos con los que quedaría fundamentada. Así, se descarta que el presupuesto del PP no cumpla con los plazos previstos; se mantiene que sí se cumpliría el principio de estabilidad presupuestaria y que los ingresos por la recaudación de determinados impuestos como el Icio sí estarían debidamente justificados. Además, el dictamen añade que no se habría incluido algunos gastos comprometidos, como el derivado del proyecto de rehabilitación arquitectónica en Virgen del Remedio, en la medida en que se sigue negociando las aportaciones que corresponde asumir a las comunidades de propietarios.
Por último, respecto al presupuesto alternativo planteado por el PSOE, se apunta que no quedaría debidamente acreditado el incremento de ingresos para cubrir los gastos previstos, para los que los socialistas sugieren la contratación de un préstamo adicional de 39 millones.
Ese conjunto de consideraciones llevó, este lunes, a la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha ofrecer una primera valoración en la que apuntaba que "la batería de enmiendas registrada pretende modificar unos presupuestos que no dan respuesta a las necesidades sociales, no corrigen el desequilibrio entre los barrios e incluyen recortes inaceptables". A ese respecto, añadió que "se están analizando los motivos esgrimidos para el rechazo o la aceptación del centenar de propuestas registradas por el principal grupo de la oposición". Y enfatizó que "los socialistas seguiremos defendiendo hasta el último minuto los intereses de todas las alicantinas y los alicantinos frente a un alcalde que no tiene credibilidad porque, hasta el mes de noviembre, Barcala solo ha sido capaz de ejecutar dos de cada 10 euros previstos en inversiones para 2023".
