ELCHE. De nuevo vuelven a salir a la palestra en el Ayuntamiento los viejos 'reparos', anomalías o irregularidades contractuales que ahora se denominan expedientes con 'omisión de la función fiscalizadora'. En este caso, Intervención ha detectado facturas sin contrato y actos susceptibles de fraccionamiento de contratos en una veintena expedientes que conciernen a 562 facturas por valor total de 3,6 millones. Un volumen en la gestión de nueve meses, desde noviembre de 2023 a agosto de 2024. Así lo ha revelado el grupo socialista este martes, aunque desde Contratación se quita hierro al asunto, defendiendo que se está poniendo remedio con licitaciones, "a diferencia del PSOE", explica el edil del ramo, Claudio Guilabert.
Así, durante este periodo de tiempo, Intervención en su tarea de revisión y fiscalización de pagos de los distintos departamentos ha detectado distintos reparos: facturas sin contrato, de licitaciones ya vencidas, o servicios y suministros que deberían haberse vehiculado por concurrencia pública "por ser repetitivos en el tiempo", matiza la edil del PSOE, Patricia Macià. O pagos que se han seguido tramitando después de haber adjudicado el contrato para este servicio. Estas omisiones de la función fiscalizadora se han realizado en servicios como el SAD (Servicio de Asistencia a Domicilio), que no es la primera vez en esta legislatura —ni en la anterior— como contó este diario, además de suministros de material de ferretería, fontanería, servicios de deportes o cultura. Como dio cuenta Elche Plaza, a final de 2023 se contabilizaron 3,1 millones de euros con estas anomalías, la mitad achacable a cada gobierno. Y en los primeros meses de 2024, ya del actual Ejecutivo, que serán parte de este monto de 3,6 millones que denuncia el PSOE.
La cifra exacta de la que dan cuenta es de 3.587.718,44 euros, diciendo textualmente que de estas facturas cuyo límite es de 5.000 euros, en algunos casos rebasado, "podrían incurrir en el supuesto fraccionamiento irregular de contratos, por lo que faltaría el expediente de contratación". Y que en el caso de la compra de plantas y flores por el que llevaron al bipartito a Antifraude, aparecen adquisiciones de fechas de 31 de mayo y 25 de junio, de 619,50 euros y otra de 1.452,86 euros, cuando fue el 30 de mayo que se adjudicó el contrato de suministro de plantas de flor y arbustivas.
Mismas cuestiones o servicios que hace unos meses o en 2023
Entre las facturas, por el monto a un mismo o mismos proveedores, hechos susceptibles de fraccionamiento de contratos, señala la Intervención. Con todo, son 'reparos' de pagos autorizados porque como ya se ha contado estos años, cuentan con el aval de los técnicos que justifica por qué existen estas anomalías (a veces urgencia de un servicio, no poder prescindir de él, etc.), así como la justificación de que en el departamento de turno había recursos para esta factura o pago, se hizo en tiempo y forma, con los precios de mercado y sin ninguna intención de sortear el proceso de contratación; solo conseguir un servicio o suministro necesario. Como ya se planteó en la anterior legislatura, cuando el PP llevó al bipartito progresista por la misma cuestión, la clave para saber si hay 'algo más' es si en estos casos hay o no voluntad de dolo.