El alcalde, Gabriel Echávarri, al acudir al Palacio de Justicia de Benalúa para delcarar como investigado por los contratos de Comercio. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. Las diligencias sobre el supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio no admiten demoras. La jueza que instruye el llamado caso Comercio, por el que están imputados el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y dos asesores (el de Comercio, Pedro de Gea, y el jefe de gabinete, Lalo Díez), se ha dirigido al Ayuntamiento para reclamar de nuevo el envío de diversa documentación que solicitó hace una semana, tal como publicó Alicante Plaza. Los documentos que espera la juez son el expediente de la Gala de Comercio de 2015, para comparar el procedimiento con la de 2016, y los expedientes de las facturas. La intención es determinar si en la última gala hubo, como sostiene la denuncia, fraccionamiento de contratos.
Como publicó este diario, el Ayuntamiento aún no ha remitido al Juzgado la documentación requerida, por lo que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha urgido al consistorio a remitirle los citados expedientes. El análisis de estos documentos y la declaración de varios proveedores del Ayuntamiento en calidad de testigo son, salvo que se acuerden nuevas diligencias, los últimos trámites que restan para cerrar la instrucción del caso, en el que se investiga si los responsables de la Concejalía de Comercio fraccionaron 25 contratos por un importe próximo a los 190.000 euros para evitar convocar un concurso público, como sostienen en sus denuncias el PP y Ciudadanos.
La providencia de la jueza para que se remita esa información a la mayor brevedad puede tener consecuencias directas en el plano político, ya que el análisis de esa documentación influirá en la evolución de las diligencias: bien en la línea del archivo, o bien en su avance. Cuanto antes se disponga de esos expedientes, antes se podrá adoptar una decisión al respecto en una instrucción que, hasta ahora, ha avanzado con rapidez.
Como también ha publicado este diario, PSPV y Compromís cerraron este martes un principio de acuerdo por el que ambos partidos confirman su alianza política al frente del Ayuntamiento al menos hasta final de año. Esa situación puede cambiar en el caso de que se produzca un auto de apertura de juicio contra Echávarri, de que se produzca una segunda imputación por parte de un juez en relación al despido de una trabajadora interina cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, o de que, cumplido ese plazo, el primer edil continúe inmerso en alguna de esas dos investigaciones. En esos tres supuestos, Compromís abandonaría el equipo de Gobierno si el PSPV no promueve el relevo de Echávarri en la Alcaldía.
