El edificio sobre el que Hansa Urbana ha solicitado licencia de demolición, en la calle José María Py.ALICANTE. Se abre la veda. La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ya tiene sobre la mesa la primera petición de licencia de derribo sobre un edificio incluido en la propuesta de catálogo de protecciones tumbado por los grupos de la oposición en el último pleno. Y no es una petición cualquiera, ya que lleva la firma de una vieja conocida del Ayuntamiento. Se trata de una solicitud presentada por la promotora Hansa Urbana, propietaria del número 2 de la calle José María Py, esquina con Benito Pérez Galdós, que pretende levantar un nuevo inmueble con viviendas de 2 y 3 habitaciones tras la demolición del edificio actual. De hecho, hace meses que en su fachada penden carteles anunciando la futura promoción.
La empresa dirigida por Rafael Galea (a la que el Ayuntamiento fue condenado a indemnizar con un pago de 18 millones por arrogarse más aprovechamiento suelo del que le correspondía en la urbanización del PAU 4, en La Condomina) trata de aprovechar, así, el resquicio abierto en la protección de los edificios catalogados, sólo dos días después de que finalizase la suspensión de licencias por un plazo de dos años acordada en 2015.
El inmueble en cuestión, de planta baja y dos pisos y construido en 1948, forma parte del catálogo con un grado de protección parcial, lo que, de haber entrado en vigor, determinaría que cualquier actuación en el inmueble debería mantener su número de alturas y la fisonomía de su fachada. En principio, según pudo saber Alicante Plaza, la división inmobiliaria de Hansa pretendería construir once nuevas viviendas. Al parecer, la empresa ya había presentado alegaciones solicitando que el edificio no figurase en el catálogo durante sus dos fases de exposición al público.
La Concejalía de Urbanismo tiene ahora un plazo de dos meses para dar respuesta a esa petición de licencia. El edil del área, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), admitió hace una semana que existía la posibilidad de que se presentasen peticiones de licencia sobre inmuebles incorporados en el catálogo, pero expresó su confianza en que el pleno llegase a aprobar la propuesta del catálogo de protecciones antes de tener que responder a esas solicitudes. Está por ver si, en ese caso, el ayuntamiento estaría obligado a conceder las licencias tramitadas hasta ese momento.
La Junta de Gobierno acordó elevar a la Generalitat una suspensión de planeamiento para todos los elementos incluidos en el catálogo. Esa petición está en trámite, pero no puede aprobarse hasta que el catálogo quede aprobado provisionalmente por el pleno.
El vicealcalde de Alicante y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), confirmó este lunes, por otra parte, que se ha instado a las tres empresas que realizan la operativa de carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante a que soliciten licencia ambiental municipal requerida para ejercer esa actividad en el plazo de 10 días.
El edil de Medio Ambiente, Víctor Domínguez, y el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón. Foto: PEPE OLIVARESPavón recordó que esas empresas presentaron, en su momento, varias declaraciones responsables con el propósito de obtener esos permisos, pero ahora los técnicos municipales "estiman que ese no es el procedimiento adecuado y que deben solicitar licencia ambiental".
Así, señaló que si no solicitan la licencia, el Ayuntamiento "podrá, lo que no quiere decir que lo haga, suspender la actividad". Por ello, ha dicho que espera que las empresas implicadas presenten la documentación pertinente "de modo que esa actividad se regularice, después de décadas sin regularizar", para hacer "compatible el desarrollo de esa actividad con la protección de la salud y el medio ambiente en el entorno portuario". El edil no pudo precisar cuánto tiempo resta para que se agoten esos diez días de margen, ya que, además, no es el mismo tiempo para las tres empresas.
Como publicó este diario, la Conselleria de Medio Ambiente concedió autorización de emisiones a la atmósfera a la Autoridad Portuaria de Alicante para amparar esa actividad, supeditada a la ejecución de medidas correctoras, ahora en fase de instalación. Esas medidas se someterán a revisión en un año para determinar si resulta necesario ampliarlas con la construcción de naves cerradas en depresión.
