El avispero de la basura: control, relevo de técnicos, más pagos y ruptura del tripartito

ALICANTE. Ni los tiempos en la concesión de licencias, ni la regulación de la hostelería, ni los presupuestos, ni los horarios comerciales. Tampoco los rifirrafes sobre las políticas de participación ciudadana o protección animal. Las diferencias sobre cómo enfocar la prestación del servicio de limpieza y retirada de residuos -el más caro (280 millones) de los que dependen del Ayuntamiento, en manos de una UTE formada por FCC, Ferrovial y Cívica (del empresario Enrique Ortiz)- puede acabar convirtiéndose en el desencadenante definitivo de la ruptura del tripartito de Alicante.

Las posiciones estratégicas de los tres socios al frente del Ayuntamiento, PSOE, Guanyar y Compromís, parecen ya irreconciliables. La mejor prueba de ello se puso de manifiesto el jueves, con la redistribución de competencias interna acordada en el seno del grupo municipal de Guanyar: su líder, vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, asume la Concejalía de Limpieza en sustitución de Víctor Domínguez con el propósito de dar un nuevo impulso al control del polémico contrato justo en el momento en el que PSOE y Compromís se han mostrado más predispuestos que nunca a abordar su posible ampliación -con más costes- para mejorar la imagen de la ciudad.

Socialistas y nacionalistas sostienen que todavía no tienen ninguna propuesta formal en la que se proponga una modificación del contrato por la que el Ayuntamiento (en último término, los ciudadanos) acabe pagando más para que Alicante esté limpia. Sin embargo, ambos grupos contemplan abiertamente esa posibilidad como elemento central -aunque no único- de "una solución global" que trate de solucionar lo que se considera "un problema de ciudad". Fuentes de las dos formaciones incidieron este lunes en que, de momento, el objetivo es conocer la propuesta de mejora del servicio anunciada por los trabajadores de UTE Alicante la semana pasada en el transcurso de una primera reunión con el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, con el objetivo de lograr su mediación en su conflicto laboral (una disputa sobre sus retribuciones y condiciones de trabajo), después de que el primer edil decidiese ponerse al frente del problema.

En principio, esa propuesta se debe conocer este martes, en un segundo encuentro previsto entre los mismos protagonistas: Echávarri y los representantes sindicales de la plantilla de la UTE. Según las fuentes consultadas, tampoco está previsto esta vez que en esa cita participen ni Pavón (el teórico futuro concejal del área) ni Domínguez (el responsable saliente). De hecho, hasta este martes no había trascendido que Echávarri hubiese firmado los decretos de redistribución de competencias, al parecer pendientes desde el jueves por un problema formal de tramitación. 

Exponga lo que exponga esa propuesta de los trabajadores, los tres socios del equipo de Gobierno parecen tener asumido que la modificación del contrato llegará a plantearse antes o después. Probablemente, más pronto que tarde. Según las fuentes consultadas, existen dudas técnicas y legales sobre la viabilidad de esa futura modificación y disparidad de criterios sobre cómo debería tramitarse. Pero en lo que no parece haber discusión es en que debe pasar por Junta de Gobierno. Y ahí, esta vez PSOE y Compromís podrían hacer pinza (suman mayoría) para aprobar el acuerdo que estimen oportuno.

Se da la circunstancia, además, de que el propio pliego de condiciones establece que ya en el presupuesto municipal de 2018 debería contemplarse una partida para amortizar costes de maquinaria. Según las mismas fuentes, en el pliego se aplazaron esas inversiones hasta los años finales de duración del contrato (8 años con dos posibles prórrogas por dos años más cada una) con la expectativa de que la contabilidad municipal se sanease y de que se superasen los efectos económicos de la crisis. Hasta la fecha, no se conoce que se haya registrado ninguna petición oficial, documentada, por parte de UTE Alicante, aunque se viene especulando con una cifra próxima a los dos millones para renovar los vehículos con los que se presta el servicio que, según fuentes consultadas por Alicante Plaza, no coincide con los costes de amortización que figuran en el contrato.

