Guía para entender el pacto PSPV-Compromís: ¿cómo queda el Gobierno de Alicante?

ALICANTE. Tercera cita para tratar de solventar la crisis de gobernabilidad desatada en el Ayuntamiento de Alicante tras la imputación del alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), por el supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio. PSPV y Compromís están citados al mediodía de este jueves para firmar el acuerdo que sienta las bases para la refundación del pacto de gobierno suscrito tras las municipales de 2015. Eso sí, a diferencia de lo que sucedió hace dos años y medio, esta vez sólo se espera la presencia de dos de los tres partidos que constituyeron aquella alianza, ya que el documento no contará con la rúbrica de ningún representante de Guanyar. De hecho, este mismo miércoles, su portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón, insistió en negar su validez al considerar que no se les había tenido en cuenta pese a ser "una fuerza imprescindible para que exista un gobierno del cambio". Es más, dijo que -pese a que Guanyar no descartaba sentarse a dialogar con sus todavía socios socialistas y nacionalistas-, la plataforma electoral que lidera EU no está dispuesta a asumir ese acuerdo. Primero, porque se había negociado a sus espaldas. Y segundo, porque su condición inamovible para continuar en el gobierno es que Echávarri renuncie a la Alcaldía antes de que se celebre el pleno sobre el estado de la ciudad, el próximo 16 de noviembre.

Lo cierto es que ese escenario no se contempla. Al menos por el momento. El PSPV continúa defendiendo que no es una opción que esté sobre la mesa porque no existe causa que la justifique. Si no se producen avances en las dos investigaciones en las que se encuentra inmerso (además del caso Comercio, la que se instruye en Fiscalía por el despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala), Echávarri continuará como mínimo hasta final de año. Y, hoy mismo, será uno de los encargados de firmar el acuerdo con Compromís en su condición de secretario general del PSPV en Alicante. Junto a él, firmarán otros tres dirigentes de ambos partidos: el secretario de Relaciones Institucionales y Acción Territorial del PSPV, Carlos Fernández Bielsa; el responsable de Organización de Compromís, Emili Mira, y el secretario general local de la coalición, Natxo Bellido.

¿En qué consiste ese acuerdo? Como informó este diario, se trata de un documento en el que se fijan nuevas condiciones para regular la convivencia política y la coordinación entre los dos partidos. Las líneas centrales de ese texto se fijaron durante la tarde del martes, aunque se siguió perfilando durante todo el miércoles. De ahí que se trasladasen versiones con diferencias de matiz y que su contenido no se difundiese de manera pública cuando se anunció el principio de acuerdo. Es más, según las fuentes consultadas, no se quiso cerrar a expensas de conocer el resultado de la asamblea de Guanyar con el propósito de abrir su redacción final para que también pudiesen asumirlo. Según las mismas fuentes, hubo contactos durante la misma noche del martes en esa dirección.

Las reglas del juego

¿Cuál es el contenido del documento? En realidad, la mayor parte de sus propuestas deriva del decálogo de aportaciones formulado por Compromís. Además de precisar las prioridades sociales en la acción de gobierno, el acuerdo regula la celebración de reuniones de coordinación con carácter semanal, bimensual y semestral por imitación del funcionamiento del pacte del Botànic; fija que todos los miembros del gobierno deben firmar el Código de Buen Gobierno promovido por el Consell y establece nuevas pautas para la elaboración de los presupuestos, en los que se tenga en cuenta la participación ciudadana.  

Al margen de ello, las dos primeras condiciones en las que se pone el foco son las que conciernen al futuro político de Echávarri. Como avanzó este diario, se delimitan tres supuestos que deberían implicar su renuncia de forma automática: que se agrave su situación con una segunda imputación por parte de un juez en relación al despido de la cuñada de Barcala; que se dicte un auto de apertura de juicio contra él por alguna de las dos investigaciones que le afectan o que se llegue a final de año con esos dos casos abiertos. En esos tres escenarios, se debe ir a un pleno de investidura para elegir a un nuevo alcalde que garantice la continuidad de un gobierno progresista: una circunstancia para la que se requiere sumar mayoría absoluta (15 votos) con los que ahora no se cuenta (el tripartito gobierna con 14 concejales tras la expulsión de la exedil de Guanyar, Nerea Belmonte).

El acuerdo tiene una implicación inmediata: Compromís se queda en el equipo de Gobierno al menos hasta final de año, pese a que su asamblea había respaldado su abandono en el caso de que Echávarri no dimitiese antes del pleno de este jueves. Ese plazo incluía una salvedad: que existiese un proceso de diálogo en marcha para zanjar la crisis de gobernabilidad. De hecho, desde Compromís se insistió este miércoles en presentar el acuerdo como la prueba de ese proceso, no como un cambio de posición que hubiese relajado la firmeza de su advertencia. 

Todos beneficiados 

Lo cierto es que, como si se tratase de una noche electoral, los dos partidos se arrogaron el éxito del pacto. En Compromís se defendió que se había logrado los objetivos marcados. En primer lugar, se sostuvo que con el acuerdo se trataba de dar una muestra de responsabilidad y sensatez frente a quien pensase que su anuncio de abandono pudo ser precipitado. En segundo término, se argumentó que el pacto forzaba al PSPV a tener que relevar a Echávarri con plazos concretos si no se producía el carpetazo de las investigaciones que pesan sobre él. En tercer término, se consideró que el pacto les autoexculpa: si sus tres ediles dejan el Gobierno, arguyeron, no se puede responsabilizar a Compromís, sino al PSPV por no actuar conforme a lo firmado. Y en cuarto y último lugar, se adujo, en toda la operación se intenta mejorar la coordinación de la acción de gobierno.

