El tripartito se la juega con 'las bases del PGOU' pese al aviso del secretario y espera a los tránsfugas 

ALICANTE. El catálogo de protecciones de Alicante elaborado por los técnicos de la Concejalía de Urbanismo como punto de partida del futuro Plan General Estructural se expondrá sí o sí al criterio del pleno de la corporación, este jueves, pese a las advertencias y límites detallados en el informe jurídico emitido por la Secretaría General del Pleno. Los tres partidos que componen el equipo de Gobierno, PSOE, Guanyar y Compromís, confirmaron este martes su intención de mantener su unidad en torno a ese documento (aprobado hace cerca de un mes en Junta de Gobierno, a propuesta del edil de Urbanismo, de Guanyar) y de defenderlo para tratar de sumar al menos el voto de un concejal más, el número 15, que resulta determinante para que se produzca su aprobación, ya que requiere de mayoría absoluta.

Salvo cambio de opinión improbable, ese apoyo imprescindible sólo puede esperarse ya de uno de los dos ediles no adscritos, Fernando Sepulcre o Nerea Belmonte, después de que PP y Ciudadanos (C's) hayan reiterado su rechazo a la propuesta tanto en el consejo de sostenibilidad como en la comisión informativa de Urbanismo, celebrada el lunes. Sepulcre y Belmonte siguen sin definir claramente cuál va a ser su posición, aunque el primero -que hasta hace dos semanas se había inclinado por prestarle su respaldo, en declaraciones a Alicante Plaza- se mostraría ahora más próximo a la abstención o al rechazo que al voto favorable. Sobre todo, después de conocer los escritos de advertencia de posibles reclamaciones económicas presentadas por parte de empresarios con intereses en el sector de Pino-Ruaya (entre Vistahermosa y Santa Faz) contra su inclusión de parte de ese suelo en una unidad de paisaje del catálogo de protecciones (el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, mantuvo este martes un encuentro con sus representantes del que no trascendieron conclusiones).

Tanto Sepulcre como Belmonte se abstuvieron en la comisión informativa de Urbanismo del lunes y siguen condicionando el sentido de su voto a la resolución de dudas técnicas sobre las repercusiones del documento. Igualmente, los dos aseguran estar manteniendo diversos contactos con profesionales y colectivos colegiales (arquitectos, abogados, etc.) en busca de asesoramiento.

Los dos no adscritos sí permitieron que se aprobasen los presupuestos, impulsados por un área controlada por el PSOE, pero mantienen dudas sobre la propuesta de catálogo gestionada por Guanyar

En esta línea, todo parece indicar que su posición no se desvelará hasta el momento del pleno, de modo que probablemente el tripartito llegará a la sesión sin saber si su propuesta tiene visos de prosperar. Tanto Sepulcre como Belmonte sí facilitaron la aprobación de los presupuestos municipales de acuerdo con la propuesta elaborada desde la Concejalía de Hacienda que coordina Sofía Morales (PSOE), bajo la tutela directa del alcalde, Gabriel Echávarri. Está por ver, si los dos (o al menos uno de ellos) da alas a la propuesta pilotada desde los escaños de Guanyar (la formación a la que pertenecía Belmonte hasta su expulsión, en marzo de 2016).

Los tres socios podían haber retirado el catálogo de protecciones para tratar de renegociarlo con la oposición o para modificarlo. Sobre todo, a partir de las recomendaciones y puntualizaciones reflejadas en el informe jurídico emitido por la Secretaría General del pleno. Pero, en principio, no será así.  

El tripartito apuesta por jugársela con el texto en su redacción actual (se desconoce si se aportará un contrainforme), ya que el dictamen jurídico de la Secretaría General (de 19 páginas) es preceptivo pero no vinculante. Además, tampoco exige correcciones. De hecho, como refleja en sus conclusiones, "el sentido del informe es favorable, pudiendo continuar el procedimiento". Eso sí, al tiempo, refleja al menos cuatro advertencias clave que podrían reducir el alcance del catálogo. O si se prefiere, sus efectos y consecuencias. Todo, siempre supeditado a las consideraciones que puedan formular -de llegar a aprobarse- las consellerias de Medio Ambiente y de Vertebración del Territorio, al supervisar la propuesta.

El dictamen establece que el catálogo debe entenderse como un texto asociado al Plan General vigente, de 1987, y no como un avance del futuro Plan General Estructural (PGE). En esta línea, determina que no podrá planificar, ni clasificar suelo, ya que son dos materias que quedan reservadas a la tramitación de ese PGE, de modo que su contenido debe considerarse en ese ámbito sólo como inspirador de ese futuro PGE. Concluye, en definitiva, que el régimen de protección que se plantea no podrá exceder de esos límites sin sustituir al PGOU en vigor ni los planes especiales aprobados.

En realidad, en gran parte esa tesis es la que vienen defendiendo, entre otros, colectivos profesionales como la Asociación Provincial de Promotores, Provía. Y también, en cierta medida la que arguyen portavoces de la propia Concejalía de Urbanismo como respuesta a esa preocupación: "el catálogo no clasifica ni ordena suelo, solo orienta esa labor para proteger elementos de valor y emplaza el desarrollo de ese trabajo al futuro Plan General Estructural".