VALÈNCIA. Eduardo Zaplana se sentará en el banquillo junto a otras 14 personas y cinco sociedades. La titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, encargada del conocido como caso Erial, ha abierto juicio oral al exministro, a su círculo más estrecho de colaboradores y a la familia Cotino pasados siete años del inicio de la investigación y más de cuatro de las primeras detenciones. La magistrada apunta a los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa.
La resolución de la jueza llega sin que la Audiencia Provincial haya resuelto todavía los recursos de los investigados contra el llamado auto de procedimiento abreviado, aquel que pone fin a la instrucción y que supone el paso previo al de apertura de juicio. El pronunciamiento de la Audiencia resulta relevante, puesto que en él ha de ratificar, o no, la decisión del juzgado y la validez de las pruebas que sustentan las indagaciones. Entre ellas, los audios, los testimonios o los famosos 'papeles del sirio' que dieron origen a la causa. Una serie de documentos hallados por la Guardia Civil en el despacho del abogado del exgerente de Imelsa Marcos Benavent durante un registro en 2015 en el marco de otro caso de corrupción, Taula.
Mientras esto llega, la magistrada ha decidido seguir adelante con la causa que sitúa a Zaplana y a los principales acusados en el centro de una supuesta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión del que también fuera presidente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.
La Fiscalía pide para el exministro por estos hechos 19 años de cárcel y una multa de más de 40 millones de euros. Para su considerado testaferro Joaquín Barceló, el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau; su exjefe de Gabinete Juan Francisco García; y su exsecretaria Mitsouko Henríquez solicita 8 años de prisión. Para los empresarios Vicente y José Cotino 14 años de cárcel y para el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas 6.
Anticorrupción dirige igualmente su acusación contra los hermanos Elvira y Saturnino Suances –la primera exdiputada del PP–, para quienes pide 5 años de prisión; el empresario Francisco Pérez López –conocido como Paco 'El Gasofa', para quien solicita 7 años de cárcel; y contra Pedro Romero, Robert Bataouche, Ángel Salas y Carlos Rodríguez, para los que solicita 5 años.
La Fiscalía interesa asimismo el decomiso de bienes y dinero en efectivo por valor de los 20,6 millones de euros a la presunta trama. De ellos, por ahora se han conseguido intervenir 6,7 millones de las cuentas que Zaplana tenía en Suiza y alrededor de tres millones de otras cuentas de sus colaboradores y de algunas sociedades.
En su escrito explica que las hojas halladas que dieron origen al caso indicaban los conciertos llevados a cabo por el grupo Sedesa para obtener las concesiones públicas de las ITV y de los parques eólicos en la Comunitat Valenciana como consecuencia de proceso de privatizaciones iniciado por Zaplana cuando era presidente de la Generalitat. En ellas se señalaban las empresas licitadoras, como así resultó en la práctica, e indicaban el importe que tenían que abonarse a los licitadores para la obtención de las concesiones en virtud de un acuerdo con el dirigente.
Éste, sostiene Anticorrupción, trasladó las indicaciones pertinentes para la debida adjudicación concertada. De este modo, los dos concursos públicos licitados se diseñaron estableciendo las condiciones subjetivas para que las sociedades constituidas obtuvieran las licitaciones deseadas debido a que contaban con la información administrativa de las condiciones y con los requisitos favorables a su concesión en perjuicio del resto de posibles competidores.
La Fiscalía detalla que la Sociedad Proyectos Eólicos Valencianos descrita en los documentos fue constituida por Vicente Cotino para acudir al concurso público de concesión de zonas de parques eólicos, obteniendo tres de ellas. Para dicha adjudicación "amañada" cree que existió un concierto entre Zaplana y el exdirector general de la Policía Juan Cotino (fallecido en 2020) mediante un correo que éste le envía y en el que le expone la conversación mantenida con Endesa respecto a la adjudicación.
Las hojas que dan origen a la causa reflejan igualmente la creación de varias sociedades, residenciadas en el extranjero, carentes de actividad mercantil y que recogerían el importe de los sobornos efectuados para lograr los objetivos delictivos, ocultando a los verdaderos titulares de las sociedades.
