La nueva realidad ha cambiado o va a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, esta semana hemos visto como algunos negocios han comenzado a cobrar la denominada tasa Covid: se trata de una tasa que pretende compensar los gastos en medidas de seguridad adicionales que adoptan los establecimientos que reabren sus puertas tras la pandemia, entre ellos, peluquerías, terrazas, clínicas dentales, tiendas de ropa o colegios privados o concertados, si bien deber ser razonable y acorde con su finalidad.

Cuando suceden cosas de este tipo, normalmente se genera cierta polémica a su alrededor. En este caso, sobre su legalidad y si es o no abusivo hacerlo. Pronto salieron las asociaciones de consumidores  (la OCU)y algún despacho de abogados, como Legalitas, para dictaminar acerca del nuevo recargo. Casi todos coinciden en que es legal, que debe ser advertida con anterioridad al cobro y que en algunos casos, puede ser abusiva. No hay regulación, por lo tanto, no sabemos cómo está cuantificado el recargo que suman los establecimientos a los gastos generados por la limpieza, desinfección o por las limitaciones de aforo ha impuesto el Gobierno, de acuerdo con la fase en la que se encuentra el territorio en cuestión.

Entiendo que la tasa Covid se cobrará de manera excepcional mientras dure la pandemia o la vigencia de la obligatoriedad de las medidas de seguridad. Pero esto mismo que ha aplicado la iniciativa privada se podría trasladar a la esfera pública. Por ejemplo, adaptar las playas a la nueva normalidad va a suponer un gasto importante a los ayuntamientos: más personal, nueva tecnología y más medidas de seguridad, que a lo mejor se convierten en horas extras de los agentes de la Policía Local o los controladores de turno. Que se sepa, ningún consistorio va a aplicar algo parecido a la tasa Covid. Es más, lo normal es que este gasto, y muchos otros que ha provocado la crisis sanitaria, haya destrozado presupuestos y haya disparado los gastos de las arcas municipales y haya reducido los ingresos. Lo recuperarán, si todo va bien, en próximos ejercicios, y si la recuperación económica sigue las previsiones establecidas. Lo tendrán que hacer mientras el Gobierno mantiene secuestrado el superávit de las administraciones locales en los bancos y la Generalitat no obtiene solución a su endémica infrafinanciación. Es decir, en conclusión, menos recursos para atender más y mejor a los turistas sin generar más ingresos, más allá de lo que pueda aportar sectores como el de la construcción con nuevas licencias de obras. Poco más.