Playa de Levante de Benidorm. FOTO: Pepe Olivares.El Ayuntamiento tendrá que aprobar este lunes la prórroga de los contratos actuales porque terminan el 30 de noviembre y el tribunal no ha respondido aún a los recursos sobre la nueva licitación. Si contestan antes de final de contrato, podrían romper la prórroga
BENIDORM. Los mega contratos en la ciudad de Benidorm tienen más trabas de las que le gustaría al Ayuntamiento. El último escollo que tienen que salvar está en la joya de la localidad: las playas. Este lunes la corporación se reúne en pleno para debatir sobre una propuesta de la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, como es la prórroga de los contratos actuales del servicio de socorrismo y de hamacas (por separado) por un año.
La situación ha llegado hasta ese punto porque la nueva licitación sigue en los tribunales, ya que varias empresas recurrieron las condiciones de los pliegos, como publicara este diario en su momento, y todavía no se ha pronunciado.
Como los tiempos se han apurado hasta el último día, el Ayuntamiento se ve en una tesitura que no se resolverá hasta el primer día de diciembre. Esto es, los contratos actuales terminan el 30 de noviembre, por ello, para resolver cualquier gestión sobre el futuro de estos servicios sólo tienen el pleno de este mes, que se celebra este lunes día 28. Y lo hacen así poniéndose en la situación de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) no conteste antes del último día de noviembre.
La edil del área explicó a este diario que aún queda otra opción. En el caso de que resuelvan en contra de los recursos antes del 30 de noviembre, podrían romper la prórroga –si el pleno la hubiera aprobado–. Y así, procederían a la apertura del sobre B y C al momento, para adjudicarle la licitación a la única empresa que ha concurrido y si se ajusta a las condiciones requeridas.
Pero si no se dieran todas estas circunstancias, el Ayuntamiento estaría ante una posición inédita: sin servicio en las playas. De ahí la importancia del acuerdo que se pueda tomar en el pleno de este lunes, y que según ha podido saber este diario, parte de la oposición estaría dispuesto a votar a favor.
Las razones que esgrimen están en los informes del interventor y el secretario. En esencia, indican que la prórroga tiene que ser de un año porque se trata de un servicio en el que no se puede prorratear las ganancias. Es decir, los beneficios que obtiene en diciembre y enero, no serían los mismos que en agosto. Como consecuencia, en el caso de que le quitaran el contrato antes de los meses fuertes, la mercantil RA estaría en el derecho de exigirles una indemnización.
De ahí que si los recursos ganan la batalla, el Consistorio tendrá que sacar de nuevo otros pliegos para redactar una nueva licitación, pero ya de cara a 2018. Y si el TACRC responde en contra de los recursos, pero más tarde del 30 de noviembre, también continuaría la prórroga, por el mismo motivo.
Pero no sólo el servicio de las playas está estancado. El de la gestión del agua potable y alcantarillado en Benidorm está en una situación parecida. El Ayuntamiento aprobó la prórroga del acuerdo con Hidraqua, pero a esto se sucedieron los recursos de Aguas de Valencia y la oposición. Para el próximo pleno parece que empieza a ver la luz este contrato, con la desestimación de todos los recursos, entre ellos, el de Aguas de Valencia, como ya adelantara Alicante Plaza. En esta ocasión, el contrato vence en julio del 2017.
Otro de los casos flagrantes es el de la estación de autobuses que adjudicaron a la UTE de Ortiz. Esta vez, el Consistorio está a la espera de que se confirme la tasación de las instalaciones. Los tribunales obligaron a liquidar el contrato con el empresario más famoso de Alicante a cambio de que volvieran a sacar a licitación el complejo. Pero esto último necesita la tasación, que llegó al Ayuntamiento hace dos semanas.
La espera se origina por el hecho de que no están de acuerdo con muchas de las apreciaciones del informe externo, y entienden que hay lagunas, como criticó en su día Ciudadanos (C's). Por ello, han pedido a la empresa la corrección de los errores y se han dado plazo de 20 días para supervisar este documento que ponía la valoración en seis millones por debajo de lo que había calculado el municipio, cifra censurada por Compromís-Los Verdes. Un dato que confirmó la edil de Urbanismo, aunque aseguró que la diferencia disminuiría por lo fallos en el texto.
