El delegado de Presidencia, Esteban Vallejo, el presidente de IFA, José Luis Gisbert y la directora general Esther Gilabert. Foto PEPE OLIVARESELCHE. Las cuentas del recinto IFA, propiedad de la Generalitat Valenciana, y emplazado en el término municipal de Elche, seguirán siendo toda una maraña sin descifrar. La Intervención de la Generalitat no contempla en un pronto plazo hacer una auditoría de su estado: en estos momentos, arrastra una deuda aproximada de unos 70 millones de euros y la Conselleria de Economia busca una salida parecida a la de Feria Valencia para que sea el propio Consell quien asuma sus deudas y la entidad comience desde cero.
El consejo rector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) acordó en junio del pasado año pedir a la Intervención un informe sobre el origen de los problemas de IFA similar al que el órgano fiscalizador realizó previamente sobre Feria Valencia en el que detectó sobrecostes millonarios. El ente que dirige Manuel Illueca tomó esta decisión tras haber puesto a disposición del recinto alicantino 60 millones de euros mediante créditos o avales y ante los reiterados incumplimientos para atender los vencimientos.
A pesar de que entonces se dijo que el organismo albergaba "importantes dudas" sobre el destino de esos fondos, la Intervención no ha incluido a IFA en su programación de fiscalizaciones especiales. Para justificarlo, el ente fiscalizador argumenta que la situación no es comparable a la de Feria Valencia porque en el caso del recinto valenciano el IVF actuó como avalista mientras que, en el caso de IFA, dio directamente los créditos.
IFA arrastra un problema, que ha sido el origen todos sus males: inició un proceso de ampliación y lo dejó a medias. Los entonces gestores de la entidad, con Modesto Crespo a la cabeza, comenzaron un proceso de adquisición de suelo y urbanización de terrenos aledaños para gestar el proyecto del IFA Arena, que consistía en construir un pabellón con capacidad para 10.000 espectadores y poder albergar eventos musicales de más envergadura, aprovechando su cercanía con Alicante y Elche y la buena conexión con el resto de la provincia de Alicante.
El proyecto de ampliación tenía un coste cercano a los 50 millones de euros, de los que 22 millones se destinarían a la urbanización de los terrenos, con los que el entonces aquel equipo directivo pensaba vender algunas parcelas resultantes y financiar las nuevas obras. Para entonces, en la etapa de Francisco Camps, la Generalitat avaló todas las operaciones crediticias: primero con bancos convencionales, pero cuando empezó la crisis económica, fue el Instituto Valenciano de Finanzas quien tuvo prestar el dinero con el aval de la Conselleria de Economía.
La crisis apretó de lo lindo en 2011 y 2012 y se tuvieron que cancelaran los créditos con la banca privada. Pero no todo quedó ahí: con la prima de riesgo disparada y los intereses en su nivel más alto, el IVF tuvo que hacer créditos puente sólo para pagar los intereses que le estaban generando los créditos iniciales.
La cuestión es que todo con los problemas de Tesorería de la Generalitat y la reconversión del sector público valenciano, el proyecto de ampliación de IFA quedó en el aire. Las obras de urbanización se paralizaron. El recinto ferial sobrevivió, tras realizar un Expediente de Regulación de Empleo, con la actividad de las ferias y algunos conciertos de música que acogió. Sólo se pudo llevar a cabo la transformación del Pabellón 1 en la zona Meet para acoger eventos y la rehabilitación de la cubierta del pabellón 2, que está pagando el actual Gobierno del Botánico. Gracias a esa conversión, IFA pudo acceder a los créditos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y pagarse algunas deudas que arrastraba. En los próximos días, por ejemplo, debe pagarse la factura del arquitecto que diseñó la ampliación, José María Tomás Llavador, al que se le adeudan 1,8 millones de euros por un proyecto que ha resultado, de momento, fallido.
El director general de Comercio, Natxo Costa, en una visita a la feria del automóvil de IFA. Foto PEPE OLIVARES Han pasado dos años del cambio del Gobierno en la Generalitat, e IFA sigue bloqueada: tiene los fondos suficientes para su actividad y pagar las últimas facturas de la reforma. Pero cuando sale un imprevisto, como ha sido el embargo de Suma, de 375.000 euros, por el impacto del IBI del Ayuntamiento de Elche, tiene tensiones de tesorería. Economía no le puede inyectar más dinero hasta el nuevo presupuesto y necesita avales del Instituto Valenciano de Finanzas para hacer frente a imprevistos. Pero, de momento, el IVF no le suelta prenda, pese a que Compromís, desde Economía, se los suplica.
La actividad de ferias y alquiles de espacios de IFA apenas le da para sobrevivir como se ha demostrado. Pero, la ampliación está paralizada, y lo peor es que pudiendo tener activos urbanísticos que ofrecer, no puede porque la ampliación no está registrada: necesitaría una inyección de unos 800.000 euros para poder registrarla y, de esta manera, acabar la obras y poder vender algún activo aprovechando que está ubicada en un nudo viario y que tiene al lado al aeropuerto. Es decir, podría ser una vía de ingresos que está actualmente taponada.
En resumen, que se desconoce con detalle la deuda del recinto ferial, que tiene problemas de tesorería y que dispone de 300.000 metros cuadrados de suelo urbanizable y 200.000 metros de edificabilidad cuyo futuro no aparece en los planes del Gobierno del Botánico. De momento, el Consell trabaja en una forma jurídica para darle salida a la deuda, aunque la Intervención, como parece, no la vaya a auditar. Pero visto lo sucedido en Feria Valencia, los criterios de Economía (Compromís) y Hacienda (PSPV-PSOE) a veces no son coincidentes.
