Mireia Mollà, Carlos González, José Manuel Sánchez y Jesús Pareja, cuando anunciaron la inversión de la UE. Foto APELCHE. Hace menos de un mes que el Ayuntamiento de Elche anunció que le había sido concedida la ayuda de los fondos FEDER para el plan EDUSI, Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, por un importe de 15 millones de euros. En total, a este plan van destinados 30 millones de euros, la mitad vendrán desde Europa y la otra mitad es la que se encarga de poner el Consistorio. En total, como ya comentaron en su momento, son seis las líneas de actuación (cuatro principales y dos secundarias) dirigidas a mejorar el acceso y la calidad de las tecnologías de la información, conseguir una economía menos contaminante, la protección del medio ambiente y la inclusión social, así como promover mayor competitividad en las PYMES y un empleo de mayor calidad. Se trata de un plan que, a la vista del minucioso informe de casi 300 páginas que se hizo para optar a estas ayudas, es fundamental para la ciudad, ya que debe repercutir sobre varios ámbitos de vital importancia. Entre ellos, la pobreza y la exclusión social, la precariedad laboral, la rehabilitación de viviendas o el tejido productivo.
En los análisis generales y concretos que se hacen sobre la ciudad llama la atención, por ejemplo, la especial incidencia que tiene el paro sobre las mujeres, puesto que salen más tarde del paro y la brecha salarial se agranda. Y están discriminadas laboralmente no sólo por esa brecha, también están infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad. El porcentaje de paradas en Elche (59.1%) es mayor que el índice de la provincia de Alicante o que el de la Generalitat Valenciana. Además también son ellas las mayores demandantes de servicios sociales, a pesar de que la crisis económica afecta a la familia, se mantiene el hecho de que es la mujer, como una variante de su papel de cuidadora y proveedora, la demandante de servicios para la familia.
Es uno de los colectivos más afectados por la crisis junto a los mayores de 45 años, los jubilados y los migrantes. Algo que se enmarca dentro de índices preocupantes como la tasa de paro del 28,9%, el puesto 24 de los municipios con peor tasa, o que Elche sea el municipio nº11 con un nivel de renta familiar más bajo. Una cifra que se debe a varios motivos, como la temporalidad de los contratos (así eran el 90% a fecha de 31 de diciembre de 2015), los bajos salarios y, por supuesto, la economía sumergida. A pesar de ser algo estructural, en la última década la economía irregular en la ciudad ha crecido, habiéndose convertido en un mecanismo espontáneo de ajuste para afrontar los desequilibrios económicos y sociales que se han creado como consecuencia de la crisis económica y de la elevada tasa de paro. La estimación que hacen varios estudios y expertos en materia de economía sumergida y trabajo clandestino, es entre un 25 y un 35% del PIB, aunque su asignación es irregular por sector económico o por temporada. Además el informe también señala caracterización de una economía poco diversificada.
Junto a estos datos económicos se exponen otros problemas de diferente índole, como la tendencia a un crecimiento urbano expansivo, lo que supone una gran amenaza para el medio ambiente —como muestra la protección del PATIVEL—, la climatología adversa por la falta de lluvias, el uso poco racional del agua, la falta de mantenimiento de los espacios verdes, la falta de conciencia ciudadana con el reciclaje, la alta contaminación atmosférica y acústica fruto del gran parque móvil con el que cuenta Elche (142.484 vehículos), el deficiente carril bici o los deficientes accesos a la ciudad y mala comunicación con las pedanías. Además, en lo que se refiere a la demografía, en la última década la población se ha estancado con un decrecimiento de un 3,8%.
Para dar solución a todos estos problemas, el informe establece un plan de ejecución a corto, medio y largo plazo (hasta 2023), dependiendo de la prioridad, y dentro de cada gran apartado de los retos asumidos (Elche ciudad inteligente, sostenible, integradora) hay multitud de medidas a desarrollar en función de los recursos y que van desde el fomento de la energía derivada de fuentes renovables, la igualdad de género en todas las políticas, hasta las políticas urbanas destinadas a frenar la pérdida de población (ha habido incluso un descenso de más de un 10% de población migrante), pasando por la aplicación de las TIC en empresas de Elche o la integración de los ‘millenials’. Otros temas que no son tan vitales pero que influyen socialmente son el acceso a las tecnologías de la información, tanto en estas zonas como en la utilización de las propias empresas, que no han acabado de adaptarse a ellas.
Pero sin duda uno de los grandes retos que asume este plan es el de revertir la situación de absentismo escolar y analfabetismo de barrios como Carrús y Palmerales. Junto con San Antón, los que más servicios sociales demandan y los que se llevan el grueso de las actuaciones. De hecho, respecto a San Antón, el edil de Urbanismo ya comentó que se podrían utilizar estos fondos para rehabilitar sus viviendas, que fruto de la crisis, es algo que ha pasado a un segundo plano al no ser prioritario. Algunas características de estos barrios, calificados como vulnerables, son la falta de cohesión social y de integración por los desequilibrios en el uso del tejido urbano, residencias habituales calificadas de infravivienda, dotaciones y espacios públicos de baja calidad o presencia de personas mayores con limitaciones de movilidad que genera aislamiento y exclusión social. En los tres barrios se encuentran vulnerabilidad sociodemográfica, vulnerabilidad socioeconómica y vulnerabilidad residencial.
En total, de las cuatro principales líneas de actuación de EDUSI Elche, casi 10.500.000 euros (la mayor parte) se destinarán al bloque que se ocupa de las políticas sociales de intervención en barrios vulnerables y dirigidas hacia los colectivos más desfavorecidos, que como políticas estructurales son de desarrollo permanente. No obstante, las líneas de actuación más importantes se realizarán entre 2018 y 2020: la regeneración física y social de viviendas y equipamientos públicos, la dinamización comunitaria y la integración social de colectivos desfavorecidos y la revitalización de espacios públicos. Otras medidas que se implementarán a corto plazo son la mejora de la e-administración y la alfabetización digital, y mejorar los indicadores para convertir a Elche en una Smart City, que se ejecutarán durante este mismo año y el que viene.
En conjunto, todas estas medidas, que son sólo algunas pinceladas importantes, junto con otras que van enfocadas a la mejoría del patrimonio cultural, natural o a un urbanismo más sostenible, pueden desembocar en un proyecto de ciudad más responsable con el medio ambiente, con quienes la habitan, y que tendría efectos directos e indirectos hacia muchos de esos problemas que se mencionaban al principio (exclusión social, temporalidad laboral, bajas rentas, desigualdad de género o baja natalidad). Es el reto más grande que la ciudad ha tenido encima de la mesa en décadas.
