María josé Lafuente Soler, en una foto de su perfil de Facebook.SANTA POLA. Otra conmoción en el Ayuntamiento de Santa Pola. A las diferentes operaciones de la Udef de la Policía Nacional, con el arresto de agentes de la Policía Local y ex concejales, que han desembocado, por el momento, en varias causas judiciales, ahora se suma la detención de una funcionaria, por parte de la Guardia Civil, que está acusada de cometer 19 delitos de cohecho cometidos en la última década. De acuerdo con la información facilitada por la propia Guardia Civil, la investigación ha constatado que la mujer, que responde al nombre de María José Lafuente Soler, llegó a apropiarse de forma indebida de unos 40.000 euros procedentes de subvenciones locales y de dinero de empresarios a cambio de aprobar o agilizar su contratación en eventos.
Según ha podido saber Alicante Plaza, la denuncia partió del área de Intervención y de Secretaría, después tras recibir una queja de una empresa y un particular sobre el pago de una subvención. Se le imputan además, dos delitos de falsificación de documentos, un delito de apropiación indebida de cantidades económicas y un delito de usurpación.
Durante la investigación, se ha tomado declaración a los responsables de diversas empresas -de Cox y de Molina de Segura, en Murcia- que fueron contratadas durante el tiempo que la acusada ejerció sus funciones, por lo que han quedado en calidad de investigados como presuntos autores los directivos de dos de ellas, dos hombres de 58 años. En estos momentos, la causa judicial la instruye un juzgado de Elche.
Una de las funciones de la presunta autora era la de informar las solicitudes de autorización presentadas ante el Ayuntamiento de Santa Pola, por parte de empresarios, para realizar determinado tipo de actividades del área de Fiestas en la localidad, como contratación de equipos de sonido, escenarios, etc. Así que, tal y como corroboraron los investigadores, esta les pedía a los empresarios interesados en obtener estas autorizaciones dinero a cambio de informar positivamente sobre sus solicitudes.
Las cantidades reclamadas oscilaban entre 500 y 2.500 euros, en función del beneficio que iba a obtener la empresa solicitante con la actividad realizada, en caso de obtener la pertinente autorización. Por otro lado, supuestamente falseaba documentación, contratos o incluso, si era necesario, la firma de los beneficiarios, para quedarse con parte, o con todo el dinero de algunas de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Santa Pola a distintas asociaciones.
Por el momento, se desconocen más detalles. Sin embargo, más allá de la investigación puramente judicial, la duda está en las ramificaciones políticas que pueda tener el caso y si las responsabilidades pueden alcanzar alguno de los concejales de Fiestas de los últimos años, tanto de los gobiernos del PP como del ejecutivo cuatripartito que gestionó el ayuntamiento entre 2015 y 2019. Sobre todo, en caso de que la detenida involucrara a algún responsable público. Según ha podido saber Alicante Plaza, Lafuente Soler llegó a tener firma delegada de las cuentas bancarias de las cuentas del departamento de Fiestas y que la investigación comenzó al detectar los responsables de Intervención y Secretaría que las cuentas no cuadraban.
Paralelamente, a la cuestión del consistorio, la Guardia Civil ha desvelado que en el momento de su detención, los agentes supieron que estaba reclamada por un juzgado de Murcia, por un delito de estafa cometido contra un prestamista de esa región.
