El fair play político suele durar poco. Y en el caso de las catástrofes, lo peor que le puede pasar a su gestión es que caiga en el olvido. Es decir que las ayudas no lleguen a su destinatario. De momento, en el caso de los municipios de la Vega Baja, el aparato administrativo de la Generalitat tiene tensión y funciona. Pero no cabe duda de que la Vega Baja va a ser un campo de batalla electoral entre PP y PSPV por la gestión. En el caso de los populares porque es uno de sus principales feudos electorales; en el caso de los socialistas porque quieren patrimonializar (y entiendo, que rentabilizar) la gestión: no ha dejado que entre nadie de Compromís, por conseller que sea, y de Podem a cuenta gotas (sólo por la cuestión de Vivienda y posiblemente por la buena relación entre Martínez Dalmau y el president). La estrategia del PP ha sido más clara: los alcaldes se han movido en el margen institucional, con agradecimientos a todos aquellos que los han visitado; los azotes los ha soltado la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, con mejor o peor suerte.

El otro gran debate es político y ha versado en analizar qué grado de responsabilidad tuvieron los gestores de la Confederación Hidrográfica del Segura para que los efectos de las lluvias causaran más o menos daños o qué fue inevitable. No voy a entrar en la cuestión técnica porque no entiendo, pero recomiendo el análisis elaborado por nuestro compañero Carlos Pastor a raíz de las opiniones de varios expertos.