Nuevo recurso del urbanizador del Murtal para ganar tiempo con el pago de 60.000 euros

BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm tendrá que lidiar de nuevo con otro proceso judicial por la urbanización del Murtal. La empresa encargada, Prometosa Construcciones, ha interpuesto un recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por la junta de gobierno del pasado 2 de octubre, en el que se le daba 10 días para que presentara los justificantes del abono o consignación de las indemnizaciones a los acreedores netos.

Según ha podido saber este diario, un pago a cuatro acreedores que asciende en total a 62.575,01 euros. Al parecer, una deuda que no es la primera vez que le requieren para abonar y que iría a propietarios que con el suelo que tienen, no completan una parcela entera, por lo que se les tiene que compensar. 

De este modo, la empresa pide que se suspenda el acuerdo tomado, pero la propuesta de la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, resuelve denegar esta solicitud.

No obstante, fuentes municipales indicaron que esto no impedirá la urbanización de la zona, que ha estado una década enquistada y que hace un año quedó desbloqueada toda vez que los técnicos municipales aprobaron el proyecto de reparcelación. 

La historia que ha vivido el Ayuntamiento con la urbanizadora ha estado plagada de decisiones judiciales. Como consecuencia, ha dejado paralizado durante años el desarrollo de esta zona de Poniente, un sector que ocupa 907.656 metros y en el que se previó la construcción de hasta 2.900 viviendas.

En cuanto a los procesos judiciales, sin ir más lejos, a principios de año interpuso un contencioso administrativo contra el ayuntamiento de Benidorm por no estar conforme con el proyecto de reparcelación. Un recurso del que terminó desistiendo.

En 2000 empezó todo, cuando este suelo fue adjudicado a la mercantil Prometosa Construcciones, que presentó su primer proyecto de urbanización un año después. La aprobación definitiva de la Conselleria llegó en 2003, pero hasta 2006 no se suscribió el convenio urbanístico con el ayuntamiento, que quedó estancado después de los litigios abiertos.

Según el convenio firmado entre ambas partes en 2006, el urbanizador deberá depositar hasta 8,5 millones de euros en varios plazos.