El alcalde, Gabriel Echávarri, estrecha la mano al portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ante la mirada del líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La crisis de gobernabilidad desatada definitivamente en el tripartito de Alicante desde que trascendió la imputación del alcalde por el supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio puede tener consecuencias directas sobre el plan de reurbanización del entorno de Las Cigarreras, cofinanciado con fondos de la Unión Europea (UE) como Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi).
Ese plan, que abarca a todos los barrios comprendidos entre los castillos de San Fernando y Santa Bárbara, conlleva la ejecución de un amplio paquete de hasta 45 actuaciones (obras, pero también programas sociales, culturales y de dinamización económica, entre otros puntos) por un importe global de 22 millones hasta el año 2022. Once de ellos debe aportarlos el Ayuntamiento, tras su consignación en los presupuestos municipales, como requisito imprescindible para que Bruselas transfiera los once restantes (con proyectos por importes certificados, no presupuestados). El problema es que, para obtener esos fondos, el Ayuntamiento está comprometido a invertir el 30% de la suma total (es decir, 6,6 millones) con la fecha límite del 31 de diciembre de 2019, lo que venía obligando al actual equipo de Gobierno a programar una planificación gradual en los presupuestos de 2017, 2018 y 2019. De hecho, en las cuentas de este año ya se incluyó una primera partida inicial de tres millones (lo que no implica que esa cifra se llegase a invertir, ya que siempre la planificación queda sujeta a bajas o a ahorros en las licitaciones). No obstante, se había previsto que en el presupuesto de 2018 se reflejase una suma todavía mayor: la parte principal de la inversión global, con una previsión de 4,5 millones, para cumplir con los 6,6 millones del horizonte de 2019.
En la propuesta de presupuesto para 2018 se prevé una partida de 4,5 millones para proyectos de la Edusi que no podrían programarse si se mantiene la planificación de 2017
Sin embargo, esa planificación quedaría en el aire en el caso de que la propuesta de presupuesto para el próximo año no llegue a aprobarse en el pleno. El alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, ya señaló, este lunes, que, en el caso de que no se contase con los apoyos suficientes (más votos a favor que en contra), quedaba descartada la posibilidad de forzar su aprobación vinculándolos a una cuestión de confianza. Dijo que, en ese supuesto, se optaría por prorrogar las cuentas de este ejercicio. Es decir, que los 4,5 millones programados para la Edusi en 2018 quedarían reducidos a tres, con lo que se correría el riesgo de no cumplir con el 30% de la inversión de la Edusi en 2019.
Las implicaciones de esa posible decisión las deslizó este martes el portavoz del tripartito y edil de Presidencia, Natxo Bellido (Compromís), tras dar cuenta de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno. En esta línea, indicó que "no sería una buena noticia para Alicante que el presupuesto de 2018 no se pudiese aprobar; habría que renegociar plazos de la Edusi o recurrir a modificaciones de un presupuesto prorrogado [lo que también requiere de apoyos] porque hay unos compromisos que cumplir". Con todo, subrayó que es pronto para pensar que las cuentas no se vayan a aprobar, entre otros factores, porque "ahora mismo están en Madrid, a la espera de que el Ministerio de Hacienda les dé su visto bueno". "Hay que ir paso a paso y, entiendo que cuando se nos devuelvan, habrá que abrir una ronda de contactos con todos los grupos políticos para ver qué posición van a adoptar antes de elevarlos al pleno para su debate", dijo.
En esos contactos, también resultará determinante la posición de Guanyar: la plataforma electoral a la que PSOE y Compromís siguen invitando a sumarse al pacto de refundación del tripartito suscrito la semana pasada. Bellido insistió, al respecto, en que a juicio de su partido "existe espacio" para que Guanyar pueda adherirse a ese acuerdo y realizar aportaciones sin apriorismos ni líneas rojas, en relación a la exigencia de dimisión de Echávarri a la que Guanyar supedita su continuidad en el Gobierno. El líder de los nacionalistas recalcó que en ese pacto se fijan unas condiciones muy concretas para que se produzca esa posible renuncia que también podrían ser asumibles por Guanyar y volvió a poner en valor el gesto político que supuso la restitución del edil Víctor Domínguez como miembro de la Junta de Gobierno, en la medida en que "repara la que Guanyar había calificado como la mayor afrenta política que se había producido desde la firma del pacto".
Por lo pronto, PSOE y Compromís celebrarán este jueves una nueva reunión para continuar avanzando en las prioridades de gestión para la segunda mitad de mandato, como desarrollo del acuerdo de refundación del pacto. Según las fuentes consultadas, en esta ocasión, no participarán representantes de las ejecutivas autonómicas de ambos partidos.
