El diputado de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez. Foto: EVA MÁÑEZALICANTE. La nueva propuesta planteada por la empresa XC Business 90 para desarrollar una tercera fase de su proyecto de planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante ha suscitado la primera iniciativa política con el propósito de tratar de cerrar el paso al desarrollo de esa instalación. Ese primer movimiento lleva la firma de la coalición Compromís-Sumar que intenta presionar al Gobierno central con el registro de una pregunta parlamentaria en el Congreso, a través de su diputado Alberto Ibáñez (elegido por la circunscripción de Valencia), para que el Ejecutivo central aclare cuál es su posición respecto a la construcción de tanques destinados al acopio de carburantes como los planteados en el Puerto de Alicante.
En concreto, el texto de esa interpelación parlamentaria (aún en fase de borrador) insta al Ejecutivo a precisar si se prevé "modificar la gobernanza de los Puertos" o incluso "transferir parte de sus competencias a las comunidades autónomas", así como "priorizar el rol protagonista de sus ciudades" para que sean los ayuntamientos quienes tengan mayor capacidad decisoria respecto a iniciativas similares.
Al tiempo, la iniciativa política cuestiona directamente si el Gobierno de España se plantea "regular la colocación de macrodepósitos de almacenaje de combustiles y ampliar a un mínimo 1.000 metros su ubicación del suelo residencial, de equipamientos comunitarios o de uso terciario especial" como fórmula para evitar situaciones de riesgo por deflagración como las que vienen denunciando distintos colectivos que agrupan a residentes de la zona sur del litoral de Alicante.
En el expositivo de la pregunta, se argumenta que "el modelo de gobernanza de los puertos está obsoleto y debe democratizarse reforzando de forma protagonista el papel de las ciudades". Así, se expone que "un buen ejemplo de ello es la negativa vecinal, en base a argumentos científicos de lucha contra el cambio climático y de seguridad, ante la ampliación de un espacio de almacenaje con macrodepósitos de combustile" como el planteado por XC Business en el muelle 19 del Puerto.
En esta línea, se incide en que "la Generalitat ya aprobó un decreto, que fue recurrido por el Gobierno de España, para regular la ubicación de tanques para almacenamiento de productos petrolíferos combustibles de más de 5.000 metros cúbicos en el interior de recintos portuarios, cuya actividad no tenga interrelación de servicio con instalaciones estratégicas estatales", en alusión a la modificación de la Lotup que quedó aprobada en diciembre de 2021, aunque su vigencia decayó en mayo de este año, después de que el Tribunal Constitucional (TC) estimase el recurso presentado precisamente por el presidente del Gobierno y considerase que esa modificación legislativa invadía competencias estatales sobre la regulación de los usos previstos en los puertos, que dependen del actual Ministerio de Agenda Urbana (antes Fomento) a través de Puertos del Estado.
Al margen de esa iniciativa política en el Congreso, los representantes de Compromís y de Esquerra Unida Podem (formaciones integradas en Compromís-Sumar) en el Ayuntamiento de Alicante también insistieron este martes en su rechazo a la planta de almacenaje de carburantes, ya anticipado en sus primeras valoraciones emitidas este lunes. En primer término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, insistió en que "en Compromís no queremos los depósitos del Puerto y actuamos en ese sentido puesto que fueron las conselleras Mireia Mollà e Isaura Navarro quienes articularon todos los mecanismos de la administración para implantar ese límite de distancia de un kilómetro respecto a zona habitada" para su desarrollo, al referirse a la modificación de la Lotup promovida en 2021.
Así, aseguró que "ahora queremos saber qué va a hacer el señor Mazón", en alusión al nuevo presidente de la Generalitat, "si va a actuar como lo hizo Compromís dentro del Botànic y si va a actuar el señor Barcala, más allá de quejarse ante el Gobierno de España, ya que el Ayuntamiento es quien tiene la última palabra para autorizar dicha actividad; actúen y trabajen en pro de la salud de los alicantinos", concluyó.
En segundo lugar, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, también se cuestionó "qué van a hacer el señor Mazón y el señor Barcala" respecto a la propuesta de XC Business. "Barcala señala que el Puerto ya tiene un modelo económico, en el que se combinan las actividades industriales con otro tipo de actividades logísticas y empresariales, pero estas declaraciones son manipuladoras porque el Puerto no tiene autorización para actividades industriales", incidió. Así, se preguntó "cuál fue el sentido del voto del alcalde en el consejo del Puerto cuando se aprobó la modificación de la concesión a la empresa; ya está bien de ponerse de perfil y exigimos que asuman sus responsabilidades para que esta barbaridad no siga adelante", concluyó.
