Los montículos de materiales pulverulentos depositados en el muelle de Poniente. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El Puerto de Alicante no podrá regularizar la operativa relacionada con la carga y descarga de graneles y materiales pulverulentos si no implementa una serie de medidas para minimizar la difusión de partículas valoradas en algo más de 4 millones. Así lo ha anunciado este jueves el secretario autonómico de Calidad Ambiental, Julià Álvaro, en una entrevista concedida a Radio Alicante.
El número dos de la Conselleria de Medio Ambiente ha concretado que una vez que el Puerto ejecute esas actuaciones, se le concederá la preceptiva autorización de emisiones a la atmósfera que se mantendrá en vigor por un plazo de un año. Entre las medidas exigidas, Álvaro enumeró la rebaja de la altura de los montículos para los materiales y la elevación de las pantallas para evitar su propagación por la zona sur del término municipal de Alicante.
La autorización tendrá ese carácter provisional, de un año, porque queda supeditada a la evolución de los controles que debe llevar a cabo a lo largo de ese mismo periodo el Instituto Universitario de Ingeniería y Procesos Químicos de la Universidad de Alicante (UA) sobre la calidad del aire en el entorno del recinto portuario. Como adelantó Alicante Plaza, la Autoridad Portuaria ha firmado un convenio de colaboración con ese instituto para externalizar el sistema de vigilancia ambiental que ya venía llevando a cabo mediante recursos propios sin que se haya detectado ninguna disfunción de relevancia, según señalan fuentes de la Autoridad Portuaria. Álvaro ha detallado que las nuevas mediciones se llevarán a cabo a partir de cuatro puntos de control distribuidos en el entorno del Puerto para evaluar "la calidad del aire controlando los cuatro vientos".
Los resultados de esas mediciones se difundirán a través de una página web todavía por determinar (bien la del propio Puerto, la de la UA, la de Medio Ambiente o la del Ayuntamiento de Alicante, que va a realizar un seguimiento similiar durante un mes con mediciones desde el colegio público Benalúa) para que puedan estar al alcance de la ciudadanía en tiempo real.
Medio Ambiente analizará las mediciones de la UA durante un año para decidir si renueva la autorización al Puerto o exige medidas complementarias
Según Álvaro, si el informe que la UA eleve en el plazo de un año concluye con resultados satisfactorios, la autorización quedará renovada. En caso contrario, se estudiarán las medidas complementarias a adoptar para renovar la autorización.
La exigencia de esta nueva serie de medidas (adicionales a las que el Puerto ya ha venido incorporando en los últimos años, como la instalación de pantallas y barreras vegetales) se ha conocido justo el mismo día en el que se ha difundido un escrito de recomendación del Síndic de Greuges en el que insta al Consell y al Ayuntamiento a aplicar medidas legales para evitar la contaminación que pudiese conllevar el movimiento de graneles.
El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido (Compromís), se ha felicitado del anuncio de Álvaro y manifestó que las concejalías de Medio Ambiente y Presidencia han estado trabajando para el establecimiento de esos requisitos (el sistema de mediciones y las medidas correctoras en el recinto portuario) en los últimos meses para velar por el correcto funcionamiento de la actividad económica en el Puerto, sin que suponga ningún hipotético perjuicio sobre la salud pública de los ciudadanos.
Portavoces oficiales de la Autoridad Portuaria han manifestado que se tomarán todas las medidas previstas por la Generalitat como se ha venido haciendo hasta ahora, ya que el único objetivo es posibilitar que se mantenga la actividad industrial que necesita la provincia de Alicante.
Como ha venido publicando este diario, la Concejalía de Urbanismo que dirige Miguel Ángel Pavón (Guanyar) también ha instado a la Autoridad Portuaria a solicitar la licencia ambiental para completar la regularización del movimiento de los graneles, después de décadas de funcionamiento sin los preceptivos permisos. El Puerto sostiene que ese trámite deben cumplimentarlo cada una de las tres empresas que desarrollan esa actividad, en base a las conclusiones de un informe jurídico de la Abogacía del Estado. Urbanismo ha requerido al Puerto para que le dé traslado de ese informe para tomar una decisión al respecto.