ANTICORRUPCIÓN RECUERDA QUE ZAPLANA DEJÓ SU ACTIVIDAD POLÍTICA EN ABRIL 2008, "MOMENTO A PARTIR DEL CUAL REALIZÓ LOS ACTOS NECESARIOS PARA OCULTAR EL ORIGEN DEL PATRIMONIO OBTENIDO ILÍCITAMENTE PARA SU POSTERIOR DISFRUTE A TRAVÉS DE SOCIEDADES Y TESTAFERROS"
Anticorrupción recuerda que Zaplana dejó su actividad política en abril 2008, "momento a partir del cual realizó los actos necesarios para ocultar el origen del patrimonio obtenido ilícitamente para su posterior disfrute a través de sociedades y testaferros". "Durante su extensa carrera política formó un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a la posición institucional y de gobierno que le permitía realizar acción efectiva institucional en su propio beneficio e interés contando con la colaboración de un núcleo de personas. Cada uno ostentaba una función dentro del organigrama diseñado por el acusado para lucrarse a través de las diferentes formas de contratación y de la gestión de servicios públicos en su más amplia expresión", apunta el escrito.
La organización diseñada, de acuerdo con la Fiscalía, empleaba sociedades radicadas en el extranjero, en diferentes países, y creadas con el propósito "tanto de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas como de ocultar el origen ilícito de los bienes contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico".
Para este fin, el núcleo de colaboradores de Zaplana se concertó con Vicente, José y Juan Cotino, según Anticorrupción. Los dos primeros formaban parte del grupo Sedesa y crearon una estructura societaria para obtener la primera fase de las adjudicaciones amañadas de las concesiones públicas. Y todos ellos crearon, a su vez, otra estructura societaria en España y en Luxemburgo para ocultar el dinero procedente de los sobornos.
La adjudicación final de los parques eólicos, remarca el escrito, se produjo bajo la presidencia de José Luis Olivas, el cual percibió de los acusados la comisión de 580.000 euros a través de la sociedad Imarol.
La venta de las participaciones de las empresas adjudicatarias de las ITV y de los parques eólicos reportó al grupo Sedesa, en las diferentes sociedades controladas por los Cotino, la cantidad de 86,5 millones de euros, según cuantifica Anticorrupción. Lo que entiende que "justifica el alto importe de las comisiones abonadas".
El exministro también se habría servido del abogado uruguayo Fernando Belhot para que le administrase el dinero procedente de la actividad delictiva que ocultaba en el extranjero. Lo habría hecho a través de sociedades uruguayas a las que llegaron los fondos de la empresa matriz de toda la red, Imison Internacional. Constituida y gestionada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa, la investigación apunta a que para su creación Juan Cotino entregó 640.000 euros en efectivo.
Anticorrupción hace hincapié en que el diseño trazado por Zaplana para no estar visible en ninguna operación mercantil o de gestión que pudiera vincularle con el pago de los sobornos supuso que colocara como financiero a Francisco Grau, con conocimientos para dar órdenes de Beatriz García Paesa, fiduciaria de los fondos una vez eran acordadas las operaciones con el exministro.
Joaquín Barceló, dentro de la estructura creada, era el que aparecía al exterior en las sociedades mercantiles y titulaba los fondos de las mismas. Se trataba, dice el fiscal, de un cometido de la absoluta confianza de Zaplana sin el cual no hubiera podido ocultar todo su patrimonio ilícito. "Era perfecto conocedor del origen delictivo de los fondos y participaba también de su gestión, de las inversiones que se realizaron en España con dicho dinero y de las ganancias que se obtuvieron", apunta.
En paralelo a la estructura societaria diseñada en Luxemburgo, Anticorrupción remarca que la organización constituyó un entramado en Panamá creando cuentas bancarias en Andorra en las que recibía dinero de procedencia ilícita por contrataciones y adjudicaciones amañadas. El dinero que llegó por diferentes vías a esas cuentas entre 2004 y 2007 se ha cifrado en casi 10 millones de euros, que se integran finalmente en el conjunto de operaciones de las sociedades de Luxemburgo, Uruguay y España "para la ocultación y el aprovechamiento de los fondos por los miembros de la organización".
En España, la Fiscalía recuerda que se constituyeron 4 sociedades encargadas de recibir las cantidades y transformarlas a través de diferentes mecanismos que tenían por objetivo ocultar el origen de las mismas y su titularidad para introducir el metálico al circuito financiero. Entre los bienes adquiridos por Zaplana, menciona un piso en el centro de Madrid, dos áticos en Altea por importe de 1,2 millones, vehículos o yates. En opinión de Anticorrupción, todo ello permitió al exministro un "alto nivel de vida y liberalidades a favor de sus hijas". Y para este fin contó con la participación de empresarios y amigos.