ALICANTE. A estas alturas de la película, en Segunda División B, el Hércules solo funciona porque algunos de sus accionistas (Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez) le inyectan dinero regularmente.
Eso lo sabe todo el mundo, empezando por los acreedores del club, siguiendo por sus trabajadores y terminando por el Tribunal General de la Unión Europea (en Luxemburgo y Bruselas saben usar 'Google') que precisamente emplea ese argumento (que hay un tercero que pone el dinero) para desestimar la solicitud de suspensión cautelar de la ejecución de la decisión de recuperación, en virtud de la que Hércules está obligado al pago de siete millones de euros (6,1 millones más casi otros 950.000 euros en concepto de intereses calculados a 20 de junio).
De entre los acreedores, además de la Comisión Europea que sería titular de un crédito contra la masa (naturaleza que asigna el Instituto Valenciano de Finanzas a los citados siete millones de euros y que, a buen seguro, en no mucho tiempo será discutida en sede judicial por el club blanquiazul), destaca también la Agencia Tributaria como titular de un crédito privilegiado de casi cinco millones de euros, deuda en situación irregular desde hace un año cuando el fisco, ante los incumplimientos (impagos) reiterados del Hércules, canceló unilateralmente el convenio singular suscrito en 2012 con él para saldar de manera progresiva la misma; en relación con esa decisión de Hacienda, público y notorio fue el sainete protagonizado por Juan Carlos Ramírez en el tramo final del ejercicio pasado, que incluyó furibundas amenazas de liquidación voluntaria y tuvo su punto álgido cuando el empresario vasco decidió no suscribir (en su derecho estaba, toda vez que la deuda no la había generado él) un acuerdo aplazamiento respaldado con garantías personales al que, tras un largo tira y afloja, había llegado con la Agencia Tributaria. El caso es que, como consecuencia de la citada situación irregular de esa deuda, no tardaron en empezar a llegar los embargos sobre los bienes y derechos del club: los saldos de sus cuentas fueron el primer objetivo del fisco que meses atrás habría arañado alguna cantidad por esa vía y de ahí que siga explorándola, como también los créditos a favor del Hércules que terceros han de satisfacerle en el marco de las relaciones comerciales que mantienen: sin ir más lejos y según ha podido saber Alicante Plaza, en varias ocasiones se han embargado cantidades que diferentes empresas que habían contratado publicidad con el club tenían que abonarle por ese servicio.
La Agencia Tributaria sigue estrechando el círculo y si bien el actual presidente del club blanquiazul, Quique Hernández, insiste siempre que puede en la voluntad del club de cumplir sus obligaciones, en el Departamento de Recaudación de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes no son de la misma opinión y es que desde finales de junio de 2017 no tienen noticia de un Hércules que si bien es cierto que hasta ahora ha ido abonando regularmente los impuestos a los que está obligado, no parece tener mucho interés en encauzar el pago de la millonaria deuda privilegiada que mantiene con el fisco (dentro de las condiciones que este exige a todos por igual).
Hace una semana el consejo de administración blanquiazul fue sometido al enésimo 'lifting' pero sobre el mismo, sus integrantes, sigue pesando la misma gran responsabilidad, no solo con la sociedad alicantina en general y el herculanismo en particular, también con el fisco, una responsabilidad de esas que cuando se exigen alcanzan el bolsillo.