Yaissel Sánchez y Paco García: "El 2022 demuestra que ha sido posible humanizar la economía"

ALICANTE. Los secretarios generales de UGT y CC. OO. en l’Alacantí, Yaissel Sánchez y Paco García, realizan una lectura positiva en términos generales de lo conseguido en 2022, un año que califican «de recuperación» tras la pandemia, y se marcan aún varios objetivos pendientes para 2023, desde la formación y la perspectiva de género al desbloqueo de varios convenios colectivos congelados. En una conversación conjunta en la que ambos demuestran la compenetración de sus centrales y la suya propia, los dos celebran que «2022 ha demostrado que otra economía era posible; ha sido el año de la humanización de la economía».

En el terreno macro, UGT y CC. OO. destacan las cifras positivas de empleo (145.000 parados en octubre, frente a los 152.000 de principios de año), aunque en Alicante siguen marcadas por la estacionalidad, porque «a pesar de ser una provincia diversa, el que tira es el sector servicios», y el crecimiento en contratos en sectores como el sanitario, el educativo y el de actividades científicas. «Hay que seguir impulsando el cambio de modelo hacia la innovación, que ya tiene diecinueve mil afiliados».

La reforma laboral, que salió adelante por un voto, «ha demostrado que el diálogo social funciona» y ha permitido darle la vuelta a la temporalidad en la provincia. «Por primera vez, en octubre, ha habido más indefinidos que temporales, y en el acumulado del año estamos en el 47%, casi uno de cada dos». También destacan el récord en afiliaciones, con más de setecientas mil.

A juicio de García y Sánchez, «hemos cerrado la crisis covid; los beneficios empresariales son incontestables». Aunque «en el entorno del capital quieran poner palos en las ruedas de esta mejora, necesitamos un debate sereno sobre por qué la carnicería de mi barrio tributa al 16% y el Ibex al 5%». Y la derecha «tiene que entrar en ese debate, de forma leal, porque 2022 ha ratificado que otra economía era posible pese a los negacionistas», defienden. «En una economía tan dependiente del consumo interno, lo más eficaz es que el dinero llegue a las personas». En el momento en que se instale esta conciencia, aseguran, «la sociedad y las empresas prosperarán; cuando hay escudos sociales y dignidad, nuestra economía es capaz de generar riqueza».

Otro hito importante para la provincia en 2022 ha sido la regulación de las empleadas de hogar, «que nos cuidaron durante la pandemia» y ahora empezarán a cotizar por cuenta ajena, y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, tras años «muy duros» congelado, porque «en Alicante, por desgracia, mucha gente depende de ese dato, un 25% de los trabajadores cobra entre el 0 y el 0,5 del SMI». En este sentido, el objetivo es que en 2023 se cumpla el compromiso del Gobierno de que el SMI llegue al 60% del salario medio en España.

Algo que será fundamental en este contexto de «inflación desbordada donde los trabajadores están haciendo un gran esfuerzo, en contraste con los beneficios de las grandes empresas». Por eso «pedimos corresponsabilidad», que se traduce en un pacto de rentas y cláusulas de revisión salarial. «Esta situación se normalizará. Pues entonces, dentro de dos o tres años hablamos; no puede ser que cuando se normalice tu beneficio vuelva a crecer y al trabajador nadie le compense por este tiempo. La dignidad salarial no puede ser una moda».

La singularidad alicantina

CC. OO. y UGT ponen el foco también en la singularidad alicantina. Es decir, aquellos aspectos socioeconómicos en los que Alicante tiene particularidades (negativas). Por ejemplo, el sector turístico. «¿Cómo es que las tres comarcas más turísticas de España, la Vega Baja y las dos Marinas, son las que tienen más desigualdad?», critican. «Lo que tiene que analizar Ineca es eso, no los balances de las empresas turísticas para generar un debate sobre la tasa». La respuesta a la anterior pregunta, según los sindicatos, es la «competencia desleal; muchas empresas no cumplen el convenio o se acogen al estatuto y ponen unas condiciones que no son las establecidas». La solución, entonces, sería «cambiar la estructura de la industria turística» para que la clase trabajadora «recoja también los frutos de un esfuerzo colectivo».

En cuanto a los grandes retos que quedan por delante, Yaissel Sánchez y Paco García marcan varios en rojo. La política de vivienda; la perspectiva de género, porque «sigue habiendo brecha salarial y el paro femenino dobla el masculino, además de la violencia de género»; la jornada de 32 horas, «sin reducción de salario», y la prevención de riesgos laborales y el cuidado de la salud. «Estamos detectando un aumento de enfermedades ligadas al estrés y la ansiedad, incluso hay que lamentar muertes por infarto en el centro de trabajo». Y, también, de forma específica, la formación. «Las empresas se quejan de falta de personal en sus sectores, cosa que no es cierta, sino que viene motivada por las condiciones que ofrecen, pero tampoco se implican en los consejos comarcales que creamos para definir las necesidades de la FP», critican.

Convenios congelados

UGT y CC. OO. ponen sobre la mesa también el problema de que varios convenios sectoriales están ahora mismo congelados, por «intereses de grandes empresas». Algo que sucede en el calzado, donde piden al sector alicantino que «convenza a Madrid de que la competencia debe ser en calidad, porque en precio vamos a perder contra la economía desleal», como definen a la sumergida. O en la limpieza, donde pesan las grandes empresas que concentran servicios y expulsan del mercado a las pequeñas, y también en las residencias. Sectores, todos, muy feminizados, por cierto.

Por último, ambas centrales piden reforzar la Inspección de Trabajo para que todo lo anterior se cumpla, y que 2023 traiga consigo el cumplimiento del consenso político escenificado en la Muntanyeta, para pedir una financiación justa y mayores inversiones para Alicante.