El secretario de Municipalismo de Podem 'borra' sus huellas de una anomalía urbanística en Gata de Gorgos

GATA DE GORGOS. El pasado mes de octubre, el Ayuntamiento de Gata de Gorgos,  gobernado por Compromís, vivió una crisis política que se saldó con el cese del concejal de Urbanismo, Jaume Monfort, de la marca local de Podemos, y la posterior salida de la otra concejala de la formaciónmorada por la destitución del primero. El origen fue un informe municipal que alertaba de una posible irregularidad urbanística atribuida al concejal Jaume Monfort, realizada en su etapa como arquitecto técnico, en 2015, pero que el edil obvió mientras fue responsable de Urbanismo. En concreto, en ese informe se alertaba de que "el concejal sería responsable de un fraude de ley al entregar un plano al Ayuntamiento de Gata que no corresponde con el proyecto propuesto sino con el resultado final del mismo".

Pese a que la irregularidad en la obra ha quedado acreditada, pues el ayuntamiento ha abierto un expediente restauración de la legalidad, el gran debate que existe tras las sospechas de Jaume Monfort era si él fue el director de la obra. Otra de las cosas que también ha quedado acreditada -y reconocida por él mismo- es que fue el redactor del proyecto. En estos momentos, y para intentar desvincularse toda la polémica generada, el Colegio de Aparejadores de Alicante, del que él forma parte, ha remitido a la alcaldesa de Gata de Gorgos un escrito en el que certifica que esa obra fue redactada por Monfort, pero que "no tuvo dirección de obra".  A juicio de Monfort, "este escrito viene a certificar que él no es responsable de la irregularidad, pues no es el director de obra de la misma".

Sin embargo, la versión del concejal, en teoría avalada por el escrito del colegio que no cita a ningún director de obra, contrasta con todos los informes de los técnicos del Ayuntamiento de Gata de Gorgos, que sí lo sitúan como director de la obra y, por tanto, responsable de la anomalía. Los primeros informes en los que se detectan las anomalías son de marzo y de abril de 2017. Pero el asunto queda a la espera de alegaciones, hasta octubre, que es cuando se cita a todos los implicados -el solicitante de la licencia, al constructor y al propio Monfort- para comprobar in situ las irregularidades cometidas en las ejecución del proyecto. 

El concejal no asiste a ninguna de las reuniones y es cesado. El 3 de octubre se le destituye como concejal por ser el director de obra de un proyecto donde se han cometido irregularidades -expedientada por el ayuntamiento- y el 5 de octubre remite un escrito ante el consistorio alegando que él no ha sido el director de las mencionadas obras. El 10 de octubre se le vuelve a citar, pero tampoco asiste al encuentro. 

La pregunta es, ¿por qué hasta el 5 de octubre se considera a Jaume Monfort -y así figura en todos los informes municipales- como el director de la obra irregular? ¿Por qué desde entonces Monfort intenta desligarse del proyecto como director de la obra? ¿Por qué se inició el expediente contra la obra, que había redactado él mismo, siendo concejal de Urbanismo y no informó al respecto? La cuestión es que desde el cese como concejal y, por tanto, desde el inicio de la crisis política en el seno del equipo de gobierno, Monfort ha tratado de borrar el rastro en el expediente: primero, con el escrito que él presenta para desligarse y, posteriormente, alegando la respuesta del Colegio de Aparejadores de Alicante en la que se dice que no hay director de obra, pese a que él fue quién redactó el proyecto irregular.

Sin embargo, Monfort, en su perfil de Facebook, se da por 'salvado' de las posibles responsabilidades penales que se pudieran derivar por haber vulnerado la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Territorio (Lotup). Sin embargo, en el plano político, su credibilidad queda en entredicho, pues sólo reaccionó para desligarse cuando todos los informes eran concluyentes sobre la infracción de la obra, redactada por él y dirigida, al menos, hasta octubre. El equipo de gobierno de Compromís considera que no se puede defender a un concejal de Urbanismo que dice no saber nada, pese a que los técnicos advirtieron de la ilegalidad y él no hizo nada hasta que vio que su nombre figuraba en los informes municipales.