Sea como fuere, la posición de Guanyar la viene dejando clara con firmeza su portavoz municipal (el propio Pavón) desde hace una semana. La agrupación electoral que lidera EU (incluido Podemos) se opone frontalmente a pagar más y ha decidido apostarlo todo para tratar de reforzar el control del contrato. Incluso aunque para ello haya podido transmitir a la opinión pública una desautorización respecto a la labor de uno de sus ediles, tras dos años de teóricas iniciativas encaminadas a mejorar el cumplimiento del contrato: entre otros puntos, con una redistribución de servicios de barrido y baldeos incluida.

Las fuentes consultadas señalaron que el relevo al frente de la concejalía de Limpieza, y la oportunidad del momento del relevo, generó cierto debate interno en las filas de Guanyar: hubo partidarios y detractores. Pero lo que sí se tiene claro en bloque es que no se va a aceptar una propuesta encaminada a encarecer los costes del servicio. Primero porque se considera que el electorado que llevó a Guanyar a obtener seis concejales en las municipales de 2015 no toleraría que se pagase más a una empresa participada por Enrique Ortiz -el polémico empresario procesado en Gürtel y Brugal- pese a que sobre el papel no ostente el poder decisorio sobre la concesión. Y segundo porque la posición dominante es que la UTE ganó el concurso con unas condiciones concretas y debe cumplirlas a rajatabla. Máxime porque -se sostiene- presentó una oferta a la baja (la de la UTE fue la única que concurrió al concurso) con la intención de impulsar sucesivas ampliaciones, al modo de los discutidos sobrecostes que frecuentemente se producen en los concursos de obra pública, una vez lograda su adjudicación. 

Tal es la determinación que en la agrupación se da por hecho que, si llega a aprobarse pagar más por el servicio, Guanyar se replantearía su continuidad en el tripartito. Se calcula que a menos de dos años vista de las próximas municipales el impacto de esa hipotética salida en las bases de Guanyar y en "el electorado responsable" que votó por el cambio se consideraría menor. De ahí que la estrategia que se pretende poner en marcha sea la de endurecer el control sobre el cumplimiento del contrato. En principio, se barajan dos prioridades: establecer un medio de supervisión eficaz sobre los trabajadores que prestan el servicio a diario para evitar el absentismo y evaluar la eficacia en la ejecución, para lo que se esperará a conocer los resultados de la auditoría encomendada a la consultora ENT.

Además, se da por segura una reordenación de técnicos a cargo del servicio con la más que probable salida de su responsable actual. Se trata de Martínez Marhuenda, el funcionario que avaló la oferta de la UTE pese a que el técnico que redactó el pliego, Sebastián Chicote, se negase a hacerlo al considerar que algunos de los puntos comprometidos no podrían cumplirse (como el índice de abstentismo), si bien Martínez Marhuenda supeditó su visto bueno a que la UTE garantizase en cualquier caso que la ciudad estuviese limpia y que corriese con el coste necesario de la reposición de personal si fuese necesario.

Hasta el momento no existe ninguna certeza sobre qué técnico cogerá el testigo. Lo que sí es seguro es que se tratará de poner el foco precisamente en ese punto: que la ciudad esté limpia. En caso contrario, se aplicará las sanciones previstas en el pliego. Y llegado el caso, como ya ha deslizado Pavón, se podría poner sobre la mesa una posible rescisión si se constatan incumplimientos graves. El problema, según las fuentes consultadas, es cómo objetivar esa obligación -que Alicante esté limpia- con parámetros constatables distintos a los que figuran en el pliego. Pero también se da el argumento en sentido contrario: una ampliación del contrato debe apoyarse y justificarse debidamente con el correspondiente expediente y para eso se debe acreditar que el contrato se cumple y que no es suficiente.