Desde el PSPV, el análisis también fue de satisfacción. Fundamentalmente porque se mantiene el apoyo de su socio preferente y porque se gana tiempo para que Echávarri pueda quedar exonerado de toda responsabilidad. La tesis de los socialistas continuó siendo que los hechos por los que se le investiga no constituyeron el delito de prevaricación que se le atribuye puesto que no tomó ninguna decisión errónea a sabiendas. Es más, en el caso del despido de la cuñada de Barcala, ya se viene recalcando que existía un informe de Recursos Humanos en el que se constataba que el objeto por el que había sido contratada había quedado formalmente extinguido. Es decir, que la decisión de su cese fue legal. Otra cosa es que la Fiscalía lo considere así o que pueda determinar que hubo arbitrariedad o incluso intencionalidad a la hora de despedir sólo a esa trabajadora interina en concreto. Por lo pronto, tras la declaración del primer edil de este miércoles, no ha trascendido que se vaya a solicitar nuevas declaraciones. Según las fuentes jurídicas consultadas, se espera que el teniente fiscal José Llor que instruye las actuaciones decida en breve su archivo o su traslado al juzgado, lo que conllevaría esa hipotética segunda imputación judicial para el alcalde. Las mismas fuentes apuntaron que la decisión en un sentido o en otro debe adoptarse con la fecha límite del 3 de noviembre: cuando se cumplen seis meses desde la apertura del expediente, a instancias de una denuncia de dos activistas vecinales. 

Por su parte, las diligencias sobre el posible fraccionamiento de contratos han avanzado hasta ahora con rapidez. Al margen de las testificales de este jueves y las previstas para el próximo 6 de noviembre, y de la entrega de diversos expedientes municipales, no se han acordado nuevas pruebas, lo que no implica que no puedan solicitarse. Es más, todo apunta a que así lo harán la Fiscalía Anticorrupción o el PP. Eso sí, nadie puede precisar si las dos investigaciones seguirán en curso a 31 de diciembre de 2017, lo que comprometería al PSPV a tener que tomar decisiones.

Hasta entonces, el PSPV coge aire y, como mínimo, aplaza un problema que podría dificultar la toma de decisiones de carácter orgánico, como por ejemplo, la elección del nuevo secretario provincial del partido en Alicante. El congreso se celebra el 16 de diciembre. No es ningún secreto: a la dirección autonómica no le interesa llegar a esa cita en una situación de conflicto en la capital. 

Es más, fuentes próximas a la negociación del acuerdo llegaron a precisar este miércoles que el pacto con Compromís también daría a la cúpula socialista una herramienta con la que poder forzar un posible relevo de Echávarri para el que ahora se dice que no existen razones fundadas: las dos investigaciones están en fase inicial; no se trata de casos de corrupción; existen otros alcaldes imputados por hechos similares y no se cuenta con los votos necesarios para que haya cambio de alcalde; por lo que el Gobierno pasaría a manos del PP. El pacto serviría de coartada para contrarrestar todo eso: estaría en juego la estabilidad del Ayuntamiento de Alicante y llegar en solitario con sólo seis concejales socialistas en el Gobierno hasta las municipales de 2019 posiblemente tendría un coste electoral difícil de asumir. Todo, además, aderezado con las complicaciones posteriores para pactar nuevas alianzas para formar gobierno en el caso de que fuese necesario.

La recomposición

¿Cómo queda el Gobierno mientras todos esos escenarios se resuelven? En principio, todo parece indicar que el tripartito quedará reducido a bipartito. Guanyar no tiene intención de continuar si no se produce la salida de Echávarri. Y eso a día de hoy no es negociable. Incluso aun a riesgo de renunciar al trabajo desarrollado en dos años y que ahora podría comenzar a materializarse en proyectos concretos. Guanyar prefiere ir a la oposición y velar, desde allí, para que se cumplan los objetivos del pacto de gobierno de 2015. Lo demás, lo rechazará y se prevé una dura labor de fiscalización. 

Así que los nueve concejales de PSOE (6) y Compromís (3) deberían afrontar una remodelación de competencias asumiendo las parcelas ahora en manos de Guanyar: Urbanismo, Limpieza, Acción Social, Vivienda, Paticipación Ciudadana, Medio Ambiente, Cooperación, Cultura, Modernización, Juventud y Protección Animal. Además, deberían reorganizar la composición de la Junta de Gobierno: el órgano en el que se adoptan la mayor parte de los acuerdos municipales (aunque no todos) en una ciudad del tamaño de Alicante. Hasta ahora, se requiere que toda propuesta deba contar con el apoyo de dos de los tres partidos del tripartito, con un reparto de miembros proporcional al número de concejales de cada grupo. Con la probable salida de Guanyar, PSPV y Compromís se quedarían cara a cara y deberían regular un hipotético equilibrio para que nadie impusiese sus deliberaciones. Según las fuentes consultadas, no se ha hablado nada al respecto, puesto que -según sostuvieron- la voluntad de las dos fuerzas es retener a Guanyar.

Además, PSPV y Compromís deberían someterse al pleno para aprobar acuerdos relacionados con la planificación urbanística o la aprobación de ordenanzas, entre otros puntos. ¿Los presupuestos? En principio, no serían un problema insuperable. Podrían forzar su aprobación vinculándolos a una cuestión de confianza ante la improbabilidad de que se presentase una moción de censura votada por PP, Ciudadanos y Guanyar.