Alicante asumirá los informes de la 'era PP' para desbloquear el traspaso del Rico Pérez al IVF

ALICANTE. La reforma fantasma del Rico Pérez no será definitivamente ningún problema para que pueda completarse la operación de venta al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), cuando se cierre el proceso de subasta. El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Patrimonio, está decidido a levantar la condición resolutoria que todavía impide perfeccionar el contrato de compraventa del estadio por parte de Aligestión al seguir bloqueando la inscripción registral del inmueble en favor de esta sociedad.

Fuentes municipales precisaron a Alicante Plaza que, tras recibir respuesta de la Concejalía de Urbanismo y elevar una consulta a los servicios jurídicos del ayuntamiento, se ha llegado a la conclusión de que no existe fundamento sólido alguno para seguir obstaculizando ese traspaso. Es decir, que todo está en regla al menos desde el punto de vista administrativo. 

¿Cómo se sostiene ese argumento? En la medida en que existen informes técnicos -firmados por el exgerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y por el técnico municipal Santos Labaca (ya jubilado)- que validaron los trabajos de reforma comprometidos en el contrato de venta. Como viene informando este diario, Aligestión (la sociedad liderada, entre otros, por el controvertido promotor Enrique Ortiz) compró el Rico Pérez al Ayuntamiento por un precio de 7 millones y otros 4,2 en trabajos de reforma. 

El anterior ejecutivo local, presidido por la popular Sonia Castedo, aceptó esos informes técnicos y aprobó la devolución del aval que ejercía como garantía de la operación en una Junta de Gobierno celebrada en 2012. Así que, según las mismas fuentes, el Ayuntamiento difícilmente podría tomar decisiones en sentido contrario: rige la doctrina de los propios actos, de modo que la administración no podría tomar acuerdos en contra de sus propias decisiones previas. O lo que es lo mismo, si en 2012 se consideró que esas obras de reforma se hicieron, ahora no se puede alegar que no se llevaron a cabo. Sobre todo, según las mismas fuentes, porque como la Concejalía de Urbanismo reconoce en su escrito de respuesta sólo se tienen "dudas", sospechas, de que esas obras no se llegaron a ejecutar (no se ha podido revisar su ejecución al 100%, entre otras cosas, por falta de documentación).

Urbanismo podrá seguir resolviendo sobre la supuesta infracción: el exceso de obras no comprometidas en el contrato de venta, con un coste de tres millones más de lo debido

Con esos fundamentos, según las mismas fuentes, la Concejalía de Patrimonio que coordina Sofía Morales (PSOE) procederá a retirar esa condición resolutoria -como venía solicitando en los últimos meses la administración concursal que pilota el proceso de liquidación de Aligestión- en cuanto reciba instrucciones de Alcaldía (titular de todas las competencias municipales, después delegadas al concejal de cada área).  

Cuestión al margen es la segunda circunstancia que se subraya en la respuesta de Urbanismo: por paradójico que parezca, un exceso de obra ejecutada, no comprometida por contrato. Como también viene informando este diario, al justificar los trabajos realizados en el estadio, Aligestión aportó facturas por un importe de más de siete millones. Es decir, cerca de tres más de los obligatorios. Urbanismo ha podido constatar que parte de esas obras (la reforma de un palco y la creación de un nuevo estudio de radio, por ejemplo) se ejecutaron sin la preceptiva licencia municipal y sin el pago de la correspondiente tasa. Se trataría, en suma, de obras clandestinas que podrían dar lugar a la instrucción de un expediente sancionador o, incluso, al inicio de acciones legales para exigir responsabilidades. Y ahí es donde, según fuentes municipales, entran las competencias exclusivas de la Concejalía de Urbanismo que dirige Miguel Ángel Pavón (Guanyar). Según las mismas fuentes, es este departamento el que tiene la potestad para concluir el expediente y actuar en consecuencia.

Sea como fuere, en cualquiera de los escenarios posibles, la opción que está completamente descartada es la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda plantearse reclamar la propiedad del estadio en base a ese posible incumplimiento del contrato de compra. Ese supuesto obligaría al Ayuntamiento a devolver los 7 millones pagados por Aligestión. Además, el único interés del equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) sobre el estadio es que pueda seguir siendo utilizado por el Hércules.