ALICANTE. La comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en los contratos del Patronato de Vivienda (segunda en constituirse formalmente en este mandato, tras la celebrada sobre los contratos del llamado caso Comercio) queda vista para sentencia tras su tercera sesión, desarrollada este martes: los grupos políticos municipales deben elevar ahora sus propuestas de conclusiones antes del próximo 22 de marzo con el propósito de que se trate de acordar un informe común definitivo para su aprobación en el pleno de abril.
Todo parece indicar que los cinco grupos políticos coincidirán al menos en una apreciación: que ninguno de los concejales que han ejercido las competencias sobre Vivienda desde octubre de 2017 hasta la actualidad tenía conocimiento de esas supuestas anomalías hasta que, en noviembre de 2018, se planteó autorizar el pago de las obras efectivamente ejecutadas a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito (el mecanismo administrativo para abonar obras o servicios sin dotación de fondos). Así lo defendieron los tres regidores que comparecieron ante la comisión: Julia Angulo (Guanyar), Sofía Morales (PSOE) e Israel Cortés (PP). A grandes rasgos, los tres señalaron que ni el gerente del Patronato de Vivienda, Gaspar Mayor, ni el interventor municipal, Francisco Guardiola, les informaron de que las obras se habían iniciado y ejecutado sin el beneplácito de este último (Guardiola) hasta después de su conclusión (las obras se recepcionaron en diciembre de 2017) y que tampoco habían sido alertados de que estaba en duda el proceso seguido para su contratación: al principio, con dos primeros contratos por separado (uno por la reforma y otro por la instalación del ascensor) que superaban el límite de 50.000 euros (el límite de los contratos menores) y después, con importes rebajados, para que el de obras no superase ese umbral.
Ahora bien, otra cosa distinta es que los cinco grupos políticos compartan una misma opinión respecto al desconocimiento alegado por los tres concejales. Como mínimo, no parece que todos estén dispuestos a considerar que esos tres regidores cumplieron debidamente con sus obligaciones, a la vista de la disputa con la que se cerró la ronda de preguntas sobre el papel de Cortés. Tanto los representantes de PSOE como los de Compromís reprocharon que el actual responsable del área no se hubiese puesto al corriente sobre el problema hasta noviembre de 2018 pese a que asumió las competencias en abril de ese año. Por el contrario, como señalaron los representantes del PP, nadie recriminó esa ignorancia a su predecesora, Sofía Morales, quien ejerció las competencias sobre Vivienda entre el 20 de noviembre de 2017 y el 19 de abril. Ahora bien, Morales (que renunció al acta de concejal el pasado julio) sí indicó que, en febrero, sí intercedió para que se pudiese abonar las obras realizadas para no incurrir en un supuesto de enriquecimiento injusto.
Por partes. La primera en responder ante la comisión fue la exconcejal de Juventud por Guanyar, Marisol Moreno. La edil apuntó que ella solo intervino en septiembre de 2017 para pedir una ubicación alternativa que pudiese funcionar como sede de dicha concejalía, a la vista de los informes que ordenaban el desalojo del Centro 14 (la sede tradicional) por incumplimiento de medidas de seguridad. En esta línea, confirmó que la búsqueda de ese nuevo espacio era urgente y debía habilitarse de forma rápida. Así, señaló que, de común acuerdo con las áreas de Patrimonio, Hacienda, Recursos Humanos y Vivienda, se optó por acondicionar un local del Patronato de Vivienda en la calle Cisneros.
Tras Moreno, llegó el turno de Angulo, edil de Vivienda en ese momento. La regidora también señaló que, después de pedir fondos a la Concejalía de Hacienda para ejecutar la reforma de ese espacio, se limitó a firmar el decreto de modificación presupuestaria por el que se facilitaba el crédito para que se ejecutasen las obras. Ese decreto se firmó el 23 de octubre y su marcha del equipo de Gobierno se produjo el 15 de noviembre. Para esa fecha, según apuntó el gerente del Patronato en su comparecencia del lunes, las obras ya se habían iniciado.
De hecho, Mayor dijo que había sido el quien había dado la orden de que comenzasen al día siguiente de tener consignación presupuestaria, sin contar con la autorización previa del interventor ni con la firma de Angulo, puesto que, según insistió, era un procedimiento habitual contemplado en las bases de ejecución presupuestaria, y se había actuado de igual forma en otros contratos menores una vez que se disponía de fondos. Además, el gerente también recalcó que se trataba de resolver una cuestión urgente. Por su parte, Angulo recalcó este martes que ella tenía asumido que no firmaría nada que no estuviese firmado antes por el interventor.
