Los veladores de la calle Castaños, en una imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Los residentes agrupados en la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional reaccionan frente a los dos últimos movimientos materializados por la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) en el contencioso abierto frente al ruido asociado a la actividad hostelera. Como ha informado Alicante Plaza, se trata, por un lado, de la interposición de su recurso de apelación ante el TSJCV frente a la sentencia que condena al Ayuntamiento de Alicante a acordar la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) en el entorno de la calle Castaños; y por otro, del registro de un escrito de oposición frente a ejecución provisional de esa sentencia solicitada por el colectivo de residentes. Un escrito en el que se reclama que el juzgado exija a la asociación vecinal el depósito de una fianza para cubrir el perjuicio económico que se podría generar a la actividad de los asociados de Alroa en el caso de que se acordase una limitación sobre sus condiciones de funcionamiento.
La asociación considera, en primer término, que esta nueva fase del proceso es consecuencia de la inacción del Ayuntamiento, que decidió no ejecutar la sentencia dictada en noviembre de 2019 por la que se obligaba a declarar zona ZAS el perímetro de calles que rodea al eje de Castaños. Según han incidido portavoces del colectivo a través de un comunicado, "una vez mas, el alcalde [Luis Barcala] engañó a los vecinos haciéndonos ver que a pesar del recurso interpuesto por el Ayuntamiento sobre la sentencia, se irían tomando medidas inminentes sobre la contaminación acústica". Ese es el compromiso que, según el comunicado, se les trasladó en diciembre, tras mantener una reunión con representantes de la asociación, en presencia de la mayoría de los concejales del equipo de Gobierno (PP y Cs), en la que se informó del inicio del proceso para controlar la actividad y minimizar el ruido. "Muchas palabras y promesas que hasta el día de hoy, no se han producido ni las ha realizado", inciden, cuando han transcurrido ya cinco meses desde que la titular del Juzgado de lo Contencioso número 4 dictó la sentencia sobre la ZAS.
En segundo término, la asociación sostiene que carece de sentido que Alroa se haya opuesto ahora a la ejecución provisional de esa sentencia, cuando la declaración del Estado de Alarma con motivo de la propagación del Covid-19 ha supuesto la suspensión de actividad para el ocio y la hostelería en el conjunto del país. Según inciden, esa suspensión se ha acordado "porque precisamente esta actividad es la que más pone en peligro y riego la salud pública, la que ha producido o puede producir mayor contagio" en la medida en que favorece el contacto directo entre personas que podrían portar el virus.
En esta línea, el colectivo incide en que ya dirigió varias comunicaciones tanto el Ministerio de Sanidad como al Ayuntamiento de Alicante para que acordase el cierre de los establecimientos hosteleros del Centro antes de que se acordase la declaración del Estado de Alarma para evitar situaciones de riesgo de contagio.
Y, por último, el colectivo asegura que tratará de tener acceso al expediente sobre el informe encargado por Alroa para cuantificar cuál es el volumen de negocio generado por la actividad de sus asociados con el propósito de velar por que dicho estudio se realiza de forma objetiva. Así, añade que en la elaboración de ese estudio, los locales a evaluar deberán "acreditar fehacientemente la actividad que desarrollan: Licencias municipales, proyectos y mediciones de cada uno de los locales afectos a la actividad, horarios de apertura y cierre por la actividad para la que tienen licencias, personal laboral y horario de la realización de su trabajo, ingresos acreditados, gastos de alquiler, suministros, proveedores, etc., así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales".
