VALÈNCIA (EP). La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado este viernes que reformará el despido en España para cumplir con la doctrina europea con el objetivo de que "no sea rentable" para las empresas y que la indemnización, en caso de despido injustificado, repare "adecuadamente" el daño causado al trabajador, para lo que se tendrán en cuenta sus circunstancias personales.
Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado para informar de las líneas fundamentales que va a desarrollar en esta legislatura su Departamento, Díaz ha declarado que la regulación española del despido debe adaptarse a las exigencias de la Carta Social Europea y a la doctrina de la Comité Europeo de Derechos Sociales, que hará pública su resolución sobre la denuncia de UGT contra el coste del despido en España en el mes de julio.
La vicepresidenta ha reiterado que este debate no va sobre si la indemnización del despido improcedente debe ser de 45 ó de 33 días por año trabajado, sino de que el diseño del despido en España no cumple con la legislación europea.
"Uno de los problemas que tiene la legislación española es que (el despido) no tiene carácter disuasorio ni resarcidor, entre otras cosas porque el hecho de tener una indemnización prefijada de antemano no es acorde al Derecho. No es un problema de 33, de 40 o de 45 días, es que el sentido de la lógica indemnizatoria que dice Europa es otro", ha precisado.
Para adaptar la regulación a la normativa comunitaria, Díaz ha reiterado que tiene intención de introducir un mecanismo para que la indemnización en un despido improcedente y, por tanto, no justificado, atienda a las circunstancias personales del trabajador despedido de manera individualizada.
"Esto se va a incorporar a la doctrina de la jurisdicción social, no lo cumplimos en España y que es bastante anómalo (...) Esto es lo que vamos a cambiar, lo vamos a hacer para que se reparen adecuadamente los daños causados a la persona despedida injustificadamente", ha subrayado.
Además, Díaz quiere reforzar las causas del despido objetivo, el que permite despedir a las empresas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción con 20 días de salario por año trabajado.
La normativa laboral actual permite efectuar un despido por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas.
"Todo lo que va vinculado a las causas, a los despidos objetivos, es necesario que reforcemos las causas. Esto es clave. En las económicas se puede despedir sencillamente si una empresa no alcanza los niveles de beneficios que había previsto. No es que tenga pérdidas, sino lo que había previsto. Bueno, pues algunas cosas tendremos que cambiar", ha apuntado respecto a la posibilidad de despedir por previsión de pérdidas.
Además, Díaz quiere hacer que el coste del despido sea "verdaderamente disuasorio". "Tenemos que disuadir a las empresas de cometer despidos que son injustificados. Si una resolución judicial dice que el despido es injustificado, que vulneró la ley, no lo podemos permitir. Y algo fundamental, que un despido no sea rentable", ha remarcado.
En este sentido, ha denunciado que "hay grandes empresas" que, en sus planes económicos y contabilidad, tasan lo que les va a costar despedir trabajadores.
Aunque ha afirmado que no puede desvelar el contenido de la resolución que ha dictado el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el despido en España, que se hará público en julio, ha insistido en que "es fuente de Derecho y, por tanto, hay que cumplirlo".
Díaz ha reiterado además que, gracias a la reforma laboral, las empresas no tienen razones para despedir injustificadamente, pues introduce mecanismos, como los ERTE, que permiten acompañar a las empresas ante coyunturas económicas difíciles para que el despido sea el último recurso.
La ministra ha aprovechado también para recordar que su Ministerio ha llegado a un acuerdo con el Cermi para eliminar el despido automático de las personas declaradas en situación de incapacidad permanente.
Durante su intervención, Díaz ha negado haber dicho alguna vez que España "va como una moto", unas palabras que sí salieron de la boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso el pasado mes de febrero.
"Yo no he dicho jamás que España iba como una moto, en mi vida. Es que yo voy por la calle, voy a la compra, y España no va como una moto. Es más, me critican muchas veces por estar en el Gobierno de España y que diga que hay que mejorar. En España hay gente que vive bien, afortunadamente, pero hay gente que vive muy mal", ha defendido.
La ministra ha negado además que haya un problema de vacantes en España y ha apuntado que se trata de un elemento "discursivo", pero no real.
Durante su comparecencia, la vicepresidenta ha remarcado que el Gobierno va a abordar la parte asistencial del sistema de protección a las personas desempleadas, con la reforma que ya defendió hace unos meses ante las Cortes y que decayó con el voto en contra de PP, Vox y Podemos.
Díaz ha asegurado que, con esta reforma se va a mejorar la cuantía del subsidio y se eliminará, como "pedían muchos grupos", el mes de espera, que no tenía ninguna razón de ser. Además, permitirá la compatibilidad del trabajo con la percepción del subsidio.
La vicepresidenta ha asegurado también que el Gobierno va a seguir trabajando en algo "que es muy viejo en Europa y muy nuevo en España": la democratización de las empresas a través de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.
Díaz ha explicado que se pretende impulsar un cambio de paradigma en la organización empresarial, enfocándose en las medianas y las grandes para que haya compañías "más sólidas, más potentes y que puedan converger con lo existe en otros Estados.
"Hay muchas empresas que ya tienen estos modelos y que funcionan mucho mejor. No cabe la menor duda", ha subrayado la titular de Trabajo.
Otro de los puntos que la vicepresidenta pretende promover es la participación sindical y colectiva en el diseño, regulación y evaluación de los algoritmos en el ámbito laboral.