Alicante admite riesgo sobre su patrimonio y se aferra al blindaje de los plazos para no dar licencias

ALICANTE. El rechazo al catálogo de protecciones procurado por la oposición en bloque (PP, C's y los dos ediles no adscritos) en el pleno de mayo expondrá al patrimonio arquitectónico, cultural y paisajístico de Alicante a una situación de riesgo real a partir del próximo sábado 10 de junio. Se trata de la fecha en la que expira el último plazo de suspensión de licencias sobre los inmuebles en trámite de catalogación acordada por el anterior Gobierno del PP, en el proceso de tramitación de de su propuesta de Plan General (que al final acabó retirando).

Con la caducidad de esa suspensión, según admitió este lunes el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), cualquiera puede solicitar licencia para intervenir en alguno de esos inmuebles, lo que aboca al equipo de Gobierno a aferrarse al blindaje administrativo natural que supone el tiempo de estudio y revisión de las peticiones de licencia. La concejalía dispone de un plazo legal de dos meses antes de tener que conceder o denegar los permisos solicitados (siempre de manera motivada). Pavón expresó su confianza en que, en ese plazo, el Consell haya resuelto conceder la suspensión de planeamiento promovida por la Junta de Gobierno a mediados de mayo para mantener ese cordón de seguridad sobre los inmuebles catalogados. 

Esa petición, limitada solo a los edificios incluidos en el catálogo, conlleva "un proceso administrativo en el que se prevé un mes de exposición al público, por lo que la suspensión tardará en entrar en vigor", admitió Pavón. En principio, todo apunta a que podría tener efectos a partir del mes de septiembre. "Nos consta que la solicitud está en trámite", añadió.

En ese impasse, Urbanismo confía también en tener aprobado el catálogo de protecciones de forma provisional. El titular del departamento señaló que ya se había solicitado los informes requeridos por la edil no adscrita Nerea Belmonte en último pleno como requisito para poder votar a favor. Como publicó este diario, la exconcejal de Guanyar requirió garantías sobre las posibles repercusiones económicas del catálogo para el Ayuntamiento ante posibles reclamaciones de propietarios de los inmuebles a preservar. Pavón señaló al respecto que Belmonte "ha dado su palabra; cuando tengamos esos informes se los presentaremos y hablaremos con ella para saber si está dispuesta a mantener su compromiso", dijo.

Urbanismo confía en que la suspensión de planeamiento solicitada al Consell entre en vigor en el mes de septiembre para garantizar un cordón de seguridad sobre los inmuebles

Entre tanto, subrayó que Urbanismo también había acordado una instrucción por la que se determina que todas las peticiones de licencia que afecten a edificios a proteger se remitirán a la Conselleria de Cultura para que pueda suspender cautelarmente cualquier intervención que ponga en peligro los valores patrimoniales por los que esos inmuebles merecen protección. Además, en virtud de esa instrucción, no se admitirán declaraciones responsables para obras que afecten a los componentes descritos en las fichas de los edificios en trámite de catalogación.

Por último, la instrucción aprobada resuelve remitir a la Conselleria de Cultura las fichas del catálogo en tramitación correspondientes a los bienes inmuebles propuestos como Bienes de Relevancia Local (BRLs) - en torno a una veintena - para que conselleria, si así lo estima oportuno, proceda a incoar, de oficio, el expediente de declaración y la subsiguiente inscripción en el Inventario del Patrimonio Cultural Valenciano.

La aprobación del catálogo, según subrayó Pavón, resulta clave para que el tripartito pueda proseguir con la redacción del Plan General Estructural al requerir de un punto de partida concreto con el que seguir trabajando. Como viene publicando Alicante Plaza, las previsiones del catálogo de protecciones servirán como orientación estratégica para definir el diseño urbanístico de la ciudad, un punto de partida que se debe conciliar con el llamado Plan de Ciudad y que servirá para abrir el proceso de participación pública.

El regidor también se refirió al destino que podría tener la partida de 100.000 euros transferida tras el descarte del nombramiento de dos directores generales para Comercio y Fiestas al concretar que su intención es poder convocar oposiciones para cubrir una plaza de arquitecto y otra de abogado con el propósito de reforzar las áreas de disciplina urbanística y de licencias. 

Por último, señaló que su intención es poder abordar planes de ordenación de veladores pendientes, como el de la calle Castaños, a lo largo de este verano para que pueda estar definido entre septiembre y octubre. Para ello, dijo, se contactará con vecinos y hosteleros para atender sus reivindicaciones.