La edil de Protección Animal, Marisol Moreno, en un pleno. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los vecinos de la partida rural del Moralet se acercan a la tercera edición de sus fiestas salpicados por la polémica sobre la suelta de vaquillas. La Concejalía de Protección Animal que coordina la edil Marisol Moreno (Guanyar) prevé elevar este martes a la Junta de Gobierno una propuesta por la que se volvería a rechazar el permiso para la celebración de ese festejo los días 19, 20, 24, 25, 26 y 27 de agosto. En realidad, se trata de la denegación de la cesión de uso de una finca de propiedad municipal para el desarrollo de esa suelta, en respuesta a la petición formulada por la Asociación Cultural Taurina Moralet.
El rechazo se fundamenta prácticamente en los mismos motivos que ya se esgrimieron en los veranos de 2015 y 2016: la cesión de derechos de ocupación de una parcela pública se rige por el principio del interés general y, según Protección Animal, la suelta de vaquillas no cumple ese requisito. Sobre todo, porque se sostiene que se habría presentado un escrito de otro colectivo vecinal de la misma partida en el que se expresa su rechazo a la cesión de esa finca con ese fin. Un escrito en el que, además, se habría solicitado que a esa misma parcela se le diese un uso recreativo permanente.
En esta ocasión, la novedad de la previsible denegación del permiso reside en su contexto: llega en pleno debate sobre la reformulación de la ordenanza de Protección Animal en la que se suprime la excepcionalidad para el desarrollo de corridas que el PP incorporó en la versión actual de la norma, aprobada hace 10 años. El nuevo texto está en manos de todos los grupos políticos con representación municipal para la presentación de alegaciones desde el mes de junio, después de que quedase aprobado provisionalmente en Junta de Gobierno con el respaldo de PSOE y Compromís.
Protección Animal fundamenta el rechazo a la cesión de la finca municipal al concluir que no se trata de darle un uso de interés general
No obstante, todos los grupos políticos anunciaron entonces que la estudiarían con el propósito de plantear correcciones. Entre ellas, se da por seguro que tanto PP como PSOE incluirán la exigencia de que se mantenga esa autorización excepcional para los festejos taurinos.
Como publicó este diario, Protección Animal trata de buscar el consenso con un matiz que considera clave: en sentido estricto, la propuesta de ordenanza no prohíbe los toros, puesto que el Ayuntamiento no tiene competencias para hacerlo. Así que se trata de retirar esa autorización excepcional puesto que en la redacción actual de la ordenanza se establece que en las corridas debe procurarse una situación de equidad para el animal que realmente no se da.
En paralelo, Guanyar viene insistiendo en la celebración de una consulta ciudadana sobre el uso al que debe dedicarse el edificio municipal de la plaza de toros a partir de diciembre de este año, cuando se extingue su concesión actual.
