Los populares solicitaron la retirada del acuerdo y el aplazamiento de su debate hasta el mes de septiembre para que se corrija y se complete en dos puntos básicos. El primero, la ordenación de las condiciones para la instalación de estaciones de servicio, que ahora se aplaza sine die a un futura modificación del PGOU. El segundo, un cambio en la delimitación de los llamados viales estructurantes (grandes avenidas) a los que se canaliza y circunscribe cualquier iniciativa para la implantación de medianas superficies.
Este segundo punto afecta, fundamentalmente, a un eje comunicativo de especial relevancia: la avenida de la Universidad. Con la propuesta redactada por la Concejalía de Urbanismo, en el trazado de ese eje sólo se contempla la instalación de tiendas de gran formato entre la calle Teulada y la rotonda que da acceso a Decathlon. El PP reclama que se permita la instalación de tiendas en toda la avenida, hasta su enlace con la A-7, para que ese límite no provoque efectos disuasorios y no suponga un lastre ante la llegada de posibles inversiones. Entre ellas, precisamente, la de la multinacional sueca. Con esas dos condiciones, el PP estaría dispuesto a apoyar la propuesta, con el portazo a los macrocentros incluido.
Lo cierto es que esa posición (una abstención y condiciones para negociar su voto favorable) modifica la primera valoración formulada por el PP el pasado 6 de julio, cuando el tripartito aprobó el cambio del PGOU en Junta de Gobierno. Entonces, a través de un comunicado, el líder de los populares,Luis Barcala,criticó abiertamente esa modificación al sostener que trataba de "impedir la implantación de un centro comercial en los terrenos de Rabasa", la zona que la multinacional Ikea "siempre se ha barajado para instalarse en Alicante". "Con la modificación puntual del artículo 95 de las Normas del Plan General de Alicante que permitía la implantación de grandes superficies comerciales en la zona entre la autovía A-7, la avenida dela Universidad y el acuartelamiento de Rabasa, el tripartito ha condenado definitivamente la implantación de la multinacional Ikea en Alicante", señalaba la nota pública.
Sea como fuere, tanto el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), como el portavoz del equipo de Gobierno, Natxo Bellido (Compromís), apuntaron que el acuerdo se mantendrá en sus términos originales al no poder demorarse más su aprobación. Pavón señaló, sobre la posibilidad de ordenar la instalación de gasolineras, que ese cambio conllevaría una tramitación farragosa con informes ambientales y una nueva fase de exposición al público, lo que retrasaría su aprobación al menos otros cinco meses. Sobre la incorporación del segundo tramo de la avenida de la Universidad, adujo que "son los técnicos quienes sostienen que la modificación sólo puede afectar a suelo urbano, y esa zona es suelo rústico". "Si alguna vez se presenta un plan reclasificatorio o se tramita un nuevo Plan General en el que esos terrenos pasen a ser urbanos, este tramo quedará incorporado automáticamente como vial estructurante y, por tanto, se permitirá la implantación de medianas superficies", explicó.
Los terrenos de Rabasa, junto a la avenida de la Universidad, calificados como suelo rústico. Foto: RAFA MOLINA
Bellido se pronunció en parecidos términos al sostener que, después de dos años, no se puede retrasar más el cumplimiento de un acuerdo propuesto a instancias de los operadores comerciales en el Consejo Local de Comercio en octubre de 2015 y que, además, "no invalida la llegada de inversiones como Ikea, en la posición que mantenemos: tienda sí, acompañada de medianas superficies, pero sin macrocentro comercial anexo".
Con esos planteamientos, la realidad es que la propuesta está más en el aire que nunca. El tripartito no tiene garantizado al menos el voto de un edil de la oposición que requiere para que el acuerdo quede aprobado por mayoría absoluta. Todo parece indicar que el PP no apoyará la iniciativa si no se incluyen sus condiciones: dos requisitos que en el tripartito se han llegado a interpretar como un parapeto para negarse a votar contra los macrocentros. Y prácticamente se da por descartado un posible respaldo de Ciudadanos (Cs), tras las críticas vertidas este lunes por su portavoz adjunto, Antonio Manresa, sobre el posible freno a la llegada de inversiones que conllevaría y los intentos del tripartito de intervenir en el mercado para impedir la instalación de grandes comercios "cuando debería ser él mismo el que se autoregulase".
El catálogo de protecciones
La edil no adscrita (ex de Guanyar) Nerea Belmonte ya manifestó sus recelos sobre la propuesta, la semana pasada, tras haber recibido mensajes de determinados colectivos vecinales con la misma advertencia sobre el riesgo para la llegada de inversiones. Y tampoco el segundo concejal no adscrito (ex de Cs), Fernando Sepulcre, se inclinaría por respaldar el acuerdo, después de que, en la comisión de Urbanismo, subrayase la aparente descoordinación entre las diferentes planes que estaría impulsando el tripartito, con "una propuesta que condiciona el futuro comercial de Alicante sin esperar a conocer el Plan de Ciudad y condicionando la redacción del futuro Plan General Estructural (PGE)".
Todo parece indicar, por otra parte, que finalmente los grupos de la oposición no tendrán que volver a posicionarse sobre el catálogo de protecciones en el pleno de este jueves. El edil de Urbanismo precisó que hasta este lunes no había recibido ninguna nueva respuesta por parte de la exconcejal de Guanyar (Nerea Belmonte) en la que le garantizase su posible voto a favor, de modo que, por el momento, se mostró partidario de no volver a plantear la propuesta.
Pavón sí confirmó, no obstante, que ya había remitido dos escritos tanto a los técnicos de su concejalía como a la Concejalía de Memoria Histórica para que emitiesen informes sobre la petición presentada por la Comisión Cívica por la Recuperación de la Memoria en relación a la desprotección de dos monumentos construidos durante la dictadura: la Cruz de los Caídos, situada en Calvo Sotelo, y el Monumento a los Caídos de la Vega Baja, en Aguamarga. El también vicealcalde sostuvo que si esos informes confirman la existencia de incompatibilidades entre la protección de los dos elementos y la Ley de Memoria Histórica, se promoverá su exclusión del catálogo, en la línea de la voluntad expresada por Guanyar y por EU, al frente de la agrupación electoral.
El portavoz del PP, Luis Barcala, interviene en el pleno ante Pavón y Echávarri. Foto: PEPE OLIVARES