ALICANTE. El inicio del nuevo curso político llega con el planteamiento de dos acuerdos especialmente complejos en el Ayuntamiento de Alicante en los que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), se la juega a la posibilidad de alcanzar acuerdos puntuales con otras formaciones políticas situadas tanto a su derecha como su izquierda en el espectro ideológico. Por lo pronto, los populares -que gobiernan en situación de minoría con 14 concejales en una corporación formada por 29 representantes- están decididos a seguir negociando pactos en una suerte de geometría variable como la que ya aplicaron el pasado mes de julio, tras tejer una alianza con el grupo municipal de Compromís.
Esa entente permitió que la nueva ordenanza de Ocupación de Vía Pública quedase aprobada de forma inicial, después de que el grupo municipal de Vox escenificase su distanciamiento con el PP (en la antesala de las elecciones europeas) en una disputa motivada por el mantenimiento de las autorizaciones para instalar puestos informativos de asesoramiento en casos de agresiones sexuales con la denominación específica de puntos violeta.
Ahora el gabinete que coordina Luis Barcala pretende seguir con esa estrategia en dos asuntos conocidos este martes que tendrían tanto defensores como detractores en ambos bandos de la bancada municipal: la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la actualización de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida, tratamiento y eliminación de residuos (el recibo de la basura). Las dos ordenanzas, además, podrían tener ciertas dosis de impopularidad ante la posibilidad de que la ciudadanía interpretase que pueden resultar excesivas o que, por el contrario, se quedasen cortas.
Por partes. La primera de esas regulaciones ya tendría el camino despejado en virtud del entendimiento alcanzado con Vox, que se ha venido ultimando a lo largo de las dos últimas semanas. El acuerdo consiste en la modificación de la propuesta inicial con la que venía trabajando el PP con la que se pasa de dos anillos iniciales para la implantación medidas para el control y regulación del tráfico a tres. Los dos primigenios correspondían al eje del Centro Tradicional, en el que se englobaba el Casco Antiguo, y el eje encuadrado en torno al trazado de la Gran Vía.
Ahora, el Casco Antiguo pasa a ser un tercer anillo con entidad propia y el único en el que se aplicarán restricciones y sanciones por incumplimiento. En realidad, prácticamente las mismas que quedaron establecidas desde el año 2011, cuando se acordó que el perímetro de sus calles tendría un predominio peatonal y que solo tendrían acceso autorizado los residentes.
De este modo, queda descartada por el momento la aplicación de nuevas restricciones de acceso adicionales con la previsión de las multas correspondientes en los otros dos anillos de Gran Vía y Centro Tradicional, a pesar de que el equipo de gobierno sí había llegado a contemplar posibilidades de restringir el acceso de vehículos con el correspondiente régimen punitivo en los momentos en los que fuese necesario activar limitaciones al detectarse momentos de superación de los límites de contaminación atmosférica.
