ALICANTE. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha manifestado este martes su total “indignación y rechazo al decreto emitido por el Ministerio de Hacienda para incautarse de los ahorros de los alicantinos, tras tener conocimiento del intento de engaño del Gobierno, que ahora dice que no nos va a devolver ese dinero hasta el año 2037, es decir, cinco años más del compromiso que había adquirido con los socialistas, con la abstención de Unidas Podemos, en la FEMP y que fue votado en contra por el grupo popular y por Ciudadanos, entre otras formaciones políticas”.

El primer edil “ha reclamado el apoyo unánime de todos los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante para impedir el robo del dinero de los alicantinos y que se nos permita usar el remanente de tesorería en atender las necesidades de nuestros vecinos, que están sufriendo muy duramente las consecuencias sociales y económicas de la pandemia”.

Según el alcalde, “el Gobierno, no contento con haber dinamitado la unidad de acción de la FEMP, ahora le toma el pelo a todos los alcaldes socialistas, que sacaron adelante el acuerdo con el voto de calidad del presidente de la Federación, que ha quedado en ridículo, con un documento en el que se reseñaba un plazo de devolución máximo de diez años”.

Barcala considera que “es el momento de la unidad de todos los alcaldes para evitar el expolio de los fondos municipales. Hago un llamamiento para que se impida en el Congreso que se convalide este real decreto. Estoy seguro de que si los alcaldes socialistas que apoyaron el acuerdo y que hoy se sienten engañados por el gobierno de Sánchez-Iglesias presionan conseguiremos cambiar esta decisión y obligaremos al Ejecutivo central a liberar esos fondos para que podamos destinarlos a políticas de recuperación de nuestras ciudades”.

Barcala opina que el decreto, además, no debe ver la luz porque “no compromete al Gobierno a incluir a los ayuntamientos en el reparto de los fondos procedentes de la Unión Europea, como también se prometió”.

En definitiva, el alcalde concluye que “lo único que pretende el Gobierno central es quedarse con el dinero para disponer de él como se le antoje y sin adquirir ningún compromiso con la recuperación social y económica de Alicante y eso no debemos ni podemos permitirlo”.