Los diputados de Compromís, el día que presentaron la denuncia en la Fiscalía Provincial de Alicante..ALICANTE. El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante presentó ahora hace un año una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra las 70 facturas irregulares halladas en el seno de la comisión de investigación de la gestión del PP entre 2004 y 2009. La denuncia se amplió, asimismo, con facturas, supuestamente anómalas, también en los ayuntamientos de Benidorm y Torrevieja. Sin embargo, el ministerio público no ha reaccionado de manera uniforme: mientras la causa de Alicante se ha desgajado en tres -Diputación Provincial, ayuntamientos de Benidorm y de Dénia-, la de Torrevieja ha sido archivada por la Fiscalía, pese a que los motivos eran idénticos. En Orihuela, donde se produjeron las mismas prácticas -troceamiento de contratos y adjudicaciones irregulares-, el caso está pendiente de ser juzgado.
Por el momento, el juzgado número siete de Alicante, que es quien ha asumido la denuncia referente a los contratos de la Diputación Provincial, entre 2007 y 2008, ha citado a declarar, en calidad de investigados, a los exdirectores económicos del Patronato de Turismo Costa Blanca Ana Kringe (ex alcaldesa de Dénia) y Miguel Juan Baldó y dos empresarios, que comparecerán por un delito contra la Administración por supuestas irregularidades en los contratos para el montaje del expositor de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
La causa se abrió el pasado septiembre, siete meses después de que el grupo de Compromís en la Diputación de Alicante denunciara los hechos ante la Fiscalía. El magistrado José Luis de la Fuente ha practicado diversas diligencias y ha citado ahora a declarar como investigados (término que sustituye al de imputado tras una reforma legal) a Baldó, Kringe (que fue también alcaldesa de Dénia por el PP) y a los administradores de las empresas adjudicatarias.
La investigación se centra en las adjudicaciones del Patronato de Turismo Costa Blanca, un organismo dependiente de la Diputación de Alicante, para Fitur en los años 2007 y 2008, cuando la corporación provincial estaba presidida por José Joaquín Ripoll (PP).
Las empresas que se hicieron con estos contratos son Equipamiento Integral para Stands Molinos SL y Exporiggin SL, regentadas por el matrimonio compuesto por Javier Molinos y Mercedes Lasa, ambos investigados en esta causa. Hace un año, en su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, Compromís presentó setenta facturas y cifró este presunto fraude en 3,2 millones.
Los denunciantes sostienen que hubo fraccionamiento ilegal de contratos, "manipulación" de concursos públicos abiertos y "sobrecostes" no justificados. Las dos empresas adjudicatarias están administradas por este matrimonio del País Vasco que ha sido encausado en otro procedimiento penal por la contratación de los expositores municipales de Orihuela para Fitur, junto a la expresidenta del PP oriolano, Pepa Ferrando.
La concejala Pepa Ferrando, en el centro, que será juzgada por las contrataciones de Fitur en el Ayuntamiento de OrihuelaEl vicepresidente y diputado de Promoción Turística de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha expresado su "máximo respeto" a la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en 2007 ha ofrecido su colaboración "para que este asunto se aclare lo antes posible". "Desde el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante mostramos, como lo hemos hecho siempre, nuestro máximo respeto hacia esta decisión judicial y ofrecemos nuestra colaboración para que este asunto se aclare lo antes posible", ha indicado Dolón.
Desde el equipo de gobierno del PP se ha apuntado que la denuncia de estos hechos "surge de la Comisión de Investigación impulsada por la Diputación de Alicante en la que este equipo de gobierno ha actuado con total transparencia, facilitando en todo momento a la oposición todos y cada uno de los documentos que se no han solicitado". El actual vicepresidente del Patronato Costa Blanca ha resaltado que los hechos presuntamente irregulares que han sido denunciados "tuvieron lugar en otra legislatura, ya que se hace referencia a adjudicaciones realizadas hace más de diez años".
Además de Alicante, a petición de la propia Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha acordado remitir una parte de la causa a los juzgados de Benidorm y Dénia para que investiguen las adjudicaciones a las mismas empresas de los ayuntamientos de Benidorm, Altea, Benissa, El Vergel y Teulada. Hay que recordar que Compromís también llevó el caso de Benidorm ante la Fiscalía, que en este caso está conformado por expedientes de contratación de facturas valoradas en 1,6 millones de euros. Con posterioridad, los ediles de Compromís también aportaron facturas de los ayuntamientos de Altea, Benissa, Teula y Dénia, de ahí que el juez haya instado a que se abra otra causa en los juzgados de Dénia, diferente a la de Benidorm.
La ex alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, que ha sido citada como investigada por la causa de la Diputación de Alicante.El Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por Los Verdes, también llevó ante Fiscalía los contratos Exporigging y Equipamientos Integrales de Stands Molinos SL, que ascendían a 1,4 millones, suscritos entre 2015 y 2011. Sin embargo, la Fiscalía de Torrevieja ha archivado la denuncia del consistorio y en estos momentos, se está a la espera de si la decisión se recurre o no.
