ALICANTE. La primera ronda de declaraciones relacionadas con los contratos menores promovidos por las Concejalías de Partidas Rurales e Infraestructuras se zanjó este viernes con la concurrencia de versiones hasta cierto punto distintas respecto a la habitualidad del procedimiento seguido, primero, y con distintas perspectivas respecto a su legalidad, después. Ese fue, según fuentes consultadas, el balance que pudo extraerse de los testimonios ofrecidos por el exconcejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez; por el hasta ahora edil de Infraestructuras, José Ramón González; y por dos de los principales funcionarios que comparecieron ante la jueza: el técnico adjunto al jefe del servicio de Infraestructuras y el interventor municipal.

El primero en comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 9 fue Jiménez, bajo la condición de investigado (la figura que suple a la antigua imputación) por un supuesto delito de prevaricación administrativa, quien mantuvo la línea argumental sostenida hasta ahora en todas sus declaraciones públicas desde que trascendió la polémica. En esta línea, defendió que los cuatro encargos relacionados con la mejora de la plaza de Manuel Giménez Pastor de la partida de La Alcoraya obedecían a objetos y finalidades distintas y que, en consecuencia, no pudo existir el presunto fraccionamiento de contratos al que apunta la denuncia presentada por el grupo municipal del PSOE a finales de abril.

Esos encargos corresponden con la instalación de un circuito de aparatos biosaludables en dicha plaza, adjudicada por la Concejalía de Infraestructuras a través de una licitación al uso por un importe de 57.335 euros; con la reforma y reparación del escenario de la misma plaza, que se contrató con otra empresa distinta (Inelsa Ingeniería) a través de un procedimiento negociado (con petición de tres presupuestos distintos) por 27.757 euros; del diseño de una nueva pérgola para dicho espacio público, que también se concertó a través de un procedimiento negociado y que acabó encomendándose a otra empresa (Arquitectura Arquip) por 5.820 euros; y de la construcción y montaje de dicha pérgola, encargada -como en el caso precedente- por la Concejalía de Partidas Rurales con la misma fórmula del procedimiento negociado a otra compañía distinta (Rehabilitaciones Grupo Leuka) por 44.379 euros.

Se da la circunstancia de que los representantes de esas tres últimas empresas a las que se confiaron esos tres trabajos pertenecen al círculo de conocidos de Jiménez a través de las fiestas de Hogueras, y que una de esas firmas había ejecutado una reforma en el domicilio particular del exedil un año y medio antes.

Precisamente, Jiménez recurrió a los tiempos de planificación de los proyectos municipales para descartar que pudiese haberse incurrido en anomalías. Así, según fuentes consultadas, remarcó que el proyecto de instalación del circuito de aparatos biosaludables se redactó en el año 2018 y sostuvo que en él no se pudo contemplar la reparación del escenario de la plaza, ni la sustitución de la pérgola porque entonces no se tenía constancia de que fueran actuaciones necesarias.