Ya es oficial: las alegaciones de tres sindicatos retrasan la aplicación del presupuesto de Alicante

ALICANTE. La entrada en vigor del presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para 2022 queda retrasado oficialmente hasta finales de marzo o principios de abril, como había avanzado este diario. Ese podría ser el tiempo estimado para la resolución de los tres paquetes de alegaciones presentados al documento de planificación económica durante su periodo de exposición al público, que ha quedado cerrado este jueves. Se trata de las objeciones formuladas por tres delegaciones sindicales con representación municipal: las de SEP, CCOO y UGT. A diferencia de años precedentes, en esta ocasión no se habría registrado en tiempo y forma ninguna alegación formulada por colectivos vecinales, según han precisado fuentes municipales.

A grandes rasgos, los tres paquetes de alegaciones vendrían a reivindicar mejoras laborales para los trabajadores municipales. En parte, en desarrollo de los compromisos adquiridos durante la campaña de las municipales de 2019 por el actual alcalde, Luis Barcala (PP), como el desarrollo de la carrera profesional. En este sentido, al menos el escrito de alegaciones formulado por el SEP considera insuficiente la dotación incorporada en las cuentas hasta ahora. Así, el sindicato requiere "el compromiso firme e inquebrantable del gobierno municipal para el inicio del abono de la carrera profesional para los empleados y empleadas del Ayuntamiento de Alicante en el año 2022. Para ello, solicitamos que junto con el acuerdo del equipo municipal de impulsar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Carrera Profesional recientemente aprobado, se dote la partida 12103-920-25 Otras Retribuciones Complementarias (RPT/Carrera), al menos, con 1/3 del total que ello representaría con su aplicación plena, con el fin de poder cumplir con el objetivo de alcanzar dicho máximo en un plazo no superior a tres años".

Además, como también había avanzado este diario, el sindicato reivindica una mayor inversión en la partida dedicada a la dotación de vestuario al personal de administración general, sobre el que requieren un incremento "por un importe acorde a la suma del incremento del IPC anual desde el año 2016, así como que los pliegos de condiciones no se fundamenten mayoritariamente en el precio, si no que los parámetros basados en la calidad y durabilidad del vestuario representen el máximo legal permitido de la valoración". De igual modo, extienden esa reivindicación al vestuario del personal adscrito al área de Infraestructuras, en el que solicitan un incremento de 25.000 euros. 

De igual modo, el SEP solicita el aumento de las partidas destinadas a las Contribuciones a Planes y Fondos de Pensiones con el fin de que se recuperen las cantidades presupuestadas en 2010, actualizadas a la evolución del IPC acumulado desde el año 2019. Por último, en ese paquete de alegaciones, el SEP exige "la restitución de dichos derechos adquiridos" como el de "la Indemnización Jubilación Voluntaria que desapareció a partir del año 2010, así como todas las demás que fueron suspendidas, se recortaron o desaparecieron no exigidas por las normas básicas del Estado tales como los Premios a la Antigüedad, los equipos de trabajo de la Productividad por objetivos, la Cesta de Navidad de los empleados, etc. y que se incorporen y doten económicamente para el ejercicio 2022, teniendo en cuenta la última cuantía a la que deberá sumarse el IPC desde el año 2019".

El conjunto de las objeciones presentadas por los tres sindicatos deberán ser evaluadas ahora por los técnicos de la Concejalía de Hacienda, que deberán emitir una propuesta de resolución planteando su admisión o su rechazo. Esa propuesta se someterá a votación en la comisión de Hacienda como condición previa a su debate en un pleno extraordinario. Será en esa sesión en la que el presupuesto se elevará a aprobación definitiva. En principio, todo parece indicar que el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, no tendrá problemas para que las cuentas acaben validándose por mayoría simple, después de haber sumado la abstención de Vox en el debate de aprobación inicial. Será a partir de entonces cuando el presupuesto podrá entrar en vigor, lo que permitirá impulsar los procedimientos de contratación para ejecutar inversiones por valor de 37 millones.